| 8/1/1993 12:00:00 AM

Burocracia y quimeras

MINISTERIO DEL AMBIENTE

La creación del Ministerio del Medio Ambiente no es garantía de protección del medio ambiente. Tal como está el proyecto, lo único nuevo será más burocracia, trabas y corrupción.

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre el enorme potencial de riqueza que constituyen nuestros aún abundantes recursos naturales renovables y nuestra maravillosa biodiversidad y sobre la imperiosa necesidad de protegerlos contra la depredación incontrolada. Sin embargo, la escueta y dolorosa verdad, es que el debate público y la preocupación y buenas intenciones del gobierno y de muchas organizaciones privadas, no han impedido la explotación no sostenible de nuestra rica naturaleza, en aras del enriquecimiento momentáneo de algunos pocos o de la supervivencia marginal de muchos.

La creación del Ministerio del Ambiente surge como una oportunidad única para cambiar todo aquello que no ha funcionado en nuestro manejo ambiental y para hacer de nuestra riqueza biótica otro pilar para el desarrollo sostenible de nuestro país. Pero en la forma en que está concebido el proyecto del Ministerio del Ambiente, se corre el riesgo de engendrar más burocracia para perseguir una quimera: la de que es posible un manejo ambiental eficaz y eficiente sin una clara separación de las funciones legislativa, de vigilancia y control y ejecutiva, y sin la consiguiente claridad en la atribución de las responsabilidades a las distintas entidades estatales.

En el nuevo ordenamiento todos dictarán normas: el ministerio, las corporaciones autónomas, los departamentos, los municipios.

Para no hablar de otros ministerios que ya están también dictándolas, como el de Salud, el de Agricultura y el de Minas. Como si el rotundo fracaso del Estado en la protección del ambiente y los recursos naturales renovables se hubiera dado por falta de legislación. Por el contrario, la abundancia de leyes, decretos y resoluciones, a los cuales añadiremos ahora acuerdos y ordenanzas, han contribuido a que no se cumpla ni siquiera lo básico. Más nos hubiera valido tener pocas normas y haberlas hecho compartidos.

La creación del Ministerio del Ambiente debería conducir a un- código de normas generales emitido en forma de decreto ley mediante autorización del Congreso, que reúna en un documento único todas las normas vigentes, suprima aquellas desuetas y armonice las restantes entre sí. Este código sería actualizado sólo por el ministerio, en concertación con las distintas entidades públicas y privadas interesadas. Las facultades otorgadas por la Constitución a las entidades territoriales se reservarían entonces a aquellos casos en que las condiciones locales hagan necesaria una norma más estricta, la cual no se daría sin la debida justificación técnica ante el ministerio y su autorización explícita, como con acierto está previsto en el proyecto.



Aunque parecería que en el proyecto se adopta el concepto de la licencia única ambiental, es necesaria una mayor claridad porque en otras partes del articulado se habla de "concesiones, patentes, permisos, autorizaciones y licencias". Lo que sí parece claro es que el proyecto no centraliza las funciones de control y vigilancia. Las corporaciones autónomas, los departamentos, los municipios, otras entidades territoriales y en algunos casos hasta el propio ministerio, deberán ejercerlas, se supone que en conjunto con las autoridades de salud y los ministerios de Minas y Agricultura. Ambigüedad, duplicación, multiplicidad de competencias, diversidad de criterios en la interpretación y aplicación de las normas, confusión en el usuario, tramitomanía, burocracia, corrupción e ineficacia serán las consecuencias.



En lugar de un interlocutor único con el cual concertar su manejo ambiental, el usuario deberá hacer frente constantemente una tras otra a diversas entidades con distintos criterios y variada capacidad técnica. Basta conocer la excelente organización humana y costosa infraestructura técnica de la CVC y saber que sus logros en materia ambiental han sido obtenidos concertando soluciones con los usuarios y asesorándolos en la consecución de la tecnología apropiada, para pensar que la acción de los departamentos y municipios, casi todos ellos carentes de los recursos humanos y la capacidad técnica requeridos para llevar a cabo un control técnico y riguroso, será, en el mejor de los casos, poco efectiva y puede llegar a ser, en el peor de ellos, arbitraria y corrupta.

