| 7/1/1994 12:00:00 AM

¿Aterriza la legislación ambiental?

Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente está sobre el tapete el tema de la normatividad ambiental. La ocasión parece propicia para que el país pase de las buenas intenciones a una toma de decisiones anclada en la realidad.

Una revisión de la legislación de recursos naturales y el ambiente está en camino. La ley de creación del Ministerio del Medio Ambiente Ley 99 de 1993) originó un proceso de examen de la normatividad ambiental que tiene en ascuas a la comunidad empresarial e industrial nacional. Esta será una oportunidad para mejorar las deficiencias del Código de Recursos Naturales y sus decretos reglamentarios.

La legislación ambiental de Colombia no es tan buena como suele decirse. Un análisis somero descubre costosos errores, que se destacan al evaluarla bajo criterios de eficacia y eficiencia La norma ambiental no ha sido eficaz. La realidad del deterioro actual no permite afirmar lo contrario. Nuestras ciudades de hoy son grandes contaminadoras por su crecimiento desmedido y sus complejas formas de polución. En la mayoría de los casos, la riqueza generada por el sector productivo no ha incorporado los costos ambientales de su actividad. El Código, cuyas disposiciones originales de vigilancia y control fueron mutiladas, no consiguió cambiar estas realidades. Y los decretos reglamentarios que adoptaron la política de control y sanción no lograron mayores éxitos .

La norma ambiental tampoco ha sido eficiente. Los objetivos de calidad de aire, agua y suelos se trataron de conseguir con mecanismos que no enfocaron correctamente el problema ni la solución.



De un lado, el legislador asumió que el problema era la contaminación per se, sin comprender que ésta es sólo el producto de factores negativos de la dinámica de población y desarrollo económico. Por ejemplo, el problema de contaminación por mercurio en la minería de oro, no es la contaminación en sí misma, sino los niveles de capitalización de la minería de subsistencia que no le permiten otra vía tecnológica. Los enfoques que sólo toman en cuenta la contaminación, pierden la visión de las verdaderas causas del fenómeno.

Del otro lado, el legislador asumió que la solución era la letra de la ley ordenando una conducta, sin comprender que la calidad ambiental buscada sólo se seguiría superando las limitaciones de los colonos taladores de bosques o de los contaminadores. A esto se debió el fracaso de las normas que ordenaron la descontaminación de los ríos en un determinado tiempo, sin consultar ni mejorar las capacidades de aquellos obligados a costosos y demorados cambios tecnológicos.



Lo anterior debe tenerse en cuenta Len el funcionamiento del Ministerio del Medio Ambiente. Cuando desarrolle la ley y revise los decretos vigentes, su tarea debería guiarse por criterios de eficacia y eficiencia. Así las autoridades ambientales ejecutarían mandatos conducentes a los niveles de calidad ambiental fijados, y harían cumplir conductas de acuerdo con su mejor capacidad técnica y práctica y al menor costo para la sociedad.

La primera oportunidad de guiarse por dichos criterios será la reglamentación de las licencias ambientales. Estas serán poderosos instrumentos de la gestión ambiental del gobierno y principales condicionantes de la competitividad del sector productivo colombiano, pues han sido concebidas como autorizaciones que otorga la autoridad ambiental para la ejecución de una obra o actividad, sujetas al cumplimiento de unos requisitos de prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.

El Ministerio del Medio Ambiente podrá hacer de las licencias ambientales un escollo al desarrollo económico, o un instrumento de direccionamiento hacia el desarrollo sostenible. En el primer caso, serían licencias diseñadas para retardar o retener procesos productivos en virtud de un sesgo netamente ecologista. En el segundo caso, serían licencias encargadas de asegurar la sostenibilidad de las actividades autorizadas. Sólo en este último evento se estaría cumpliendo con la obligación ética de propender por un crecimiento económico que se base en el uso eficiente de los recursos naturales, a la vez que asegure una mayor equidad en el acceso a las oportunidades.



