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Economia

Contrabando a granel

Los cálculos indican que solamente el 80% de los bienes importados son declarados. Mientras sea buen negocio, se mantendrá el contrabando.

ROBERTO STEINER - CRISTINA FERNÁNDEZ
1 de septiembre de 1994

A principios de la presente década se pensó que la adopción del modelo de apertura económica, además de las ventajas que normalmente se le confieren, reduciría el problema del contrabando en Colombia. Sin embargo, todo parece indicar que la tendencia ha sido la opuesta, a juzgar por las crecientes protestas de los gremios y algunos indicadores que así lo confirman, como es el caso de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.

Al comparar las importaciones colombianas con las exportaciones del resto del mundo hacia Colombia se encuentra que, mientras los socios comerciales de nuestro país declaran que las operaciones alcanzaron US$ 8.103 millones en 1992, en la aduana solamente se declararon US$ 6.513 millones, o lo que es igual, solamente se habría registrado el 80% de las importaciones realizadas. Este resultado es preocupante, si se tiene en cuenta que el mismo método arroja un porcentaje de importaciones declaradas sobre estimadas (declaradas y no declaradas) de 97% para el total de la década de los ochenta.

Por otro lado, estos resultados permitirían afirmar que en 1993 el fisco tuvo pérdidas por concepto de contrabando superiores a los US$ 235 millones. A su vez, estos estimativos implicarían que los cálculos de algunos agregados macroeconómicos que se obtienen a partir de los datos de comercio exterior pueden estar distorsionados y que, por ejemplo, el ahorro privado como porcentaje del PIB no sería del 15% sino sólo del 12% en 1992.

Otra evidencia que confirma el aumento del contrabando es la enorme variabilidad de precios para un mismo producto que se detecta al examinar los manifiestos de aduana. Esta evidencia es aún más contundente cuando se observa la procedencia de las importaciones que ingresaron a precios considerablemente inferiores al promedio de la respectiva posición arancelaria. Por ejemplo, en el sector de textiles, las importaciones más "baratas" provienen en su mayoría de países del Caribe, que no son precisamente los productores más eficientes de estos bienes (ver gráfica 1). De acuerdo con estos estimativos, el problema de "subfacturación" habría aumentado entre 1992 y 1993, y los sectores más afectados por esta situación en 1993 habrían sido los químicos y los

textiles. Este último resultado no es del todo sorprendente si se tiene en cuenta la facilidad que presentan estos productos para realizar contrabando técnico: sus características homogéneas y difícilmente diferenciables permiten registrar este tipo de mercancías por el capítulo arancelario que pague menos impuestos.

Por otro lado, según una encuesta realizada para un grupo seleccionado de productos, en los llamados "Sanandresitos", que históricamente han constituido uno de los principales canales de comercialización del contrabando, se ofrecen los productos a precios que se encuentran, en promedio, un 25% por debajo de los precios del comercio organizado. Sin embargo, a partir 'de la misma encuesta no parece ser cierta la creencia según la cual los precios de los Sanandresitos son inferiores a los observados en Estados Unidos. Al realizar una comparación entre estos diferenciales y los obtenidos por Miguel Urrutia en 1982, es posible observar que las diferencias en precios entre el comercio informal y el formal han aumentado, a pesar de la apertura económica.



Ahora bien, si como lo confirman los indicadores anteriores, el contrabando en Colombia ha aumentado a pesar de la apertura económica, debe ser cierto que existen incentivos para "contrabandear" adicionales a la simple evasión de los impuestos a las importaciones. Efectivamente, en el caso colombiano existen otras razones que históricamente han estimulado el contrabando, tales como los controles a la movilidad de los capitales y el narcotráfico. Estos factores han propiciado la creación de un diferencial atípico entre la tasa de cambio oficial y la paralela, al tiempo que han creado enormes diferenciales entre las tasas de interés externas e internas. El contrabando aparece entonces como un mecanismo idóneo para "arbitrar" dichas diferencias.

Teniendo en cuenta lo anterior, un contrabandista tendría las siguientes ventajas al ingresar mercancías al país, respecto a un importador legal: i) no paga arancel, ni impuestos indirectos; ii) puede acceder a la tasa de cambio paralela, que eventualmente es menor a la oficial; iii) declara su mercancía por un valor menor al real, lo que en efecto equivale a ingresar capitales que se benefician del diferencial de tasas de interés, cuando las tasas internas son mayores que las externas. Según nuestros cálculos, si el contrabandista aprovechó todos estos beneficios en 1992, pudo obtener una rentabilidad cercana a US$ 0.30 por dólar, con un riesgo bajo de ser atrapado (ver gráfico 2).

Teniendo en cuenta esta altísima rentabilidad, sería pretencioso esperar que las reformas a la aduana puedan, por sí solas, eliminar el fenómeno del contrabando. Por esta razón, es necesario adoptar medidas que estén orientadas a fomentar la movilidad de capitales y, en general, a disminuir los incentivos que existen para el ingreso ilegal de los mismos.

Sin embargo, esta no constituye una razón válida para evadir la gran responsabilidad que tiene la aduana en este proceso, toda vez que una mayor eficiencia de los controles significa un aumento en los costos que enfrenta el contrabandista. En este sentido, es importante que la aduana realice algunas reformas, sin dar marcha atrás al proceso de agilización de trámites que ha iniciado el país.

Dentro de este marco, sería importante evaluar la puesta en práctica de algunas de las siguientes recomendaciones: i) continuar con los esfuerzos realizados para la constitución de pólizas cuando existan diferencias en la valoración de mercancías. En este caso, los bienes no podrían ser retirados de la aduana si no se constituye previamente una póliza por la diferencia en discusión; ii) incrementar el aforo físico de acuerdo al origen: aforo para importadores ocasionales o no tradicionales, que no aparezcan como declarantes de renta o de ventas y de aquellas mercancías provenientes de determinados centros como Panamá, Antillas Holandesas y otros países del Caribe; iii) realizar una combinación del mecanismo de aduanas del sector público con una auditoria por parte de compañías privadas. Para evitar que el mecanismo se vuelva inoperante, se sobreentiende que el mismo se debe contratar con empresas de larga tradición y prestigio en la materia; iv) convertir de nuevo al contrabando un delito punitivo, con medidas drásticas como la privación de la libertad, como sucede en los Estados Unidos; v) realizar programas más agresivos de capacitación a los funcionarios de aduanas en materia de identificación de materiales; vi) dentro de la ponderable estrategia de firmar acuerdos comerciales de integración, se debe tener extremo cuidado en establecer zonas de libre comercio con países que, sin lugar a dudas, han probado ser lugares de origen del contrabando hacia Colombia. En dichos casos, los mecanismos de expedición de normas de origen deben ser diseñados y controlados con el máximo de atención; vi¡) evaluar las consecuencias que ha tenido la fusión en una sola institución de la Aduana y la Administración de Impuestos Nacionales.

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