| 8/27/1999 12:00:00 AM

Universidades Con matrícula condicional

A la Universidad de los Andes, la más costosa del país, no se le han caído las matrículas a pesar de la crisis de la economía. Esto no significa que a las familias que envían a sus hijos a universidades de élite les esté yendo mejor que a las demás. Por el contrario, en el semestre que acaba de comenzar, 1 de cada 3 alumnos de Uniandes sólo pudo continuar sus estudios porque logró un crédito con la universidad o con el sector financiero para pagar la matrícula.



La entidad está haciendo grandes esfuerzos para financiar a sus estudiantes y evitar que deserten por falta de recursos económicos. La cartera de sus propios estudiantes que Uniandes administra se acerca ya a $2.600 millones, mientras que la FES y algunos bancos manejan otros $2.700 millones de los alumnos uniandinos.



El desajuste entre el crecimiento de las matrículas y el deterioro de la situación económica de los padres de familia se está convirtiendo en un problema mayor para las universidades colombianas. El lío viene de atrás y se ha agravado con el incremento en el desempleo y la reducción en el ritmo de crecimiento de los salarios. El desequilibrio se profundizó entre 1997 y 1998, pues mientras los salarios aumentaron cerca de 18%, siguiendo la inflación, el 73% de las instituciones de educación superior incrementó sus matrículas entre el 21% y el 23%. Pero las consecuencias más graves se están viendo este año. Según un estudio realizado por el vicerrector de los Andes, Alfonso Mejía, durante el primer semestre de 1999 por lo menos 136.000 estudiantes universitarios abandonaron o postergaron sus estudios por problemas económicos, lo que representa el 17% de una población universitaria de 800.000 estudiantes. El ingreso de las universidades se ha reducido en cerca de $200.000 millones por esta causa.



Diferir el pago



Para frenar la deserción, un buen número de instituciones tuvo que redoblar sus esfuerzos en la financiación de sus alumnos o en diferir el pago de la matrícula a corto, mediano y largo plazo. Además, han surgido otras opciones como medias matrículas y flexibilización del currículo en carreras que antes no admitían esta posibilidad.



Guillermo Salah Zuleta, rector de la Universidad del Rosario en Bogotá, asegura que se logró mantener a cerca del 30% de los 2.600 estudiantes de pregrado mediante ayudas de financiación. Ese esfuerzo le representa una cartera por cobrar superior a los $1.920 millones para este semestre. "Lo grave del caso es que en todas las universidades se están haciendo esfuerzos para recortar gastos y aplazar inversiones que no afecten lo académico, pero ese ritmo no se puede sostener demasiado tiempo y las entidades privadas no podemos recibir recursos del Estado y menos subir las matrículas en las actuales condiciones", estima Salah, quien también es presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun).



Sostiene Salah que es imposible mantener ese ritmo de financiación, pues aunque los préstamos siempre son pagados (se requiere estar a paz y salvo para volver a matricularse), es común que la cartera vencida sólo se recupere hasta el final del semestre.



El rector del Icesi de Cali, Francisco Piedrahíta, asegura que durante los últimos 4 semestres las ayudas económicas a los estudiantes se incrementaron hasta el 20% de la población, es decir, cerca de 500 alumnos de pregrado continuaron sus estudios mediante beneficios como descuentos en la matrícula, becas de honor, becas de calamidad y préstamos auspiciados por el Fondo Patrimonial.



El Icesi logró un récord de 180 estudiantes matriculados al primer semestre de Administración de Negocios Internacional. Sin embargo, la reducción en las matrículas para posgrados sí fue significativa, como ha ocurrido en casi todos los programas de posgrado en el país. Por lo general, las empresas patrocinan a sus trabajadores en este tipo de estudios y éste es uno de los renglones que más ha sufrido en el ajuste general de gastos del sector privado.



El Icetex ha entrado a dar apoyo a las universidades en esta coyuntura, pero sus recursos son insuficientes. Según su directora, Luz Marina Chica, el Icetex ha colocado este año en créditos educativos más de $42.000 millones, un presupuesto demasiado pequeño que correspondería a las necesidades de financiación de apenas 10 universidades, cuando hay cerca de 190 instituciones universitarias. El Icetex ha prestado también sus servicios a las universidades administrándoles la cartera pero, aunque hay 56 convenios vigentes para desarrollar esta labor, el costo adicional que esto implica ha generado rechazo por parte de algunas instituciones.



Buscando la salida



Como todo el mundo en estos tiempos de debilidad económica, las universidades se han visto obligadas a redoblar esfuerzos por aumentar ingresos y bajar costos. Las universidades deben moverse pronto para diversificar sus fuentes de ingresos pues las matrículas, que hasta ahora han representado entre el 60% y el 80% de su presupuesto total, ya no pueden seguir siendo la base para crecer.



Hay otros ingresos a los que las instituciones de educación superior ya les están apuntando, como la venta de servicios de investigación y consultoría y la educación continuada. Pero esta área tampoco ha crecido al ritmo que se requiere.



De acuerdo con el último informe del Icfes sobre financiación de la educación superior privada, la venta de servicios aportaba el 4,5% de los ingresos de las universidades en 1997 y tuvo un crecimiento positivo durante los últimos años. Sin embargo, los ingresos por educación continuada se redujeron entre 1994 y 1997, en apariencia porque algunas entidades prefirieron concentrar sus esfuerzos en programas de posgrado o especialización y no en cursos de corta duración como diplomados o seminarios. Lamentablemente, el Icfes no tiene información sobre lo ocurrido desde 1997, aunque es evidente que universidades como los Andes, Icesi, Eafit y Javeriana le han dado gran importancia a la generación de ingresos por esta vía.



