| 2/4/2005 12:00:00 AM

Reforma del Estatuto de Contratación o Ley 80

En qué va: Su votación en la Comisión I de la Cámara se aplazó. Qué le falta: Los 4 debates. De qué trata: Crear un Sistema de Contratación Único más eficiente y transparente.

Reforma del Estatuto de Contratación o Ley 80
Estuvo en discusión durante la última semana de sesiones del Congreso en la Comisión I de la Cámara. Sin embargo, su votación fue aplazada. Por tanto, si no se vota antes del 20 de junio, se hunde, pues completa un año sin que ni siquiera la ponencia fuera votada en primer debate. Además, por proposición de los mismos ponentes, se sometió a audiencias públicas en las que participaron gremios, contratistas, funcionarios públicos y académicos. No obstante, se está proponiendo que lo incluyan en la agenda de las extras.

Para senadores como Víctor Renán Barco, es un proyecto complicado pues "terminar la corrupción con leyes no es fácil".

Uno de los grandes problemas que tiene la ley 80 de 1993 es que fue concebida para ser la regla general y terminó siendo la excepción, pues hay 32 regímenes especiales no amparados bajo esta ley. "Hay más de 30 maneras de eludir la selección objetiva de la contratación, desde las cooperativas de municipios que contratan sin licitación hasta las empresas de servicios públicos que tienen un régimen especial de contratación", comenta el senador Antonio Navarro.

La reforma busca generar un régimen único (salvo el Banco de la República y las empresas de servicios públicos) que genere certidumbre y estandarice procedimientos, cambios en la regulación del Registro Único de Proponentes de las Cámaras de Comercio y el uso de tecnologías de la información para mejorar la eficiencia y reducir la corrupción en la actividad contractual.

Los opositores de la reforma creen que la toma de decisiones en la administración pública va a ser más engorrosa. "En el fondo, hay interés de los políticos de seguir contratando a dedo. A esta ley le hicieron modificaciones inconvenientes y va a necesitar reparaciones importantes. Confío en que en la Comisión I de Senado haya un mejor ambiente. Debe haber presión de la opinión pública", afirma Navarro.

La contratación estatal es el principal instrumento de ejecución del gasto público, que representa cerca del 16% del PIB. Por esto, garantizar su eficiencia y transparencia para limitar las prácticas corruptas tendría un impacto significativo sobre la ejecución del gasto e importantes ahorros fiscales.

El Instituto de Ciencia Política cree que se debe mejorar la evaluación y planeación de los proyectos y su financiación, así como compromisos éticos y culturales de los funcionarios públicos y contratistas.
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