| 12/1/1995 12:00:00 AM

EL JUICIO POLÍTICO

SAMPER ESTÁ DEMASIADO DEBILITADO PARA CONTINUAR A LA CABEZA DEL ESTADO. DEBE BUSCAR SOLUCIONES DE TRANSICIÓN.

Lentamente se han ido reuniendo las evidencias necesarias para que las autoridades judiciales y los colombianos todos podamos apreciar la magnitud y las modalidades de la penetración de los dineros del narcotráfico en la financiación de las campañas electorales, en especial de la pasada campaña presidencial. Lo que se ha dado a conocer hasta la fecha apunta hacia una sustancial presencia de narcodineros en la campaña presidencial de Ernesto Samper, pero el candidato no figura creíblemente como gestor o receptor inmediato de dichos recursos.

La Comisión de Acusaciones parece haber enfocado su atención hacia el problema crucial, a la vez jurídico y político, de si las evidencias recogidas avalarían o no una acusación penal contra Ernesto Samper ruego a los abogados que me excusen si cometo imprecisiones jurídicas; escribo como analista político-. Pero sería funesto que la Comisión y la Cámara de Representantes se limitaran a eso.

Por supuesto, encuentro básico esclarecer la responsabilidad personal -y no sólo la penal- que pueda caber al presidente por la presencia de dineros calientes en su campaña. Ese es un primer e ineludible paso. Pero ahí no puede parar el proceso. Si a la campaña de éste ingresó, así haya sido a espaldas del candidato, una gruesa suma de dineros del narcotráfico, contribuyendo por tanto de manera significativa a lograr su triunfo, la Cámara de Representantes, y el país entero, tienen que entrar a discutir si a Colombia le conviene continuar con un presidente elegido en semejantes circunstancias.

Reducir la crisis política, que estamos viviendo, a la dimensión simplemente jurídica de si Samper es o no culpable de algún delito, equivale a creer que los problemas de un paciente invadido por el cáncer se reducen al bajarle la fiebre. El asunto es de mucho más fondo. Precisamente porque algunos problemas del país son extremadamente graves, requerimos con urgencia una Presidencia capacitada a cabalidad para enfrentarlos. En particular, el país sufre sin tregua por la violencia guerrillera, la delincuencia organizada, la impunidad rampante, la corrupción que penetra con hondura en muy diversos niveles de la actividad estatal, la mala imagen en el exterior, un gasto público que tiende a desbordarse, y una enorme ineficiencia en la gestión pública, entre otros.

¿Puede un presidente elegido en buena parte con dineros del narcotráfico ejercer el liderazgo que Colombia necesita en estas materias?

Dejando a un lado los quebrantos de nuestra economía para que un experto en ella los analice, quiero plantear algunas reflexiones sobre los agudos problemas de gobernabilidad recién aludidos.

La violencia guerrillera: es cierto que el presidente está en plan de fortalecer la acción militar, y parece que el Congreso lo respaldará. Pero a juzgar por la experiencia vivida por el país a lo largo de los últimos diez o quince años, o más, el incremento de ese esfuerzo militar no bastará para doblegar a la guerrilla. No podemos olvidar que el número de guerrilleros y de municipios afectados por acciones subversivas, se ha incrementado continua y sustancialmente a lo largo del período aludido. Más aún, en ese mismo lapso las finanzas de la guerrilla parecen haber crecido en forma acelerada. Frente a la guerrilla no cabe sino una solución política, previo su debilitamiento militar. Pero para lograr este último se requiere una movilización del país mucho mayor de la que el gobierno está impulsando, movilización que implica, entre otras cosas, más y mejores hombres armados, y adecuadamente dotados, mayores impuestos, recorte en el gasto social, restricciones a la libre actividad económica, y hacerle frente a unas sanciones internacionales por supuestas o reales violaciones a los derechos humanos. ¿Puede un presidente, debilitado por la vinculación de su campaña con el narcotráfico, liderar esta lucha?

La delincuencia organizada: estamos hablando aquí de las organizaciones del narcotráfico, y de aquellas, distintas de las subversivas, que secuestran o extorsionan, roban carros, asaltan bancos, o importan armas clandestinamente. El presidente se ha propuesto como prioridad combatirlas y para ello ha presentado una serie de proyectos de ley que están a punto de ser aprobados, y ha creado un zar antisecuestros, además de otras medidas. Más aún, exhibe como prueba incuestionable de determinación el hecho de tener en la cárcel a los principales caros de la droga. Sin embargo, ¿puede este esfuerzo arrojar el resultado final esperado de no solucionarse previamente dos problemas conexos, de enorme complejidad: la corrupción y la impunidad?

