| 12/1/1995 12:00:00 AM

CAMBIO DE ENFOQUE

LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA NECESITAN UNA REESTRUCTURACIÓN Y MODIFICAR SUS ESTRATEGIAS DE COMBATE.

En Colombia todos los problemas de orden público, incluyendo aquellos que no son de fuerza mayor o de defensa nacional, tienden a ser manejados básicamente por las fuerzas militares en lugar de la policía. La población civil no cree en la policía y demanda la presencia del ejército cada vez que hay algún problema grave de delincuencia común.

Hay un agente de policía por cada 440 colombianos, o sea dos o tres veces menos que en países donde la delincuencia está bajo un relativo control. Y no solamente la presencia de la policía es mínima en más de la mitad del territorio poblado del país sino que además está mal preparada y equipada. Su manejo está centralizado en el gobierno nacional a diferencia de ovos países en los cuales las comunidades locales y regionales tienen una alta injerencia. La verdad es que en casi ningún otro país del mundo, exceptuando quizá algunos africanos, la policía está subordinada a las fuerzas militares: depende, o bien de los ministerios del Interior o bien de los municipios o departamentos.

La mayor parte de los problemas de orden público son de policía antes que de ejército. Para solucionarlos se requiere aumentar el pie de fuerza de la policía, recobrar su dignidad, independizarla de las fuerzas militares, elevar su nivel técnico y equiparla mejor. Pero para lograr un adecuado servicio de policía, el país necesita asignarle recursos adicionales y una permanencia de esfuerzo en calidad. Al mismo tiempo, en la medida en la cual las fuerzas militares y especialmente el ejército, dejen a un lado actividades que deberían ser del ámbito de la policía, se vuelve imprescindible su reorganización.

E n 'primer lugar, dentro de las limitaciones presupuéstales del país, es ilusorio pensar que habrá recursos adicionales para aumentar simultáneamente el pie de fuerza de la policía y del ejército y, por otro lado, mejorar el equipamiento de ambas fuerzas. Si el camino escogido es el de canalizar los recursos adicionales ante todo hacia la policía, entonces la alternativa seria la de administrar al ejército con un nivel de recursos similar al actual en pesos constantes. Esto, entre otras cosas, va en abierta contravía con la tradicional política del Ministerio de Defensa de siempre asignarle los recursos presupuéstales adicionales primordialmente al ejército para aumentos de pie de fuerza y compra de equipo.

Actualmente el personal de las fuerzas militares (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) consta de cerca de 163.000 unidades, de los cuales 117.000 son soldados, la mayoría pertenecientes al ejército. Como dato curioso hay más soldados que agentes de policía, lo cual es inusual en países no sometidos a amenaza de guerra externa. Ahora bien, apenas el 20% de los soldados son profesionales y trabajan en las brigadas móviles, mientras que el resto son reclutas con una permanencia en el ejército no muy superior a un año. La poca capacidad ofensiva del ejército se refleja en el permanente traslado de las brigadas móviles de un sitio a otro del país, particularmente como respuesta a asaltos de los grupos guerrilleros a patrullas compuestas por soldados reclutas.

Los altos mandos siempre han preferido usar reclutas, porque son baratos y dentro del criterio de que lo importante es la presencia física de las unidades en el amplio territorio nacional, antes que la eficacia de esa presencia. Incluso el uso y el abuso de la figura del recluta se ha extendido a la policía. De hecho, el aumento reciente en el número de agentes de policía ha sido en buena medida por la incorporación de reclutas bachilleres (casi 10.000 de los 82.000 existentes). Aunque se puede pensar que los reclutas policías pueden desempeñar algunas funciones como dirigir el tráfico, la verdad es que en ningún país del mundo las policías emplean este tipo de personal para solucionar problemas de delincuencia. Ser policía es una exigente profesión aquí y en Cafamaún, que requiere de un laborioso entrenamiento y preparación. Es ingenuo pensar que la falta de presencia de policía en ciudades y pueblos se pueda solucionar con unos bachilleres que a duras penas aprenden a manejar bastones de caucho.

La tendencia hoy en día en casi todos los países del planeta es la de disponer de ejércitos con soldados voluntarios o profesionales, donde la calidad prima sobre la cantidad. El inicio de esta tendencia se dio después de la desastrosa experiencia de los Estados Unidos en Vietnam donde un numeroso, bien equipado pero desmoralizado ejército de reclutas cayó derrotado en un pequeño país asiático. Con posterioridad a esa experiencia Estados Unidos profesionalizó su ejército, con buenos resultados en ocasiones posteriores de combate.