Una solución sería centralizar la vigilancia y control en las corporaciones autónomas y concentrar los esfuerzos y los recursos en volverlas fuertes, eficientes y eficaces en esa labor. Habría que lograrlo con 30 entidades, en lugar de más de 1.100. Los departamentos y municipios ejercerían su prerrogativa constitucional en este campo, sólo si el ministerio certifica su capacidad e idoneidad, y concentrarían más bien sus esfuerzos y recursos en la ejecución de las disposiciones de las corporaciones autónomas -a lo que por ley deberían estar obligados y en el desarrollo de programas ambientales nacionales, regionales y locales.

Por otro lado, nuestra biodiversidad y el auge que ya se inicia de la biotecnología en las áreas científica y empresarial a nivel mundial, le pueden permitir a Colombia proyectarse en la próxima centuria como uno de los líderes en la industria biotecnológica. El Cerrejón, Cerromatoso, Caño Limón y ahora Cusiana, constituyen el punto de apoyo en minería y petróleos que el país necesitaba para asegurar su entrada al siglo XXI en condiciones mínimas de bienestar y progreso. El aprovechamiento de nuestra biodiversidad podría ser otro importante polo de progreso en nuestra economía, a la vez que se constituiría en la fuerza reguladora del manejo sostenible de nuestros recursos renovables, con los consiguientes beneficios para todos.

Ojalá no nos suceda con nuestra biodiversidad lo que nos ocurrió con la quimera de nuestra copropiedad de la órbita geoestacionaria, la cual nos debía generar ingentes ingresos. No había que hacer nada, bastaba ser los dueños. Los institutos de investigación propuestos en el proyecto de ley del Ministerio del Ambiente pueden sin duda dar un paso necesario en el desarrollo de nuestra riqueza biotecnológica. No se puede usar lo que se desconoce; es necesario analizarlo, clasificarlo, investigar sus posibilidades de uso. Pero para hacerlo no se requieren tantas entidades distintas como las que se propone crear, con dualidad de funciones y hasta conflicto de competencias. Bien podría ser una sola, fuerte, organizada, con departamentos especializados pero bien coordinados entre sí, sin duplicaciones innecesarias, con menos burocracia, menores costos y mayor eficacia. En particular, no parece razonable que existan tres institutos para estudiar la biodiversidad, según la región del país. ¿Por qué no uno solo, con centros de investigación en las distintas regiones y una sola estructura administrativa?

Pero, aún más importante, si el país se va a beneficiar de su biodiversidad, no basta conocerla, es necesario desarrollar una industria biotecnológica local importante en torno a ella. Los suizos no tenían un solo árbol de cacao y sin embargo desde hace décadas derivan mayores beneficios que nosotros de la industria del chocolate. Por lo menos la órbita geoestacionaria no nos implicó un aumento inútil en la burocracia estatal. Nos sentimos dueños de la biodiversidad y nos olvidamos que lo importante es usarla para generar riqueza. Para que esto se logre, los institutos propuestos en el proyecto de ley -o la entidad única que aquí se propone como alternativa- deben tener también la función de promover el desarrollo de la industria biotecnológica.

Deben entonces realizar también las actividades de fomento requeridas para que se monten empresas de producción, procesamiento y comercialización, dentro de un aprovechamiento sostenible de nuestra riqueza biótica. Es con estas actividades que se genera desarrollo: inversión a largo plazo, empleo directo e indirecto, capital, tecnología, etc. Hay que tener un enfoque comercial. El instituto se beneficiaría al ofrecer sus descubrimientos a cambio de regalías de parte de las nuevas empresas y los ingresos serían destinados a su turno a realizar más investigación, con lo cual se crearían más oportunidades de inversión. La infraestructura estatal técnica y humana sería entonces el núcleo inicial para el desarrollo de la industria biotecnológica nacional.

Finalmente, hay que destacar el marcado sesgo antiempresarial del proyecto. Las empresas parecen ser el villano del paseo; no se concede espacio a la concertación con ellas, se les niega el acceso a la financiación de las soluciones ambientales a través del Fondo Nacional Ambiental (¿qué hará la pequeña y mediana empresa?), se les otorga una mínima representación, se las hace objeto de control por un sinnúmero de entidades y hasta se las somete a la amenaza de la parálisis. Parece necesario recordar al legislador que el sector productivo es aquel que crea la riqueza que permite el crecimiento económico y el desarrollo social y genera los recursos para implementar programas y soluciones ambientales. Al fin y al cabo, el "desarrollo sostenible" sólo se logra cuando hay armonía entre el crecimiento económico, el beneficio social y las leyes que protegen el medio ambiente y propenden por la explotación eficiente de los recursos naturales.
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