Según el rector de los Andes, Carlos Angulo, en esta institución la generación de diplomados o seminarios vinculados a convenios con empresas ha tenido mucho éxito, pues esta modalidad permite diseñar los cursos de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Hasta el momento, sin embargo, la venta de servicios es la que más dinamismo muestra. De los $80.000 millones de presupuesto con que cuenta Uniandes para 1999, el 55% corresponde a ingresos por matrículas de pregrado, el 25% a matrículas de posgrado y el 20% a ingresos por educación continuada, investigaciones y consultorías.



Por otro lado, queda el camino del incremento en la eficiencia y los recortes presupuestales. Poco se sabe en Colombia sobre benchmarks de desempeño de eficiencia universitaria, pero es evidente que en este terreno nuestras universidades tienen mucho por ganar, al reducir burocracia, elevar los niveles de eficiencia presupuestal y operativa, mejorar infraestructura tecnológica e incrementar productividad, tanto de la planta docente como del personal administrativo.



Un elemento que ayudaría a frenar el gasto en planta docente sería la racionalización de los aumentos de salarios de profesores en el sector estatal, que actúan como indicador principal a la hora de negociar salarios en el sector privado.

Financiar la demanda



La crisis actual sólo pone de presente los problemas de largo plazo de nuestra universidad. Colombia registra uno de los índices más bajos de población con educación superior, pues sólo un 7% de los colombianos ha realizado estudios universitarios. La abstención para entrar a la universidad se acerca al 50%. De los 426.000 estudiantes que presentaron el examen del Icfes en 1998, sólo la mitad se matriculó en una institución de educación superior.



"Uno de cada tres alumnos tuvo que buscar un crédito para matricularse", Carlos Angulo, rector de Uniandes.



"Estamos dando apoyo en la difícil coyuntura, pero los recursos son insuficientes", Luz Marina Chica, del Icetex.





¿Cómo financiar nuestras universidades en el largo plazo? Una opción que está comenzando a utilizarse es la emisión de títulos valores. De acuerdo con Gabriel Naranjo, vicerrector financiero de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la buena experiencia que esta entidad tuvo con la emisión de bonos por $5.000 millones hace 6 años la llevó a estructurar un nuevo tramo por $20.000 millones, que está a punto de ser aprobado por la Superintendencia de Valores. Eafit también emitió bonos por $2.000 millones hace unos años y logró colocarlos con éxito en el mercado.



Pero, aunque para las universidades es muy positivo contar con esta posibilidad, que reducirá sus costos de endeudamiento, el mercado de valores no va a resolver su problema estructural de fuentes de ingresos. En el fondo, hay que encontrar mecanismos de financiación de la demanda que permitan a los individuos conseguir los recursos necesarios para adelantar sus estudios superiores.



Un grupo de universidades pertenecientes a Ascun está diseñando unas propuestas para presentarlas al Icfes y al resto del gobierno en noviembre próximo. La primera opción plantea la creación de un fondo especial de garantías para estudiantes que facilite el acceso al crédito del sector financiero, pues está comprobado que un buen número de muchachos no califica para un crédito estudiantil pues, o bien se encuentra reportado en una central de crédito, o no cuenta con las garantías necesarias para acceder al préstamo.



Pero, además, aparte de ofrecer financiación a los estudiantes, hay que ofrecerles ayuda. Hay dos opciones, ambas dependientes de reformas en el régimen de tributación parafiscal. Por un lado, el vicerrector de los Andes, Alfonso Mejía, y un grupo de universidades han planteado la posibilidad de crear un fondo o banco de segundo piso que se alimentaría con el 1% del aporte que las empresas entregan al Sena, manteniendo el otro 1% para esta entidad. Esto representaría cerca de $250.000 millones, que serían ayudas efectivas para 148.000 estudiantes que se matriculasen en programas de pregrado, con un costo anual de $3 millones en promedio.



La otra opción sería permitirle al empresario direccionar los recursos del aporte parafiscal para financiar la educación de sus propios empleados, en lugar de trasladar estos recursos al Sena. El sector privado, además, debe entender que entre sus responsabilidades de largo plazo está la financiación de un sistema de estudios superiores. En los países desarrollados, los aportes y donaciones de las empresas constituyen un componente fundamental de los ingresos de las universidades.

"El crédito también debe cubrir la manutención del estudiante", Carlos Forero, de Ascun.



Carlos Forero, secretario general de Ascun, sostiene que además de financiar la matrícula, una buena política de crédito educativo también debería contemplar crédito para la manutención del estudiante, en especial para aquellos de otras regiones que se desplazan a las ciudades capitales en busca de centros educativos.



La última alternativa es buscar fondos de la banca multilateral, como el BID y la Corporación Financiera Internacional, adscrita al Banco Mundial. Tal y como le está ocurriendo al sector productivo, la actual crisis económica obliga a las universidades privadas a replantear estrategias y tácticas para sobrevivir en una economía que se redujo de tamaño frente a la que teníamos hace apenas 4 años. Pero el problema no es sólo de las entidades, pues el país necesita unas entidades fuertes de educación superior si pretende alcanzar las metas de largo plazo. Las universidades tienen que hacerse más eficientes y ajustar su producto a las necesidades del sector privado. Pero, al mismo tiempo, la empresa privada y el gobierno tienen que ayudarlas para que logren convertirse en las instituciones fuertes que necesitamos en el largo plazo. Al final, una cosa es clara: todos están viajando en el mismo barco.
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