El tener criterios de eficacia y eficiencia como guías para la actuación administrativa del Ministerio y de las Corporaciones Autónomas Regionales exige responderse preguntas muy concretas. Una de ellas es a cuáles sectores y a qué órdenes de magnitud económica se refiere la Ley 99 cuando dice que requerirán de una licencia ambiental para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que, de acuerdo con la ley de reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje (artículo 49)

El Ministerio del Medio Ambiente tendrá que determinar si todas las explotaciones de minas y canteras, si todas las industrias manufactureras y todas las obras de construcción, que suelen introducir modificaciones considerables al paisaje y/o deteriorar los recursos naturales renovables o al ambiente, requieren licencia ambiental. También tendrá que definir si sólo las obras, industrias o actividades nuevas necesitarán licencias. Por ejemplo, deberá establecer qué sucederá cuando las actividades existentes necesiten renovar sus permisos, autorizaciones, concesiones y registros obtenidos bajo la legislación anterior. Por esta razón, la cuantificación de la tarea es clave para saber si el Ministerio y las Corporaciones serán capaces de cumplir con su función de otorgamientos de licencias, entre otras tantas.



La Guía Sectorizada de las Empresa,, Colombianas (Publicar S. A., Confecámaras y Cámaras de Comercio. 1993) ofrece una herramienta para el análisis de la magnitud del número de licencias ambientales que deberán otorgarse. Por ejemplo, si la autoridad ambiental se extendiese indiscriminadamente a toda la minería. la industria manufacturera y la construcción, como se supuso arriba, entonces, el Ministerio y las Corporaciones tendrían un universo de 67.073 (8.698 + 47.035 + 11.337) empresas de qué preocuparse. Luego las autoridades tendrían que decidir cuáles sectores y cuáles empresas (según rangos de activos, por ejemplo) requieren del control previo que supone ama licencia ambiental. Así se podrían calcular los tiempos de trámite y las responsabilidades de los funcionarios encargados de procesar la información. De igual manera se podría determinar y controlar los tiempos máximos que podría demorarse una licencia ambiental .

El correcto balance entre la capacidad real de los funcionarios, la agilidad requerida por el empresario y el deber social encomendado al administrador ambiental, es una expresión tangible del desarrollo sostenible. Las demoras innecesarias en el otorgamiento de las licencias ambientales, castigarán al empresario con una costosa indefinición y al ciudadano con menores fuentes de empleo.

Para alcanzar el adecuado equilibrio. la autoridad ambiental debe determinar en cuáles sectores y a qué niveles la sociedad requiere de su intervención. Podría pensarse que las 4-a775 empresas de servicios comerciales, sociales y personales, no tendrían que estar sujetas al control del Ministerio y las Corporaciones. Sin embargo, dentro de estos sectores se encuentran actividades como las de eliminación de desperdicios y aguas residuales, lavanderías, tintorerías y salas de cremación.

Tal vez el ejercicio de determinar los casos que requerirán licencia ambiental se deba hacer mediante una lectura cruzada de La información. Miles de actividades de agricultura, caza, pesca, silvicultura, explotaciones mineras, industrias manufactureras, construcciones. comercio al por mayor y al detal, transporte, almacenamiento, comunicaciones, establecimientos financieros, de seguros, servicios comerciales, sociales y personales deberán estar exentas de la obtención de la licencia ambiental. Los criterios para preseleccionar las actividades que requieren licencia, bien pueden estar basados en factores como nivel de activos, localización y análisis de costo beneficio.

Y finalmente, el Ministerio y las Corporaciones deben juzgar sus capacidades en función de la magnitud de la tarea. Si ésta es demasiado grande, deben limitarse a las intervenciones más eficaces en el logro de los objetivos de calidad ambiental propuestos.

Si la reglamentación de las licencias ambientales consigue el equilibrio entre las necesidades sociales y económicas, y la administración racional de los recursos naturales, la calificación futura de la norma ambiental será muy superior a la que reciben hoy las normas del pasado.
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