El peor ciego

En materia de política fiscal, no existe peor equivocación para un gobierno que no reconocer a tiempo los errores que comete y la magnitud de las consecuencias que ellos acarrean.

Esta ha sido la principal equivocación del gobierno en el manejo de la política fiscal de los años 1993 y 1994: no reconocer a tiempo que cometió un gigantesco error de cálculo en la estimación de los ingresos tributarios del año 1993, que necesariamente debe conducir a un recorte drástico del gasto público; y no reconocer que la reforma tributaria adelantada en 1992 a través de la Ley 6, no solamente no generó un aumento de los recaudos, sino que los disminuyó.

El gobierno tan pronto fue sorprendido por los titulares de prensa que planteaban un faltante fiscal del orden de $400.000 millones para 1993, tuvo que aceptar que el recaudo de las primeras cuotas del impuesto sobre la renta distaba mucho del presupuestado. Acudió entonces a justificar el faltante con toda suerte de explicaciones, que van desde el efecto de los fallos de la Corte Constitucional, hasta el efecto fiscal de los proyectos de ley tramitados por el propio gobierno en la primera legislatura de 1993, muchos de los cuales ni siquiera han entrado a regir, como es el caso de la Ley de seguridad social. Ha dicho el gobierno que la caída de ingresos obedece también a la "creatividad" de los contadores en la aplicación del sistema de ajustes por inflación, al aumento del contrabando, en fin, a una serie de hechos, la mayoría de los cuales, o no tienen relación con el faltante fiscal o tienen una relación apenas marginal.

Sin que nos mueva el ánimo de aguarle los pronósticos fiscales al Ministro de Hacienda, hay que decir que el faltante para 1993 no será de los $200.000 millones que ha pregonado el gobierno, sino que fluctuará entre $900.000 millones, en el mejor de los escenarios, y $1.200.000 millones, en un escenario conservador.

Para sustentar las cifras anteriores, no se requiere de conocimientos teóricos distintos de los que puede tener cualquier contribuyente que alguna vez haya diligenciado su declaración de renta, para quien las transferencias de efectivo que anualmente realiza a favor del fisco nacional por concepto del impuesto sobre la renta, están determinadas por el monto de las retenciones en la fuente que le practiquen durante el respectivo año, más el saldo a pagar que le resulte durante el mismo año, en la declaración de renta que haya presentado.

Para el fisco nacional, el recaudo del impuesto sobre la renta esperado para un año cualquiera, está dado básicamente por los mismos factores: (1) las retenciones en la fuente que perciba, más (2) los saldos a pagar de las declaraciones de renta que le cancelen, más (3) las labores de cobranza de cartera vencida que efectúe, menos (4) la devolución de los saldos a favor que le soliciten los contribuyentes.

Ahora bien, para presupuestar los factores (2) y (4), que resultan del diligenciamiento de las declaraciones de renta, todo lo que se requiere es asumir una tasa de crecimiento del impuesto a cargo (que normalmente debe ser la de la economía más la inflación), para restarle al impuesto que resulte, las retenciones que se le hayan practicado a los contribuyentes y los anticipos que durante el año anterior hayan cancelado éstos; al resultado obtenido debe sumársele el nuevo anticipo para el año gravable siguiente. El valor que así se determine constituye el saldo a recaudar por concepto de las declaraciones de renta.

Pues bien. El gobierno nacional presupuestó para 1993 un recaudo del impuesto sobre la renta de $2.642.000 millones, que descompuso así: $1.342.000 millones por concepto de retenciones y $1.300.000 millones por concepto de saldos de las declaraciones de renta. Fue en esta última cifra donde se equivocó, ya que al seguir el procedimiento de determinación de los saldos a pagar de las declaraciones de renta (ver cuadro) nos encontramos con que en el mejor de los casos los saldos a pagar de las declaraciones presentadas en 1993 podrían alcanzar un monto de $735.000 millones.

La equivocación tiene origen en que el gobierno al momento de hacer los cálculos, olvidó que al aumentar las retenciones en la fuente durante 1992 (crecieron a una tasa del 75%) y mejorar el recaudo de tal año, necesariamente estaba anticipando recaudos de 1993.

Efectivamente, en el cuadro se aprecia cómo, bajo un escenario donde el impuesto a cargo del año gravable 1992 crezca al 30%, el saldo a pagar de las declaraciones de renta sería de $735.000 millones, es decir $565.000 millones menos de lo presupuestado por el gobierno. Sin embargo, el impuesto a cargo de las declaraciones que hasta la fecha ha recibido el gobierno presenta un crecimiento de apenas un 12%, lo que conduce a que el saldo a pagar de las mismas sea del orden de los $450.000 millones, es decir $850.000 millones por debajo de lo presupuestado.

El bajo crecimiento en el impuesto a cargo de las declaraciones recibidas en 1993, puede obedecer al efecto de los ajustes por inflación (concretamente al aumento de la deducción teórica como resultado del fallo de la Corte Constitucional), al descuento del IVA por adquisición de activos fijos, o a otros factores aún no precisados. Estas causas, sin embargo, apenas son responsables de un faltante del orden de $300.000 millones. El resto del faltante ($560.000 millones) es imputable exclusivamente a un error de cálculo del gobierno, generado muy probablemente en el hecho de que las personas que participaron en su elaboración nunca han diligenciado una declaración de renta. No de otra manera se explica un error de esta naturaleza.

Si a la anterior situación se agrega el efecto de la caída de los BDSI en cuantía de $200.000 millones, y el hecho de que el mayor recaudo del impuesto sobre las ventas esperado por el gobierno como resultado de la Ley 6 de 1992, en cuantía de $200.000 millones, no está ingresando al fisco, nos encontramos con una situación en la que el gobierno tiene un faltante para 1993 que fluctúa entre $900.000 millones y $1.200.000 millones.

Para 199.4 la situación es igualmente preocupante, pues las cifras preliminares de recaudo de impuesto sobre la renta con las que ha trabajado el gobierno ascienden a la suma de los $3.300.000 millones. cuando el recaudo esperado, calculado con la misma metodología, en el mejor de los casos, es del orden de los $2.500.000 millones.