En Colombia, aunque se han dado unos primeros pasos hacia la profesionalización, todavía el ejército es ante todo uno de reclutas bachilleres con moral no muy alta y con un escaso grado de compromiso con la institución. Aunque para algunos de estos reclutas la experiencia del servicio militar obligatorio puede ser buena, para la mayoría se trata de tiempo perdido. La preparación sicológica para enfrentar esta experiencia es mínima y las condiciones de vida y de trabajo no son las más edificantes. Las fuerzas militares saben que tienen a su disposición cada año una amplia reserva de bachilleres sin necesidad de hacer el más mínimo esfuerzo por convencer a los jóvenes de que se trata de una experiencia digna de vivirse.

Pero el problema de fondo tiene que ver con la escogencia entre un ejército numeroso, mal equipado y de moral de combate no muy alta, con otro más pequeño, mejor equipado y de alta moral. Esta escogencia es inevitable por la falta de recursos. Aunque esas carencias en algo se podrían aliviar si se lograra un más alto respaldo de municipios y departamentos en la financiación de la policía, seguirán siendo apremiantes durante las próximas décadas.

Cada vez que se ha percibido un agravamiento en la situación de orden público la reacción de las fuerzas militares es la de solicitar un aumento en el pie de fuerza, al igual que inversiones en material y equipo. El problema es que el aumento en el pie de fuerza impide el fortalecimiento en otras áreas, sencillamente porque los recursos no alcanzan. Impide, entre otras cosas, pagarle mejor a oficiales

y soldados. De hecho, las cifras sobre gasto total en pesos constantes por personal empleado y remuneración también por personal empleado muestra, durante los últimos diez años, escasas variaciones. Solamente durante 1993-94 se contabilizó un mayor esfuerzo presupuestal con el nombramiento de un civil como ministro de Defensa. Y la verdad es que hay una tendencia a que esos esfuerzos presupuéstales sean absorbidos con aumentos en personal, antes que reflejarse en un mejoramiento sistemático en la calidad de vida y de trabajo dentro de las fuerzas.

Nadie sabe muy bien cuál es la teoría militar que respalda la peregrina tesis de que los problemas de orden público se resuelven ante todo con más ejército y especialmente con el enlistamiento de una mayor cantidad de reclutas bachilleres. Los recursos para financiar el sostenimiento de estos reclutas adicionales dejan de utilizarse en otros fines más importantes desde el punto de vista de la capacidad de combate de las fuerzas. La presencia de un mayor número de reclutas bachilleres poco agrega en capacidad de lucha contra experimentados guerrilleros o bandoleros. Como arma disuasiva de eventuales ataques tampoco parecería eficaz.

De otra parte, esos reclutas nunca estarán lo suficientemente preparados para manejar diestramente a la población civil en zonas de alto riesgo militar: inexpertos, nerviosos y sin conocimiento del terreno, están en amplia desventaja con respecto a sus temibles opositores y tienden a cometer trágicas equivocaciones con elementos inocentes de la población civil. Los resultados de la política de aumentar el pie de fuerza con reclutas no han sido satisfactorios. A pesar del mayor esfuerzo presupuestal y del aumento en el personal, los problemas de violencia y orden público han continuado agravándose. Lo tradicional para las fuerzas militares, al igual que para todas las dependencias del gobierno, siempre ha sido pedir más presupuesto y más personal. Lo difícil es plantear una mejor y más eficiente utilización de los recursos existentes. Sin embargo, tanto en el sector privado como en el sector público y en Colombia como en el resto del mundo están a la orden del día las reestructuraciones y reingenierías de empresas y organizaciones, lo cual implica un replanteamiento de medios y fines. No hay razón por la cual no se haga lo mismo con las fuerzas militares en Colombia, tal como ha sucedido en otros países donde los resultados no han sido los mejores y porque han cambiado las circunstancias internas y externas.

