| 8/1/1995 12:00:00 AM

Demasiado independientes

La junta directiva del banco puede comprometer su independencia si la ejerce con todo su poder.

Cometió errores políticos la junta del Banco de la República en sus relaciones con el gobierno al propiciar que éste iniciara el proceso de reforma de su ley orgánica? El ejercicio de la autonomía de todo banco central no es una materia que tenga exclusivamente una dimensión económica orientada a preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, sino que posee también una importante connotación política, derivada del hecho claro y concluyente que el banco, en el diseño y ejecución de sus funciones, tiene que establecer negociaciones con una contraparte que, como el gobierno en el caso colombiano, tiene el poder de activar reformas a su régimen legal en virtud del artículo 154 de la Constitución.

¿Es conveniente entonces que la junta directiva imponga siempre sus criterios sobre los del gobierno en el evento de conflictos? ¿Está la junta, en su afán por controlar la inflación, socavando las bases de su independencia, o simplemente reafirmándola?

Es evidente que la autonomía de la banca central no se obtiene ni se garantiza únicamente con su inclusión en una norma constitucional y en el desarrollo legal de ésta. La independencia se adquiere ejerciéndola, haciendo uso de los poderes adjudicados, enfrentándose a quienes en el pasado los detentaron y se resisten a tener que compartir la toma de decisiones de la política macroeconómica.

Qué tan intensivo debe ser el ejercicio de esta autonomía no es una cuestión fácil de determinar, y las posibilidades navegan entre dos orillas: de una parte, la independencia hay que desplegarla para lograr imponerla, y, de otra, no puede aquélla llevarse a extremos pues, de alcanzarlos, moviliza los mecanismos políticos que llevan a reformas constitucionales o legales que la reducen con carácter definitivo. La autonomía se gana usándola, pero si es empleada en exceso puede verse disminuida. El banco central debe entonces tener prudencia política.

Una prueba contundente de un ejercicio acertado de esta prudencia lo constituye el caso relativamente reciente del Banco Central de Chile, cuya ley orgánica estableció que la junta directiva sería designada y posesionada pocos días antes del retiro del General Pinochet del poder. Este hecho llevó a las fuerzas triunfantes en las elecciones a considerar que el régimen derrotado quería obstaculizar la ejecución de las políticas económicas del nuevo gobierno. El banco se encontró pues en una coyuntura política muy difícil para iniciar el cumplimiento de sus funciones, por cuanto si era demasiado condescendiente con el ejecutivo no sentaría las bases de su independencia, y si era demasiado autónomo en perjuicio del presidente, levantaría en su contra la opinión pública mayoritaria y sería tachado como apéndice del régimen militar. La discreción del banco y un adecuado equilibrio entre coordinación y autonomía le permitieron consolidar su independencia.

Una prudencia similar se presentó en nuestro país desde la instalación de la junta directiva del Banco de la República. En la ejecución inicial de las competencias a su cargo, el banco fue cauteloso en sus relaciones con el gobierno con el fin de evitar graves diferencias. Así lo señaló Rudolf Hommes en el reciente libro publicado por Fedesarrollo, y así lo había constatado previamente en uno de sus estudios Roberto Junguito, realizado con base en la metodología para la medición de la independencia de los bancos centrales diseñada por Cukierman.

Es decir, el banco no estaba en realidad haciendo uso de toda la capacidad autonómica que las normas constitucionales y legales le otorgaban.

¿Cómo se llegó entonces a una situación tan conflictiva como la actual? La necesidad de ganar credibilidad acerca de su capacidad para reducir la inflación condujo muy seguramente a la junta a endurecer su posición independentista en virtud de la cual, en el evento de conflictos con el gobierno, prevalecería la posición que mejor contribuyera a preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, es decir, se impondrían en la práctica las tesis del banco. En otras palabras, la junta generalizó a todos los ámbitos el principio pro-banco que prevé la Ley 31 en el. evento de diferencias con el gobierno en materia cambiaria, con base en una deducción del artículo 373 de la Constitución que ordena al Estado, por intermedio del Banco de la República, velar por el mantenimiento de la mencionada capacidad adquisitiva.

¿Era constitucionalmente admisible esta interpretación en el Estado comprometido también con el empleo y el desarrollo económico? El banco consideró que sí y alentaron esta interpretación sus propios estudios donde se concluye que, contrario a lo sostenido por sus críticos, las ganancias en la disminución de la inflación incrementan el crecimiento económico y el bienestar de la población. En efecto, los trabajos individuales de Uribe, Carrasquilla y Partow muestran que la inflación ha afectado negativamente el crecimiento en Colombia durante las cuatro últimas décadas, que una reducción de 10 puntos porcentuales en la inflación produce un incremento de medio punto porcentual en el crecimiento, y que una disminución de aquélla del 22% al 5% aumenta el bienestar general en un 7.8%. El banco, pues, tenía sustento en la Constitución, en los estudios académicos y en la evidencia empírica nacional para considerar que su único objetivo era preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, sin que tal tesis pusiera en riesgo el crecimiento y la prosperidad de la generalidad de los colombianos, lo cual desarmaba a sus opositores y le permitía dar prioridad a sus criterios sobre los del ejecutivo en el evento de discrepancias.

El resultado de este endurecimiento era previsible: la junta empe

zó a imponer sus argumentos y a dejar de buscar acuerdos satisfactorios en sus conflictos críticos con el gobierno, lo cual obviamente no le interesó al presidente Samper y al ministro Perry, quienes decidieron no soportar más la situación y promover una reforma a la ley orgánica del banco.

Esta falta de tacto político de la junta no pudo surgir en un momento menos oportuno, de una parte porque el fortalecimiento del presidente, derivado de sus éxitos recientes en lucha contra el narcotráfico, puede traducirse en un mayor respaldo en el Congreso para las iniciativas prioritarias de aquél, entre las que se encuentra incluida la modificación de la Ley 31, y de otra porque coincidió, infortunadamente para el banco, con un proceso de reforma institucional cuyos alcances son impredecibles y dentro del cual los enemigos de su independencia tienen una gran justificación para reducirla.

¿Qué debe hacer un banco central para preservar su autonomía y evitar que ésta sea recortada? Balancear muy bien independencia con coordinación, y en el evento de conflictos triunfar en unos y aceptar que también el gobierno debe ganar en otros, aun cuando, como es obvio, con el menor impacto posible sobre el nivel de precios. Se trata de ceder un poco antes y no tener que aflojar mucho después, una vez el gobierno haya decidido impulsar una reforma a la estructura constitucional o legal de aquél.

En conclusión, en su afán por custodiar el valor de la moneda, el banco olvidó la prudencia política y tendrá en consecuencia que enfrentarse durante los próximos meses a una situación donde su posición negociadora no es tan sólida como en el pasado y en la que deberá darle un mayor peso en la formulación de sus políticas a los intereses del gobierno, si quiere que éste reduzca los alcances de las reformas legales y constitucionales en curso. No son definitivamente buenos tiempos para la búsqueda estricta de la estabilidad de precios.
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