| 1/1/1993 12:00:00 AM

Apertura e inflación

A pesar de todas las promesas y aparentes esfuerzos del gobierno, la inflación no ha bajado. En diciembre de 1991 la inflación acabó en 26,8% y a julio de este año el equivalente anual alcanzó la decepcionante cifra de 28,4 %. Julio registró un alza cercana al 2,0%, con lo cual la inflación acumulada para el año es de 20,12%. No es difícil adivinar entonces que será imposible alcanzar la tan anhelada meta del 22%.

Las variables claves para controlar la inflación son el déficit fiscal y el crecimiento de los medios de pago. En una economía abierta es cada vez más difícil controlar los medios de pago, cuya principal fuente de crecimiento son las reservas internacionales. De hecho, en estos momentos la masa monetaria crece al 47% equivalente anual, cifra sin precedentes en nuestra economía. Esta expansión monetaria representa una presión sobre los niveles de precios, pero al mismo tiempo estimula la demanda, otorga liquidez y ha permitido una impresionante disminución en las tasas de interés.

Por otro lado, el gobierno ha coadyuvado a que bajen los costos de producción, al

reducir aranceles. La reevaluación del peso ha contribuido a abaratar las importaciones. El déficit fiscal, por otra parte, está bajo control, con niveles inferiores a un punto del PIB.¿Por qué entonces, en estas condiciones de reducción de costos de producción, abundancia de crédito, caída en tasas de interés y austeridad fiscal, no ha cedido la inflación?

Varios factores permiten explicar esta paradoja.

En primer lugar, debe considerarse un elemento al cual no se le ha dado la importancia que merece: las expectativas de los agentes económicos. El factor inercial de la inflación sólo puede ser manejado modificando dichas expectativas. Estas sólo cederán en la medida en que el plan económico del gobierno tenga credibilidad, y difícilmente gozará de ella mientras los hechos no ratifiquen las proyecciones de las autoridades económicas.

Lo anterior conlleva que a pesar de la seriedad que el gobierno ha querido darle al programa antiinflacionario, los agentes continúan indexando los contratos de mediano y largo plazo a tasas mayores a la meta de inflación. Este fenómeno origina la permanencia estructural de un componente inercial de la inflación.

En segundo lugar, la disminución que en lo corrido del año registran las exportaciones no tradicionales, la inevitable disminución en el mediano plazo de las exportaciones de café, el freno que se ha puesto a la entrada de capitales con la reforma tributaria, a través de la sobretasa de renta y el impuesto de $600 por barril de petróleo, así como la reducción en las tasas de interés, hacen prever una menor entrada de divisas, y por tanto, una menor reevaluación o mayor devaluación, depende como se le mire. Mayor devaluación significa mayor inflación. El tercer aspecto, y a mi juicio el que ha sido responsable en gran medida del poco éxito de la estrategia anti-inflacionario, es la inexistencia de una adecuada estructura de la oferta de productos en general, que no ha podido ser aún modificada por la apertura económica, en especial en ciertos sectores productivos.

Los niveles de precios no dependen únicamente de los costos de producción, sino también de la estructura de la oferta. Por esta razón, no importa que el índice de precios al productor registre un crecimiento de 21% anual a julio, mientras esa disminución no se traslade al consumidor. Los productores monopólicos, que no enfrentan competencia doméstica o importada en el mercado, pueden subir los precios en forma indiscriminada, y al tiempo apropiarse de la reducción de costos que deberían haberle trasladado al consumidor.

Esto es lo que ha venido sucediendo, en medio de la apertura, en los bienes no comercializables internacionalmente, ya sea por las características propias de estos bienes, o por la ausencia de medidas que induzcan la competencia.

En cuanto a los bienes comercializables internacionalmente, la apertura ha contribuido efectivamente a introducir competencia, y por tanto a modificar la estructura de la oferta. El único escollo en esta categoría de bienes continúa siendo el sector agrícola, al cual no le ha llegado la apertura.

Cálculos de inflación por sectores de origen, muestran que mientras los productos industriales registran a julio una inflación anual de 21,3%, los productos agropecuarios crecen 46,5% y los servicios del gobierno 30,6%. Estas cifras confirman la proposición anterior: la inflación se concentra en el sector agrícola y en los servicios del estado. Al primero no le ha llegado la apertura, y el segundo no tiene competencia, pues los servicios no son transables internacionalmente. Es la industria el único sector, que gracias a la apertura, ha contribuido a que el ritmo inflacionario no sea mayor.

