| 11/1/1993 12:00:00 AM

El alcalde y su estatuto

"Taxes are not raised for the benefit of the taxed". Lazarus Long

Los colombianos nos creemos nuestras propias mentiras, especialmente si la prensa las divulga a los cuatro vientos. Últimamente se ha propagado la especie, reiterada en los cocteles y amplificada por periódicos y emisoras, de que el señor alcalde don Jaime Castro aún no se ha posesionado. Y se repite como una gran verdad porque todos piensan que no ha hecho nada; lo que vemos y padecemos todos los días parece sustentar la tesis, porque ni ha arreglado las calles, ni ha combatido la inseguridad, ni se ha ocupado del tráfico, ni ha fomentado la recreación, ni ha destituido funcionarios corruptos, ni ha atacado la creciente y asfixiante tramitología del Distrito, ni... ¡nada! En resumidas cuentas parece haber ignorado todos los problemas de la capital.

Pero la verdad es que don Jaime sí se posesionó, y durante el año y medio que lleva en el cargo se dedicó, casi exclusivamente, a lo que él conoce: a hacer leyes. Y tras meses de arduo trabajo, de arreglos y componendas, dio a luz al Estatuto Orgánico de Bogotá.

Los colombianos siempre hemos creído a pie juntillas que los problemas se resuelven con sólo escribir la solución en un papel y hacerla aprobar por el Congreso, que basta promulgar leyes para que se cambie la realidad. Sin ir muy lejos don Jaime, cuando era constituyente y vislumbraba su futura alcaldía, decidió rebautizar a Bogotá con el nombre que tenía cuando era un villorrio de 50 mil habitantes, con el convencimiento de que con esa medida convertiría a nuestra megalópolis en un pueblito a la medida de su capacidad administrativa, como en cualquier cuento de hadas.

Pero el caso del Estatuto de Bogotá es distinto, porque no es inocuo. Muchos lo han alabado como la tabla de salvación de nuestra deteriorada capital, convencidos, de buena fe y sin haberlo leído, de que allí se encuentran los instrumentos para resolver todos sus problemas. ¡Vana ilusión! El tal estatuto es una patente de corso para que futuros alcaldes, con más agallas y menos escrúpulos que don Jaime, nos afrijolen impuestos sin límite ni razón, arbitrariamente y en unas cuantías que propiciarán más evasión y oportunidades de oro para los calanchines y para los funcionarios chanchulleros. Y dizque en tiempo de paz sólo el Congreso puede imponer tributos.

Analicemos el impuesto de industria y comercio: con el nuevo estatuto puede llegar hasta el 3% de los ingresos brutos de cualquier negocio. ¡Qué barbaridad! Si un comerciante se gana, antes del impuesto de renta, el 10% de sus ventas que es un margen alto y paga sobre esa utilidad 30% de impuesto de renta y 7.5% de sobretasa Rudi, este otro impuesto duplicaría el de renta y lo llevaría, por sólo esos rubros, a tributar el 67.5% de sus utilidades Lo más injusto del impuesto de industria y comercio es que no se calcula sobre el valor agregado, o sea que se paga sobre el producto final incluyendo los insumos que ya lo habían pagado. Y en esta carga agobiante no hemos contabilizado aún IVA, prediales y valorización por maleficio general.

Hablemos del predial: de tiempo atrás, en la exposición de motivos de las leyes que reglamentan ese impuesto, se proponían tarifas altas porque los avalúos catastrales eran bajos. Eso era verdad, pero ahora el estatuto establece el autoavalúo obligatorio por el valor comercial y así tendremos que tributar con tarifas altas sobre avalúos altos. Es cierto que no puede aumentar a más del doble de un año a otro, pero así se puede llegar a 16 veces en 4 años. Y en los lotes sin construir no hay límite. El autoavalúo es bueno, si se corrigen las tarifas y si lleva al desmonte de la burocracia del catastro.

Otro caso, el del impuesto que no contribución de valorización general, es especialmente dramático, porque nos dejó con el pecado y sin el género. El más injusto y antitécnico de todos los tributos quedó legitimado por el estatuto, con imprevisibles consecuencias para el futuro, pero se cobró tan poquito y en forma tan inequitativa y absurda, que hay casas elegantes ¿estrato 6? que les toca pagar $9.000, y esa plata no alcanza ni para el papeleo. Como no van a lograr recaudos suficientes, el plan de obras, que se necesita con urgencia, quedará incompleto y entonces vendrán los reclamos porque la valorización no se dará, ya que ésta depende de que se ejecuten todas las obras ofrecidas. Y nos quedamos con el pecado, porque cualquier alcalde futuro, en trinca con un Concejo populista, tendrá vía libre para decretar impuestos de valorización general, para cualquier proyecto en cualquier parte de la ciudad, sin que se les valorice su predio a los que lo pagan. Lástima haber apelado a ese engendro existiendo la contribución de valorización local, de vieja data, más justa y utilizada con éxito

en muchas ciudades del país.

Podríamos continuar analizando el estatuto, que también tiene cosas buenas. Pero la conclusión importante es que los bogotanos seguimos como títeres al capricho de los políticos de turno: unos incapaces, otros venales, otros simplemente interesados en su futuro, pero muy pocos sinceramente preocupados por nuestra ciudad y ocupados de resolver sus enormes problemas. ¿No será la hora de apoyar un alcalde cívico, que no le deba nada a nadie y que con los calzones bien puestos (¿o las faldas?) se comprometa a trabajar los años que se necesiten para arreglar esta ciudad, que tiene tantas cosas buenas y tanta gente que merece un vividero mejor?.
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