| 11/5/1999 12:00:00 AM

La nueva ley de intervención económica

La nueva ley de intervención económica
Esta encrucijada financiera de las empresas condujo al Gobierno a presentar al Congreso un proyecto de ley de intervención económica para hacer posible institucional y financieramente la salvación de las empresas.



La institucionalidad del concordato (ver edición No. 79), diseñada para enfrentar pocos casos en épocas económicas normales, ha resultado ineficaz para encarar la vulnerabilidad financiera de tantas empresas en épocas de crisis generalizadas. La coordinación entre los acreedores para la distribución del riesgo ha sido muy difícil por las prioridades de crédito previstas, los poderes de veto de empresarios y pequeños acreedores y las reglas de decisión que requieren al menos el 75% de las acreencias. El arbitraje de la Supersociedades para cada caso es lento y no siempre eficaz, con lo cual conduce a una mayor liquidación de empresas de lo deseable. La gobernabilidad corporativa durante el proceso concursal ha fallado, por la debilidad de las juntas de acreedores concordatarios y la inamovilidad de la administración. Finalmente, y más importante en las actuales circunstancias, el proceso concursal ha movilizado muy escasos recursos nuevos para salvar las empresas en dificultades y ha terminado más bien por deshuesarlas o liquidarlas. El proyecto del Gobierno busca precisamente atender estas debilidades.



Coordinación



Se propone un nuevo acuerdo de reestructuración para hacer más expedita y equitativa la asunción de riesgos por los acreedores externos e internos de la empresa privada o pública en dificultades. Es una especie de convención colectiva vinculante para el empresario y todos los acreedores. Este acuerdo, que puede ser solicitado por el empresario, por varios acreedores o por las Superintendencias, es de obligatorio cumplimiento para todas las partes, tendrá un período de elaboración de máximo diez meses y vigencia por 3 años. La clave del acuerdo es la transformación de las reglas de coordinación entre las partes, que buscan eliminar casi todo privilegio hoy vigente: la DIAN ya no tendrá prelación ni los acreedores con garantía real ni los propietarios ni los trabajadores (excepto en cuanto a pasivos pensionales). Toda prelación previa desaparece y solo queda vigente la acordada por las partes. Todas las acreencias (tanto créditos como capital social) se transformarán en nuevos derechos de voto para definir el destino de la empresa, con gran simplicidad en los procesos decisorios, pues se requerirá apenas mayoría absoluta (51%) para los acuerdos de obligatorio cumplimiento. Se hace posible la subrogación de deudas y que sociedades de inversión compren parcial o totalmente los derechos de voto.



Del viejo esquema procesal, se pasa a un mecanismo puramente contractual, que debe ser definido entre las partes, que desjudicializa la solución de conflictos entre particulares e introduce mayor disciplina de mercado.



Promoción



La primacía actual de la Supersociedades en los concursos da paso a la figura del promotor del acuerdo, personas naturales de idoneidad profesional, solvencia moral e independencia seleccionadas por las cámaras de comercio, cuya función es servir como componedores amigables entre las partes y serán pagadas por comisiones de éxito. Mediante el acuerdo, que tomará como máximo 10 meses desde el momento en que se lo solicite (ver recuadro) se definirán la prelación, plazos y condiciones en las que se pagarán tanto las acreencias anteriores al acuerdo como las que surjan con base en lo pactado.



Trámite

Gobernabilidad



Para mejorar la gobernabilidad de la empresa durante el proceso, se establecen normas fuertes para asegurar la disponibilidad de información de buena calidad (por ejemplo, adoptando rápidamente estándares internacionales de contabilidad), fortalecer la dirección y el control interno, proteger los derechos de los accionistas minoritarios y generar mejores reglas de comportamiento mediante la adopción de un código de ética empresarial. En caso de que el acuerdo no sea viable, se agiliza el proceso de liquidación, dando por terminados automáticamente los contratos de trabajo y facilitando la subasta pública para enajenación de los bienes.



Los recursos



El proyecto genera múltiples facilidades para allegar nuevos recursos. Se levantan las medidas cautelares y se suspenden todos los procedimientos de ejecución por créditos contra el empresario o sus garantes; se flexibilizan las condiciones y plazos para la suscripción y pago de capital; se permite negociar los pagos por deudas fiscales, se habilitan acuerdos temporales con sindicatos y trabajadores para suspender parcial o totalmente prerrogativas extralegales a cambio de la conservación del empleo; se prevé y permite la capitalización de pasivos laborales, excepto los de seguridad social; las entidades financieras y otros acreedores podrán suscribir voluntariamente acciones y bonos de riesgo en la empresa. Las empresas con acuerdo de reestructuración, finalmente, tendrán prioridad en el acceso de los recursos de la banca de segundo piso, como el IFI o Bancoldex.
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