Así sería la venta de Telefónica

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Así sería la venta de Telefónica
El pasado viernes el ministro de Hacienda anunció que ya hay un consorcio de bancas de inversión valorando la participación del Gobierno en Telefónica a través de Coltel, así debería ser el proceso para lograr la venta de la empresa.
Por: Dinero.com05/02/2018 11:22:00

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló hace unos días que la inversión que tiene el Gobierno en Coltel, hoy conocida como Telefónica, es “una inversión no estratégica del Gobierno porque en el sector de las telecomunicaciones el sector privado puede proveer todos los servicios”.

Y agregó que la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) “ha recomendado que el Gobierno sea el regulador y no tiene que ser el operador”.

Por esta razón, y luego de capitalizar la empresa con  $1,2 billones que se suman a $537.000 millones del laudo arbitral contra el Ministerio TIC, el Gobierno contrató a un consorcio de bancas de inversión integrado por BNP Paribas, Bank of America y Bancolombia para la valoración de las acciones que posee en la misma y que corresponden al 32,5%.

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Una vez el consorcio de bancas de inversión determinen un valor para las acciones de la empresa, el Gobierno tendrá que decidir si acoge dicho valor y lo aplica para la venta de su participación en Coltel o si, por el contrario, decide un valor inferior o superior al determinado por los tres bancos.

Con un precio fijo, se anunciará la venta en dos rondas: la primera para el sector social solidario, es decir los empleados y pensionados de la empresa, Administradoras de Fondos de Pensiones, etc; y otra abierta para cualquier interesado.

Para la primera ronda, además, la ley establece que el Gobierno debe permitir condiciones especiales para que el sector solidario acceda a las acciones de la empresa, como un descuento en el valor por acción o un plazo amplio para recibir el pago de la compra.

Usualmente, y para evitar un posible detrimento patrimonial, los funcionarios públicos a cargo de la venta de participaciones estatales optan por dejar un ligero descuento en el precio de la acción y establecer plazos de pago cercanos a un año.

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Para la segunda ronda, lo usual es que el Gobierno establezca una subasta y la empresa sea entregada a quien ofrezca el mejor pago.

Una vez agotada esta etapa, la venta se cierra con un contrato de compraventa que incluye una serie de condiciones establecidas y anunciadas por el Gobierno antes de la subasta.

Por ejemplo, en el caso de la venta de Isagén, el Gobierno impuso como condición que no daría garantías sobre la empresa por lo que los interesados podían visitar la empresa y realizar la debida inspección para decidir si participarían o no.

La venta de participaciones en una empresa en el país tarda entre tres y seis meses. Sin embargo, cuando el vendedor es el Estado, el proceso suele ser mucho más largo pues lo usual son las demandas, acciones populares y tutelas de todo tipo que retrasan el proceso e incluso pueden tener un efecto adicional sobre la valoración de la empresa.

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