La apertura no ha llegado realmente al sector agrícola, porque con el sistema de franjas arancelarias, o sea aranceles variables con los precios internacionales, las importaciones agrícolas continúan con aranceles promedio de 35%, contra 17% del promedio de bienes de consumo. Los aranceles se liquidan sobre precios de referencia fijados por el Ministerio de Agricultura y no sobre el precio de la importación. Con estos sistemas, es prohibitivo importar alimentos. Los consumidores colombianos nunca ven bajar los precios agrícolas de los 111 productos que están en el sistema de franjas de precios, porque están diseñadas especialmente para ello: para que las disminuciones en precios internacionales no lleguen al país. Se compensan con un sobre arancel cuando los precios externos bajan más de cierto punto. Y dada la metodología de las franjas, los precios externos siempre son menores que el piso de la franja, lo que conduce a que se cobre sobre arancel.

La yuca, papa, cebolla, zanahoria, arveja, repollo y acelga registran incrementos de más del 80% en un año. No son comercializables internacionalmente, con excepción de la papa. Sin embargo estos productos, con excepción de la consabida papa, no pesan mucho dentro de la canasta. Son la carne, con un incremento del 56% anual, y la leche con 31%, los que han desbocado los precios agrícolas, además de la papa. Para premiar a los ganaderos, el gobierno le ha otorgado Cert a la carne para fomentar las exportaciones, disminuir la oferta doméstica e incrementar más aún los precios, en un momento en que el degüello de ganado decrece a una tasa de 10% trimestral.

Ahora, en la industria la situación es distinta. Efectivamente han bajado los costos de producción, pero estas disminuciones se han trasladado al consumidor en los productos donde hay competencia, ya sea doméstica o de productos importados. Es el caso de las llantas, que han bajado nominalmente de precios; los vehículos que han crecido -¡por fin!- a tan sólo 6% en un año; las esponjillas con 10%; el vestuario 22%; los utensilios domésticos 14%; el jabón de barra 20% y los juguetes 19%. Donde no hay competencia en la producción, los precios sí han crecido por encima de la inflación, aunque no en las mismas proporciones de los servicios públicos ni de los alimentos. Las gaseosas han aumentado 33% en un año, la cerveza 40%, las cuchillas de afeitar 37% y las pilas 41,5%.

Las gaseosas no son comercializables internacionalmente, pues el producto es muy barato y el peso muy alto, lo que hace ineficiente su transporte. Hay dos productores de gaseosas en el país. La cerveza, las cuchillas de afeitar y las pilas se están importando, pero los precios son superiores o iguales a los domésticos, por lo que no ha habido una presión a la baja. Por otra parte, muchos de los productos que registran altos incrementos en

precios como las drogas y cuadernos, se están recuperando de estructuras de precios distorsionadas por el control anterior.

Por último, el otro foco de inflación son los servicios prestados por el gobierno, como agua, luz, teléfonos y gas, que generalmente no son comercializables internacionalmente y su prestación es monopólica. Los efectos son claros: el gas

ha aumentado de precio 43% anual, la energía eléctrica 32%, el aguardiente 35% y la gasolina va con la inflación general, en 28%.

Es posible que estos servicios no puedan importarse, pero se puede aprovechar a coyuntura para estimular la competencia por parte del ,sector privado. Este es el sentido del proyecto de ley eléctrica y el de servicios públicos domiciliarios. El espíritu de la ley eléctrica, cuyo trámite se hará en esta legislatura, es subsanar las deficiencias estructurales del sector eléctrico, mediante la libertad de entrada,

tanto para el sector público como para el privado, a las actividades de generación

de energía, y mediante la libertad en la fijación de las tarifas.

La apertura puede ser la clave para controlar la inflación. Pero para que esto suceda de manera efectiva, se requiere que sea general. El sector agrícola no

puede recibir la misma protección de hace tres años, cuando contaba con el sistema de precios de sustentación. Por otra parte, con el propósito de mantener una oferta adecuada de bienes y servicios no comercializables, en especial los servicios del estado, es de crucial importancia apoyar las iniciativas que propendan por la eliminación de los monopolios estatales.

Si esto no se lleva a cabo, si la apertura no se extiende a todos los sectores con la misma profundidad que ha sufrido la industria, que portal hecho sus precios se han ubicado por debajo de la meta de inflación, quienes terminarán pagando la protección del estado hacia sí mismo y hacia sectores privilegiados de la producción, son los 30 millones de colombianos.
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