L o primero que hay que meterse en la cabeza es que la capacidad de combate de las fuerzas militares no depende exclusivamente de las armas, del número de hombres o del presupuesto. Ni tampoco es cuestión de preparar unos soldados para disparar con buena puntería. Aunque hay muchos elementos claves que determinan esa capacidad de combate, sobresalen cuatro que poca atención han recibido en el caso colombiano:

1) Toda la organización de las fuerzas debe estar orientada a los objetivos propios del combate. Si por ejemplo, el entrenamiento para el combate de los soldados es óptimo pero el apoyo logístico es deficiente, entonces se puede concluir que las fuerzas no están preparadas. Partamos de un caso simple. Si al lado de buenos combatientes se encuentran malos soldados, entonces el desempeño del buen soldado es deficiente. No encontrará en su compañero el apoyo que necesita para emprender acciones arriesgadas de combate. Lo mismo podría decirse si los buenos soldados no encuentran el suficiente apoyo a su alrededor en materia de transporte, reemplazos y provisión oportuna de víveres y municiones. Sin confianza en el apoyo logístico su rendimiento no es el mismo.

De la misma manera, si los oficiales que comandan la acción no tienen una alta capacidad, ni don de mando, entonces los soldados, por buenos que sean, no rendirán lo esperado. Así también, si la atención

médica a los heridos en campaña funciona con lentitud y pobremente, entonces la tropa estará menos dispuesta a asumir los riesgos necesarios para triunfar.

En las fuerzas militares, más que en otro tipo de organizaciones, la adecuada interrelación de las partes es crucial para la obtención de buenos resultados. Y la razón es obvia. Está de por medio la vida de las personas. Un ejército que no hace hasta lo imposible por asegurar que el frente de operaciones está bien atendido es un ejército débil. Un ejército que no subordina todo hacia el bienestar de quienes asumen los mayores riesgos, de quienes se juegan la vida, es un ejército con una mediocre capacidad de combate. Nada se saca con organizar bien una sección de las fuerzas militares y dejar el resto a la topa tolondra.

2) Las acciones de combate deben conducirse de la manera más descentralizada posible. Es absurdo que los civiles se involucren en el desarrollo de tales acciones (tal como sucedió en el tristemente célebre episodio de la cárcel de Envigado). O la acción es militar o es civil, pero no una confusa mezcla de las dos, donde se traslapan los canales de mando y se diluye la responsabilidad. De otra parte, es muy difícil dirigir, desde un lugar diferente al de la zona de combate, las operaciones que ahí tienen lugar.

Pero este punto tiene otras implicaciones. Una de ellas es la necesidad imperiosa de que los oficiales, los más altos incluso, estén al frente de las operaciones y suficientemente compenetrados con la tropa. No hay nada más lamentable que un ejército donde las acciones de combate son dirigidas por los sargentos o los oficiales de menor rango y donde no existe convivencia en el terreno de la acción entre los altos oficiales y sus subalternos. En todos los ejércitos, sin excepción, la actuación de los altos oficiales es determinante para la mística de la tropa.

Obviamente si los altos oficiales, quienes al final de cuentas son los que tienen la capacidad de mando, están en el terreno de operaciones, las decisiones pueden ser completamente descentralizadas, sin necesidad de acudir a consultas en Bogotá. Esto garantiza rapidez de movilización y efectividad operativa. Permite, además delimitar responsabilidades y conocer la capacidad de la oficialidad, lo cual, a su vez, es fundamental para la definición de los futuros ascensos.

3) En lugar de obediencia ciega se debe promover la iniciativa y responsabilidad individual, inclusive en los niveles más bajos de la jerarquía militar. Los comandantes deben ser entrenados para ordenar a sus subordinados qué hacer, pero no cómo hacerlo. Debe dejarse a los subordinados cierta amplitud para diseñar y llevar a cabo sus propias medidas y acciones.

Naturalmente lo anterior exige armonía de criterios y un profesionalismo que solamente se alcanza con entrenamiento y experiencia. Pero exige ante todo un buen grado de confianza entre superiores y subordinados. Esto es imposible de lograr en un ejército desigual basado en reclutas sin experiencia. Se trata, en últimas, de establecer un delicado balance entre la necesidad de control desde arriba y el ejercicio de un nunimo de iniciativa desde abajo.

Pero hay otro aspecto muy importante en el caso colombiano. Las fuerzas militares han tenido que enfrentar una guerra de guerrillas que se ha librado tanto en el campo de batalla como en el escritorio de los abogados de los derechos humanos. En una guerra como la que ha planteado la guerrilla, una excesiva injerencia de los abogados y de los civiles en el enjuiciamiento de las operaciones militares, resquebraja la mística de quienes están en la zona de combate y por sobre todo, impide que el sistema de comando y de órdenes opere de manera fluida.

