| 5/11/2007 12:00:00 AM

Transferencias al paredón

A pesar de las modificaciones que ha sufrido el proyecto de reforma a las transferencias, su aprobación es necesaria para la estabilidad fiscal de la Nación. Sus detractores la tachan de ser una iniciativa que debilita el proceso de descentralización.

El proyecto de acto legislativo que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) ya superó su quinto debate en el Congreso de la República, y aunque el gobierno está satisfecho con el apoyo que ha obtenido de su bancada, algunos analistas advierten que la iniciativa ha sufrido unas modificaciones tan grandes a lo largo de las discusiones, que se puso en peligro la consecución de los objetivos que se habían planteado al inicio de la discusión legislativa: asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y lograr cobertura universal en educación y salud.

Al terminar la primera vuelta de debates, ya se había eliminado el carácter permanente de la reforma y se había aumentado sustancialmente el porcentaje de crecimiento de los recursos que se transfieren a las regiones. "Todo esto disminuye el alcance de la propuesta original, por lo que el gobierno debe mantener una posición firme en lo que resta del proceso, con el fin de evitar nuevos cambios que diluyan los acuerdos logrados hasta el momento", afirma un informe de economía y política de Fedesarrollo.

Sin embargo, lograrlo no será fácil, porque el proyecto ha generado mucha resistencia en la oposición, en el sector académico y por supuesto entre la clase política regional. El gobernador del Atlántico, Carlos Rodado Noriega, afirma que el debate sobre las transferencias se ha caracterizado por su falta de rigor conceptual, por la utilización de argumentos falaces y la presentación de cifras que no encuentran respaldo en la realidad.
 
"En el fondo, lo que se pretende es concentrar aún más el poder político y presupuestario de la nación en cabeza del ejecutivo central", puntualiza Rodado. En el mismo sentido, el Investigador de la Universidad Nacional, Darío Restrepo, asegura que desligar indefinidamente las transferencias de los ingresos corrientes de la nación (ICN), rompe completamente con el pacto constitucional de repartir equitativamente su riqueza y pone en peligro el modelo de desarrollo económico de las regiones.

Por ahora, la discusión seguirá en el Congreso de la República dónde el Partido Liberal y el Polo Democrático mantienen su oposición a la iniciativa.

Choque fiscal
Según un informe de Tendencia Económica de Fedesarrollo, la reforma del SGP es desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas, el proyecto más importante de la legislatura 2006-2007. Con la relevancia de la propuesta concuerda el director de ANIF, Sergio Clavijo.
 
"Si se aprueba, se lograrían desligar históricamente las transferencias de los Ingresos Corrientes de la Nación, poniéndolos en línea con el crecimiento de la población y el PIB real. Se evitaría generar una tensión adicional en materia de las finanzas públicas del Gobierno Central, y posiblemente se impulsaría a las regiones a poner una cuota de esfuerzo al ampliar y mejorar sus bases de tributación local", afirma.

El SGP fue reformado en 2001 por el acto legislativo 01 que rige actualmente. Éste determinó que las transferencias crecerían a una tasa real de 2% entre 2002 y 2005 y a una de 2,5% entre 2006 y 2008. En este sentido, en 2009 se terminaría la transición y las transferencias se incrementarían, como ordenó la Constitución Política de 1991, en un porcentaje igual al promedio de la tasa de crecimiento de los ICN durante los cuatro años anteriores.
 
Según Carolina Rentería, directora del Departamento Nacional de Planeación, de no aprobarse la reforma, los recursos del SGP registrarían un incremento de $4,2 billones de pesos en el año 2009, contando con que el país crezca cerca de 6% y si el recaudo de impuestos es bueno. "Este aumento haría que se incrementaran los gastos del gobierno y, con eso, el déficit pasaría de 2,1% del PIB a 3,6% en 2009. Adicionalmente, para el mismo año la deuda sería tres puntos mayor hasta alcanzar 46% del PIB en 2017, volviéndose insostenible y se dificultaría atender las necesidades de las regiones", puntualiza Rentería.

En este punto Carlos Rodado insiste que las transferencias no son la causa del déficit fiscal ni son su factor determinante. "El drama de las finanzas públicas colombianas debe analizarse de manera integral. Existen causas estructurales del déficit fiscal de la nación colombiana que generalmente se pasan por alto y no son adecuadamente analizadas.
 
