| 3/1/1995 12:00:00 AM

El conde Drácula y demás vampiros

Si Estados Unidos le niega la certificación a Colombia, se podría optar por crear la Federación Nacional de Coqueros, con Fondo Nacional de la Coca, para estabilizar el precio.

El patriotismo exacerbado de las últimas semanas con motivo de la certificación -ese diploma con que se premia el buen comportamiento en el kindergarten de la antidroga- está haciendo perder de vista que existen opciones. Si Washington quiere sangre, ¿qué se le va a hacer? El manda. En materia de lucha contra el consumo de alucinógenos, Clinton entregará los huesos que exijan los republicanos, independientemente de lo que Colombia haga o no haga. La asimetría del poder significa tener poca influencia en las decisiones internas del gobierno norteamericano. Para hacerse oír Colombia tendría que organizar con los compatriotas en el norte un lobby electoral como el de Israel, o el de los exiliados cubanos.

Es de prever, por lo tanto, que si Clinton certifica ahora a Colombia, podría no hacerlo quizá en otra ocasión, porque no hay que olvidar nunca que la política exterior de los Estados Unidos es, y ha sido siempre, producto de la situación política interna y, particularmente, de los intereses electorales del momento. La impotencia contra el tráfico de drogas, reconocida en los corrillos de Washington, alimenta la desconfianza en los que supuestamente en Colombia deben impedir el traslado de los alucinógenos hacia los Estados Unidos. Así se exporta la culpa del consumo y no hay que enfrentar -conjuntamente con la reducción de la oferta- los imprescindibles cambios en el manejo interno de la hidra de mil cabezas, con objetivos a largo plazo y masivos costos económicos.

Como en los Estados Unidos después de años y muchos miles de millones de dólares no se ha logrado reducir el consumo de los alucinógenos a niveles socialmente tolerables -objetivo en el que todos los actores del drama deberían estar de acuerdo- se manufactura una "crisis de confianza" con un gobierno amigo, ostensiblemente porque se ha detectado una creciente influencia del narcotráfico en diversos niveles de la nueva administración. Mientras tanto, la nueva mayoría republicana en el Congreso aplaude y el presidente Clinton cobra alientos en su lánguida carrera hacia la reelección. La codiciada presea es la aprobación de la clase media de raza blanca, profundamente adversa al consumo de alucinógenos. De poco vale recordar sacrificios y logros en la lucha contra la droga, o demostrar que nada ha cambiado entre lo que hace este gobierno y lo que hacían los anteriores, cuando la certificación era automática.

No hay que echarse a llorar. Ya se han señalado abundantemente las nocivas consecuencias de la no certificación. ¿Tendrá ventajas? Se sabe que se dificultarían los créditos de la banca multilateral, que se entrabaría parte del comercio con los Estados Unidos, que se desviarían algunos flujos de inversión extranjera y turismo, y que descenderíamos un escalón más en las sufridas gradas del desprestigio. Pero, ¿habrá dividendos?

La descriminalización del narcotráfico, y más aún su legalización, es una senda pedregosa. Por ella habrá de transitar tarde o temprano el mundo entero. Tras años de implacable represión no se está más cerca de "niveles socialmente tolerables de consumo". Lo peligroso es ser pionero. Pero si -perdida la certificación- no dejan otro camino, vale la pena examinar someramente lo que representa económicamente para Colombia la libertad de tráfico.

E n primer lugar, la descriminalización (o legalización) significaría el regreso a la normalidad para miles de colombianos, desde el humilde cultivador, hasta el financista del blanqueo. Libres del estigma, su quehacer no tendría menos respetabilidad que la de los esmeralderos o la del distribuidor de aguardiente. Las distorsiones que genera en la asignación de recursos la existencia de una economía paralela han sido bien estudiadas; el narcotráfico es un caso particular de este fenómeno, aunque de gran peso puesto que representa (según varios expertos) del 2 al 4% del PIB colombiano. No se es más preciso porque, infortunadamente, los responsables del tráfico no presentan balances a la Superintendencia de Sociedades, pero quién duda

que, descriminalizados, pasarían a ser el quinto gran grupo.