Sin embargo, la torpeza con la cual actúan las fuerzas frente a la población civil y la falta de confianza de ésta en la claridad y eficacia de las acciones militares, en nada contribuye a resolver los problemas de derechos humanos. Esto sólo se soluciona con unas fuerzas militares bien preparadas, bien entrenadas y que sepan enfrentar situaciones difíciles y confusas donde está involucrada la población civil. En otras palabras, unas fuerzas militares donde soldados y oficiales actúen de manera profesional y responsable.

4) En ningún ejército La parte que ejerce la misión administrativa (o de apoyo logístico) debe ser superior en número o en importancia al componente que ejerce la misión de combate (o de disuasión). Este simple principio debe reflejarse en la doctrina militar y en la estructura organizacional.

En el caso colombiano no es claro que esto esté sucediendo. La parte administrativa no solamente es la más numerosa sino que es la más apreciada entre la oficialidad. De hecho, en la actual carrera militar pesan excesivamente los puestos administrativos que ha ocupado la oficialidad, sin que existan criterios claros de evaluación de resultados. Existe una gran rotación de actividad entre los oficiales, con corta permanencia en cada puesto y sin criterio de especialización. El comandante exitoso en el combate es premiado al poco tiempo con un puesto administrativo para el cual probablemente no está preparado. La parte administrativa es vista como el principal eslabón para llegar a los puestos más altos de la jerarquía.

e todo lo que se ha dicho hasta ahora se desprende una tesis general que los colombianos hemos olvidado: que las fuerzas militares deben ser una organización dirigida primordialmente al combate. Las fuerzas militares no son un colegio o una universidad, ni una organización para hacer obras de caridad u obras cívicas, ni para administrar personal, ni para servir de cuerpo de inteligencia del Estado.

Los colombianos estamos acostumbrados, con el beneplácito de los mismos militares, a asignarle al ejército funciones de policía y de cuerpo secreto. No hace mucho le asignamos funciones de jueces (juzgamiento de civiles). Pero, paradójicamente, en medio de esta inflación de funciones, hemos descuidado la principal, o sea la función de combate. El ejército se ha dispersado en sus objetivos con el agravante de que los recursos disponibles, como suele suceder en un país no muy rico, son limitados. Es grande el riesgo de no hacer nada bien por tratar de abarcarlo todo.

Si el objetivo central es el combate, toda la organización debe subordinarse a los propósitos de este objetivo prioritario. Los mejores hombres deben estar al frente en las operaciones de combate. Las condecoraciones y los ascensos deben reflejar el desempeño en el combate y los recursos disponibles deben estar dirigidos a producir hombres de combate. Para la obtención de este objetivo se requiere que las tres armas -ejército, aviación y armada- busquen la calidad antes que la cantidad. Los avances tecnológicos que han tenido lugar en los últimos años refuerzan la idea de que es preferible tener ejércitos cada vez más pequeños, pero mejor preparados y equipados.

Las funciones propias del cuidado del vecindario o de la vereda

las debe realizar la policía. La mayor parte de las labores de inteligencia le corresponde a otros organismos del gobierno. Los ejércitos solamente están para atender los grandes problemas del orden público o de la defensa nacional.

Es común escuchar decir a los ministros de Defensa o a los comandantes de las fuerzas sostener la tesis de que el personal bajo su mando es insuficiente y que necesitan más y más recursos. Incluso hay quienes sostienen que el interés creado de los militares es el de permitir un permanente agravamiento del orden público para presionar así por más dinero y hombres. Es la actitud fácil, la disculpa cómoda. La única manera de cambiar esta percepción cada vez más extendida en numerosos círculos de la opinión pública es a través de un replanteamiento a fondo en la estructura y en la estrategia militar.

La cantidad de recursos que Colombia le destina a sus fuerzas militares no es especialmente alta en relación con la de otros países. El promedio latinoamericano, inflado por algunos países que tuvieron dictaduras militares, es 1.8% del PIB, mientras que en Colombia, sin incluir policía, es 1.4% del PIB. El gasto militar en Colombia ni es alto ni es bajo. Sin embargo, dada la gravedad de la situación de orden público, podría existir el ambiente político para incrementar esta participación, pero sería un error hacerlo siguiendo el mismo camino del pasado: manteniendo a la policía como la "cenicienta" del paseo y aumentando el pie de fuerza del ejército sin preocuparse por verdaderamente elevar su capacidad de combate. Desafortunadamente en el caso de las fuerzas militares, al igual que en el resto del sector público, el problema no es tanto de falta de recursos como de eficiencia y calidad en su manejo.
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