| 4/2/2004 12:00:00 AM

Una reforma necesaria

El gobierno presentará de nuevo un régimen para los impuestos de las entidades territoriales. Es una ley muy importante que tendrá dificultades para pasar en el Congreso.

El Estatuto de Impuestos Territoriales es tal vez uno de los casos más interesantes de perseverancia legislativa. En versiones distintas, el proyecto se le ha presentado al Congreso cuatro veces en los últimos ocho años sin que haya sido considerado nunca. En la más reciente, en 2002, fue retirado para cederle espacio político a una reforma tributaria nacional y para incorporarle las recomendaciones de la Misión del Ingreso Público.

El proyecto de Estatuto compila las dispersas normas existentes sobre los tributos territoriales. Aclara las definiciones de los tributos, los sujetos pasivos y las bases gravables. Pero, además, propone un nuevo régimen procedimental y sancionatorio.

La importancia del proyecto es tal, que el Ministerio de Hacienda estima que solo la introducción de los nuevos procedimientos podría aumentar en 30% los recaudos de las entidades territoriales sin incrementar sus tarifas de impuestos.

Ese resultado fiscal se lograría por varias vías. Por carecer de un procedimiento propio para el cobro de impuestos, los departamentos y municipios deben emplear el establecido para los tributos nacionales, lo cual genera ineficiencias. El sistema de cobro nacional prevé términos y procedimientos adecuados para gravámenes que se pagan una vez al año. Con los tributos locales -al consumo de licores, por ejemplo-, que se pagan mensual o bimestralmente, las normas nacionales le imponen un ritmo extraordinariamente lento a su cobro. El proyecto que se presentará al Congreso, adecua los procedimientos de fiscalización y cobro al período gravable de los territorios.

Otro de los puntos más relevantes del proyecto de Ley es que les permite a los municipios actualizar sus registros catastrales, que son la base para el cobro del impuesto predial. Con ello, los alcaldes podrían contratar con entidades públicas o particulares la formación y actualización catastral, siguiendo las normas del IGAC, la entidad nacional que hoy está encargada de esta labor. Con ello podrían ampliar rápidamente sus ingresos.

Así, el proyecto ordena y facilita el avance de la descentralización fiscal, un elemento favorable para el país. "El crecimiento económico se induce desde las regiones y no desde la administración central", dice Juan Gonzalo Zapata, investigador de Fedesarrollo y experto en finanzas públicas.

Los municipios y departamentos, contra lo que muchos creen, no son un lastre fiscal. En los últimos años aumentaron sus ingresos y recortaron sus gastos hasta revertir su situación deficitaria y consiguieron excedentes presupuestales en 2003 (ver tabla). Es decir, no hay 'pereza fiscal' en el nivel local.

Además, un estudio de Zapata muestra que alrededor de 350 municipios tienen una situación financiera muy favorable y 40 tienen una particular claridad estratégica sobre su futuro. Con nuevos ingresos, podrían fácilmente emprender proyectos de provisión de bienes públicos locales, siempre que se les ofrezca claridad sobre la administración de sus recursos fiscales.

También hay posibilidades de crecimiento en algunos departamentos, como Nariño, o en organizaciones regionales, como las que están emprendiendo Bogotá y Cundinamarca o, de manera incipiente, los departamentos de la Costa Atlántica. Sin duda, para que esto ocurra se necesita el compromiso político alrededor de una iniciativa que infortunadamente muchos consideran perdida.

La opinión generalizada en el Congreso parece ser la de que el Estatuto se debe estudiar como parte de la reforma estructural a las finanzas públicas que, a su vez, forma parte del acuerdo político entre el Ejecutivo y los partidos, y no como un proyecto aislado. Por eso, es muy posible es que este año, de nuevo, se hunda antes de que inicie su debate.

El proyecto no tendrá dolientes, porque en su texto no están en juego de forma explícita los ingresos ni los gastos de departamentos o municipios, y porque el gobierno preferirá, como en el pasado, impulsar el trámite de los paquetes tributarios del nivel nacional, donde sí hay apremios y compromisos internacionales. Incluso en algunos aspectos, como la regulación del impuesto predial o los monopolios de licores, podría tener oposición abierta. A pesar de su orfandad política, el estatuto claramente es un texto que el país necesita.
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