La marginalidad del tráfico de estupefacientes conlleva, entre otros desperdicios, una gruesa evasión de impuestos -suficiente quizá para sustituir los préstamos externos previstos en el Plan de Desarrollo. Implica también que la introducción de fondos en la economía formal estimule conductas como el contrabando, que compiten deslealmente con actividades legítimas. Basta observar la asombrosa proliferación de los Sanandresitos para evaluar el impacto del lavado de dólares sobre el comercio legal. La descriminalización reduciría uno de los más importantes incentivos del contrabando hoy, al hacer innecesarias las operaciones de blanqueo directo y reducir la brecha entre la tasa representativa del mercado y la tasa callejera (del 6 al 7%).

La interferencia con los oficios legales hace, además, recaer indiscriminadamente sospechas sobre todo aquel que tiene que ver, aun de lejos, con la producción de alucinógenos. En ese rubro se encuentran especialmente los importadores de químicos, bien sean industrias o distribuidores. Ya no basta ser inocente sino que es necesario demostrarlo. Obtener materias primas es un vía crucis que obliga a transitar por una dispendiosa tramitología - aumentando costos- y a someterse a intempestivas e ignominiosas visitas de los organismos de control.

Otro aspecto de la defectuosa asignación de recursos ocasionada por la criminalidad del tráfico tiene que ver con el impacto de los dineros calientes sobre la propiedad raíz. La veda en otros sectores productivos y el deseo de alcanzar la respetabilidad han llevado a una malsana concentración sobre los bienes inmuebles y al caos en las señales de precio del mercado. Se dice que una cuarta parte de la tierra agrícola útil de Colombia está en manos del narcotráfico. Y los estudiosos se devanan los sesos tratando de encontrar otras explicaciones al ya largo e inusitado boom de la propiedad raíz urbana. La descriminalización contribuiría a corregir estas deformaciones.

Los recientes disturbios en el Guainía y el Putumayo le han descubierto al país que la coca puede ser un poderoso motor para expandir la frontera agrícola. Se trata de un cultivo que, como el café en otra época, posee tal valor intrínseco que puede adelantarse a la existencia de infraestructura moderna para llevarlo al mercado. Bastante falta le hace al campesino marginal, y en general a vastos sectores de la geografía colombiana, un producto de esas características. Quién quita que mañana surja una poderosa Federación Nacional de Coqueros, comercializadora y estabilizadora del ingreso campesino, con Fondo Nacional de la Coca incluido. Encargada, además, del control de plagas (como ese hongo que hizo recientemente estragos en el Perú) y de la investigación para mejorar las cepas tropicales de manera que no se pierdan las ventajas comparativas, como le sucedió a la Santa Marta Gold frente a la competencia de la marihuana californiana.

Los sucesos del llano confirmaron el aterrador contubernio entre la guerrilla y el narcotráfico para la explotación y protección de extensas

plantaciones de coca. Si estas dos delincuencias se redujesen a una, la subversión perdería una de sus pingüe fuentes de ingresos. La descriminalización terminaría debilitando la más grave amenaza para la estabilidad democrática de Colombia. De paso constituiría el mejor argumento para demostrar la poca influencia de los narcotraficantes sobre el gobierno: es obvio que la libertad de tráfico induciría a una mayor competencia en la producción y distribución, y como lo sugiere la encarnizada guerra entre Medellín y Cali, competencia es lo último que desean los que ya están en el negocio.

El narcotráfico como actividad criminal ha puesto a prueba la integridad de todo el aparato institucional al servicio del cumplimiento de la ley. La policía, el DAS, los jueces y hasta el ejército están dedicando ingentes recursos (mal compensados por la exigua ayuda norteamericana) a combatirlo. Además, con su inmensa capacidad de soborno ha corrompido segmentos dé la fuerza pública y con su vil sicariato ha amedrentado hasta a los más fieles y valientes servidores de la paz ciudadana. Esas presiones desaparecerían con la descriminalización. Libres de distracciones los encargados de imponer la ley y el orden podrían concentrar sus limitados recursos en combatir la guerrilla y reprimir la delincuencia común, flagelos ambos que contraen el crecimiento económico.

Hasta aquí, algunas ventajas. A nadie se le escapa, sin embargo, que la descriminalización unilateral podría conducir a la presencia de "marines" en las costas colombianas. Como los discases guasones toca pensar que una breve guerrita con rápida rendición resolvería muchos problemas. Mientras tanto, no vale la pena quedar sometidos a la contumelia sin compensación. Colombia no lo merece y si el conde Drácula exige más sacrificios -y ojalá no sea así- es bueno recordarle que las alternativas no son tan malas.
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