| 5/1/1995 12:00:00 AM

De pies y manos

Las Fuerzas Armadas están totalmente maniatadas para luchar contra la guerrilla y el narcotráfico. Las consecuencias son devastadoras para el país.

Hemos caído en una situación grave. Aun cuando las Fuerzas Armadas lo nieguen en público, numerosas conversaciones que he te

nido con oficiales de distinto rango, me han llevado a concluir que la voluntad de las Fuerzas Armadas para luchar contra la guerrilla y contra el crimen organizado se ha debilitado sustancialmente. Y sin esa voluntad, ¿cómo derrotar a la subversión? ¿O al narcotráfico?

¿Por qué flaquea esa voluntad de lucha? Una serie de hechos, acumulados a través de los años, explicarían esta situación. Conviene recordar algunos y examinar sus implicaciones.



1. El celo por defender los derechos humanos ha llevado a establecer tales controles civiles al accionar armado -a través de denuncias y juicios, de límites severos al fuero militar, de delegados de la Procuraduría, de oficinas de derechos humanos en cada guarnición, etc.- que muchos oficiales hoy prefieren evitar un encuentro armado con la guerrilla. Lo prefieren porque sí, por algún despliegue de fuerza, real o imaginario, llegan a ser acusados de violación a

los derechos humanos de algún ciudadano, están en problemas. Por un lado, tienen que asumir de su propio -y magro- bolsillo, los costos de su propia defensa; por otro, O

su ascenso a un rango superior queda detenido hasta tanto se aclare la situación, generalmente al cabo de varios años.



2. Muchos oficiales sienten que su esfuerzo por defender las instituciones patrias -en particular, el sistema de gobierno-, no es apreciado por la gran mayoría de quienes se benefician de él. Por varias razones: (a) Con frecuencia, las Fuerzas Armadas son puestas en la picota pública por violaciones, reales o imaginarias, a los derechos humanos, en tanto que se ignoran, se descartan técnicamente, o se les da escaso despliegue, a las violaciones de esos mismos derechos por parte

- de la subversión. (b) Si un miembro de las Fuerzas Armadas antes de cumplir los 15 años de servicio en éstas, muere persiguiendo a la guerrilla o a los narcotraficantes, sus deudos quedan en el más completo desamparo: tienen que salir a buscar trabajo o vivienda donde puedan. (c) Muchos oficiales sienten que son objeto de animosidad ideológica, pero muy dañina por sus consecuencias en la práctica, por parte de algunos magistrados del más alto nivel, fiscales, delegados de la Procuraduría y políticos de influencia nacional. (d) Por último, pero sin agotar la lista de motivos, en el exterior las Fuerzas Armadas colombianas son objeto de calumnias y de una implacable persecución por parte de algunas ONGs defensoras de los derechos humanos, ante lo cual poco hacen las autoridades y la clase dirigente colombiana. Si ante esas calumnias los oficiales tratan de defenderse, el alto gobierno les ordena que no lo hagan. No extraña,

entonces, lo que un oficial con dolor me dijera: "Hoy, el oficio más desagradecido en Colombia es el de miembro de las Fuerzas Armadas". Omito mencionar las quejas sobre aspectos de bienestar social, en donde se conocen situaciones verdaderamente lamentables.



3. Dada la grave inoperancia del sistema judicial, no pocos oficiales piensan que arriesgar la vida para capturar a un subversivo o a un narcotraficante, carece de sentido, sabiendo que al poco tiempo lo más probable es encontrar a esa persona en la calle, libre y quizás buscando, con sed de venganza, al oficial que la capturó.



4. Un buen número de oficiales tiene 'una imagen extremadamente negativa de los congresistas y de las máximas autoridades del país. Los creen profundamente corruptos. Por ende, les duele sentirse examinados, juzgados o aun mandados por ellos. O creen que una democracia así no vale la pena de ser defendida, al menos no con la vida de ellos.



5. Hay que averiguar por cuál razón exactamente, pero el hecho es que, a juicio de los miembros de las Fuerzas Armadas, repetidas veces ellos se han visto limitados para adelantar una operación decisiva contra la guerrilla o el narcotráfico por carencia de medios de transporte -en especial, helicópteros artillados, con capacidad de vuelo nocturno-, o de medios de comunicación, y aun del equipamiento personal adecuado.



6. En parte como consecuencia de la preocupación por defender los derechos humanos, en parte por otras razones, las facultades de la fuerza pública para responder a la guerra solapada que practica la subversión se han visto recortadas en gran medida. Me refiero, en particular, a las facultades para practicar allanamientos, interceptar teléfonos, y realizar arrestos e interrogatorios. Esto hace sentir a más de un oficial que se le piden resultados pero que no se le entregan los instrumentos necesarios para producirlos. Lo cual, obviamente, les parece a más de desalentador, injusto.

Añádase a lo anterior la convicción de muchos oficiales, aun de los más antiguos y curtidos, de que la legislación realmente no está diseñada para poder enfrentar con eficacia los complejos desafíos, tanto de la guerrilla como del narcotráfico.

Ante una situación como la descrita, sorprendente será que un miembro de las Fuerzas Armadas no esté hoy preguntándose si vale la pena arriesgar su vida contra la subversión, contra el narcotráfico, o contra otros grupos organizados de delincuentes. Eso de por sí es muy preocupante.

Pero el ingrediente más difícil de manejar en esta situación proviene de fuera del país. Se trata de la presión que las ONGs defensoras de los derechos humanos están ejerciendo sobre varios gobiernos extranjeros -en particular, los de Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda y el Reino Unido- para imponer sanciones a Colombia si no se producen significativos -a juicio de ellos- avances en materia de respeto a los derechos humanos. Y la cruda realidad es que el país no puede, ni podrá en los próximos años, darse el lujo de ignorar esta presión.

Si eso es así, ¿qué situación enfrentamos? Por un lado, la de un violento e implacable desafío por subversivos bien financiados y organizados, y por narcotraficantes dispuestos a corromper o a intimidar a quien les impida adelantar su jugoso negocio. Por otro, la de unas Fuerzas Armadas profundamente desmotivadas, cuya moral tal vez no podemos levantar porque las medidas de fondo que tomemos para ello serán fácilmente malinterpretadas por esas ONGs y gobiernos que tienen al país entre ceja y ceja en materia de derechos humanos.

Si este diagnóstico es correcto, la situación del país es extremadamente grave y amerita un amplio y descarnado análisis en los altos centros de decisión, empezando por el Congreso.

Para contribuir a ese análisis, y asumiendo que el diagnóstico es correcto, permítame el lector sacar dos conclusiones. Primera: si nuestras Fuerzas Armadas no tienen voluntad de lucha contra la subversión, admitamos francamente que no es posible derrotarla. De ser así, sólo veo dos salidas: o hacerle a la guerrilla enormes concesiones a cambio de que abandonen la lucha armada, o continuar con la confrontación que al presente estamos realizando, sin posibilidades de triunfo, pero sabiendo que aun cuando muy costosa, la lucha contra la subversión no va a impedir que el país progrese y que los colombianos conservemos nuestro sistema de gobierno.

Segunda: si esas Fuerzas Armadas no están dispuestas a dar una lucha a fondo contra el narcotráfico, debemos tratar de prever ya desde ahora las duras consecuencias, tanto internacionales -simbolizadas por el proyecto de ley del senador Helms-, como domésticas, -éstas centradas en la corrupción demoledora del sistema democrático de gobierno- y prepararnos para asumirlas.

En estas condiciones, no es nada halagüeño el futuro del país.
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