Entre estas, las guerras que se libran contra la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes y la delincuencia común; los ejercicios imperfectos e inacabados de las reformas tributarias, el otorgamiento de garantías de deuda a entidades públicas, el rescate de empresas en crisis y la asunción de pasivos de entidades liquidadas," agrega Rodado.

De todas maneras, el proyecto puede llegar a aprobarse con la fórmula que pasó en quinto debate. Este prevé inicialmente un aumento de las transferencias en 2009 equivalente a la inflación causada más 4 puntos porcentuales, luego en 2010 de la inflación causada más 3,5 puntos porcentuales, entre 2011 y 2016, de la inflación causada más 3 puntos y de ahí en adelante, volverían a crecer al ritmo de los ICN. Además establece un punto adicional para educación entre 2008 y 2016.

Lo anterior difiere de lo propuesto originalmente por el gobierno y Fedesarrollo y advierte que en ese caso tendríamos una situación difícil: "un mayor déficit fiscal en el gobierno nacional central, un recorte significativo en otros gastos, o bien una meta de crecimiento económico prácticamente inalcanzable.
 
Por eso es importante que se insista en volver a la propuesta inicial, que por lo menos se quite el punto adicional para educación que se aprobó en cuarto debate, y que se le devuelva el carácter permanente al aumento de las transferencias".

¿Descentralización en retroceso?
El senador liberal Luis Fernando Velasco asegura que, si se aprueba la reforma, los más perjudicados serán los departamentos y municipios. "Si nuestra economía está creciendo a un ritmo del 6% y los ICN crecen por encima de esto, es absurdo que el gobierno quiera quitarle alrededor de $50 billones a las regiones que deberían ir directamente a inversión en educación y salud", afirma.
 
Sin embargo, la directora del DNP asegura que los recursos no se recortarán en términos absolutos. Para 2006 estos recursos serán de $16,4 billones y aumentarán aproximadamente $1,3 billones en los años siguientes hasta alcanzar $36,8 billones en 2019. "Las participaciones han crecido todos los años y lo que se busca con el nuevo acto legislativo es que estas sean estables, para planear y lograr el desarrollo de su territorio a partir de coberturas universales en salud, educación básica, agua potable y saneamiento básico", agrega.

Aunque Darío Restrepo reconoce que no se reducirá el valor en pesos de las transferencias, señala que hay una pérdida frente a lo que se debería girar según la Ley 715 que estableció el SGP. "Entre 2002 y 2006 las regiones dejaron de recibir $3,5 billones para educación, $3,39 billones para salud y $668.897 millones para otros sectores", explica.

Restrepo añade que la disminución en transferencias, la ha compensado el gobierno con gasto público directo desde el gobierno central. Entre 2001 y 2005 este gasto en las regiones aumentó 16,7%. El problema, dice, es que con la asignación centralizada del gasto los municipios y departamentos pierden autonomía y esto se acentuaría con la reforma propuesta.
 
"El gobierno dice que lo que las regiones dejarán de recibir, será invertido directamente desde el gobierno central. Esto es un retroceso para el modelo de descentralización constitucional y nefasto para nuestra democracia. La discrecionalidad del ejecutivo en la asignación de los recursos genera inequidad y debilita las instituciones", asegura. "El gasto se asigna a los problemas que el Presidente descubre cada fin de semana durante sus consejos comunitarios", añade.

El analista propone incluso un esquema para evitar el choque fiscal que implicaría el pago de $4,2 billones adicionales a partir de 2009. "Pueden girarse en un periodo más largo de tiempo y para generar estabilidad en los recursos transferidos se puede crear un fondo de estabilización en el que se guarde el 2% de los giros para utilizarlo en caso de que se presenten periodos de crisis", agrega.

Las cuentas de la mayoría de los economistas que siguen el tema muestran que, diferir en el tiempo el golpe fiscal no es una solución viable. Mientras todas las economías latinoamericanas aprovecharon los últimos años de bonanza para equilibrar sus finanzas, en Colombia todavía no se ha dado este paso que haría menos vulnerable al país frente a una caída del ciclo económico o a un choque externo. Lo que naturalmente parece indicado es corregir antes de que lleguen las vacas flacas.
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