| 7/6/2007 12:00:00 AM

Ley de Desarrollo Rural

Ley de Desarrollo Rural
Desde el inicio de sus debates en el Congreso, la "Ley de Tierras" se encontró con grandes contradictores. El Procurador general de la Nación advirtió que podría prestarse para el lavado de activos y las organizaciones campesinas e indígenas aseguran que la ley se presta para legalizar predios adquiridos con escrituras fraudulentas y les permite a los latifundistas y narcoparamilitares legalizar sus tierras.
 
Y es que en su artículo 138 la ley establece tres requisitos para acreditar la propiedad privada sobre un territorio: títulos originarios expedidos por el Estado, cualquier prueba de que ese derecho de dominio sobre el territorio haya salido legítimamente del Estado o títulos debidamente inscritos en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.

Algunos analistas afirman que esta es una norma peligrosa si se tiene en cuenta que Colombia tiene altos grados de concentración de la tierra y no existe información exacta sobre los terrenos arrebatados a los campesinos.
 
Sin embargo, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, autor de la ley, asegura que su aprobación va a permitir blindar el tema de tierras para las familias desplazadas y la reestructuración del Incoder. "Esta última será una entidad más ligera en carga administrativa y burocrática y se dedicará a hacer más presencia regional orientando a los campesinos para que accedan a convocatorias de subsidio", explica Arias.
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