La corrupción: por estar en la raíz de otras formas de depravación la corrupción que más me preocupa es la de los políticos. ¿Cómo podrá, entonces, un primer mandatario, quien llega a la Presidencia cabalgando sobre dineros ilícitos, enfrentarse a las corruptelas de los políticos? ¿Qué autoridad moral tiene para ello? ¿Cómo puede hostigar a los políticos corruptos quien, por encontrarse débil ante la opinión pública y ante varios sectores políticos,

POLITCA

necesita a diario de esos mismos políticos para que le saquen adelante sus iniciativas o le dejen en paz a sus ministros?

La impunidad: si de algún problema puede decirse que se encuentra en la raíz de todos los otros, ese sería la impunidad rampante que vive nuestra nación. Esta impunidad que se revela de manera escalofriante cuando constatamos que, de cada 100 homicidios, apenas dos terminan con el homicida condenado a la pena que se merece. Sin embargo, es muy poco lo que, frente a este problema, está haciendo el actual gobierno: las estadísticas de congestión judicial y de sentencias sobre el número de procesos iniciados no han variado sensiblemente. Solucionar el problema de la impunidad judicial es algo que va más allá de simples leyes, o de una reforma constitucional: implica actuar en frentes muy diversos, y sobre poderes constituidos, tradiciones jurídicas y hábitos, muy enraizados. Supone un presidente robusto que, para usar la expresión popular, se la juega toda por lograr esta reforma. ¿Es ese el Samper que surge después del Proceso 5.000?

La mala imagen de Colombia en el exterior: nos duele la acusación, repetida una y otra vez, de que la nuestra es una narcodemocracia. Después de las evidencias hoy disponibles sobre su campaña presidencial, ¿podrá Samper cambiar esta imagen? ¿Podrá suceder algo distinto de empeorarse? ¿Entonces, tiene Samper el prestigio y la credibilidad para defender exitosamente los intereses colombianos en el exterior? Más aún, ¿con Samper al timón de la República no corremos el riesgo de quedar rehenes de los intereses norteamericanos?

El gasto público: un presidente débil necesita gastar, para hacer obras y prestar servicios que le mejoren el respaldo de los diversos sectores de la opinión pública, y para comprar el apoyo de muchos legisladores quienes buscan sacar ventaja de la debilidad presidencial. La gran tentación de Samper en los próximos meses, y hasta que termine su período, será la de gastar para poder supervivir. ¿Le conviene eso a la economía colombiana, y al bolsillo de los colombianos? La ineficiencia de la administración pública: valga aquí simplemente aludir al hecho de que este problema está profundamente relacionado con los de corrupción, impunidad y gasto público desbordado, atrás referidos.

Mi conclusión es que a Colombia no le favorece que Emesto Samper, por haber llegado a la Presidencia con evidente apoyo de narcodineros, continúe en el cargo. Si la gran mayoría de los colombianos se abstiene de pedir su renuncia, en buena parte se debe al temor que les suscita una transición presidencial hacia lo desconocido. A juzgar por resultados de varias encuestas, esa mayoría censura fuertemente la forma como llegó Samper a la Presidencia, pero, por desconocimiento de otras alternativas mejores, teme consecuencias graves para el país si él renuncia.

Tampoco De la Calle es una solución, porque, según todos los indicios publicados, él fue elegido con los mismos narcodineros que esa opinión pública condena. Aquí viene, entonces, la histórica responsabilidad que le cabe a nuestra clase dirigente, empezando, me atrevo a decirlo, por nuestros ex presidentes, particularmente los ex presidentes liberales. Y junto con ellos, los otros máximos jefes políticos, los dirigentes gremiales y de grandes grupos económicos, los medios de comunicación más influyentes, y los jerarcas de la iglesia Católica. Estoy convencido que si los mencionados ex presidentes, por la vía persuasiva frente a Samper y De la Calle y en el seno del Congreso, lideran un tránsito hacia un tercero satisfactorio como nuevo presidente, ese tránsito es perfectamente viable y pacífico, y con él Colombia gana. A grandes males, grandes soluciones. Quien tenga un parecer distinto, que lo sustente.
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