| 10/30/2005 12:00:00 AM

Tira y afloja

El capítulo de propiedad intelectual ha sido uno de los más complejos en la negociación del TLC. ¿Cuáles son las posiciones de los países frente a este tema y qué implicaciones tiene?

Todavía está fresco el recuerdo de la salida de los técnicos del Ministerio de Protección Social del equipo de negociadores colombiano en el Tratado de Libre Comercio (TLC), hace poco más de un mes, por diferencias en el manejo del tema de propiedad intelectual, uno de los capítulos más espinosos en esta negociación entre los países andinos y Estados Unidos.

Al llegar a la etapa definitiva en este proceso, el tema de propiedad intelectual se debate entre la posición radical de Estados Unidos frente a la implantación y ampliación del plazo de la protección de datos de prueba y la de los andinos que abogan por la protección a la biodiversidad.

En la mesa de negociación se creó el paquete de intercambio de protección de datos de prueba, liderado por Estados Unidos, frente al de biodiversidad, liderado por los andinos, que tiene como finalidad generar un balance entre las propuestas presentadas por cada gobierno.

¿Cuáles son en detalle las posiciones de los países? Estados Unidos pide que la protección de datos de prueba de productos farmacéuticos sea por cinco años y que para productos agroquímicos sea de diez años, mientras que los andinos piden máximo tres años en ambos casos.

Para Estados Unidos, el objetivo es claro: garantizar la protección a sus multinacionales, que no siempre patentan todas las moléculas que desarrollan porque no saben si serán exitosas. Cuando las compañías deciden pedir la patente, la molécula entra en un proceso de evaluación de unos diez años, para comprobar que no genera ningún daño colateral y que es efectiva. Este proceso lleva tiempo y ante todo recursos económicos, porque el registro de la patente es por 20 años, y las compañías prefieren no exponerse a que la evaluación sea negativa.

La protección de los datos de prueba es la propuesta más atractiva para las multinacionales, porque se lleva a cabo cuando ya se tiene certeza de que la molécula es exitosa.

El debate Sin embargo, aceptar la ampliación del plazo propuesto por Estados Unidos les acarrea a los andinos un costo importante porque para estos países significa una restricción de cinco años en los que el genérico no puede entrar al mercado. Según el argumento de los países andinos y de los gremios, la población no tendría acceso a los medicamentos, se retrasarían los beneficios generados por la competencia y la multinacional podría cobrar un elevado precio por el medicamento, razón por la que la salud pública se vería amenazada. Perú y Ecuador no tienen la figura de los datos de prueba en su legislación y les generaría costos que se suman a las críticas que deben afrontar por poner en riesgo el bienestar social.

Antes el genérico salía al mercado al mismo tiempo que el laboratorio con su medicamento en Perú y Ecuador, porque en Colombia la protección está en cinco años según el Decreto 2085. Sin embargo, si el innovador pidiera la protección de su molécula, el genérico tampoco podría salir al mercado. Según un reporte de la agencia EFE de un estudio hecho por la fundación colombiana Iferma, para la Organización Panamericana de la Salud, se encontró que si se suscribe la propuesta de Estados Unidos, 2,5 millones de colombianos no podrían tener acceso a medicamentos, 2.500 enfermos morirían de forma adicional ese año y las medicinas aumentarían su precio en 70%.

Para Colombia, la aprobación de este punto implica asumir un compromiso que le restaría flexibilidad al sector médico, si deciden quitarla. En cuanto a productos agroquímicos, la extensión a cinco años más hace compleja la negociación y tendría efectos negativos sobre la población.

Por otra parte, el equipo negociador colombiano sigue apoyando la propuesta que permite a los productores de medicamentos genéricos solicitar el registro sanitario antes del vencimiento de la patente, para poder salir al mercado el día después de ese plazo. Por su parte, Asinfar, la asociación de industrias farmacéuticas colombianas, defiende la normativa del ADPIC, que es el acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC, en la convicción de que cualquier concesión en patentes, datos de prueba u observancia será negativa para los intereses nacionales y el progresivo acceso a la salud de los colombianos.

Además, aclara, la protección de la información no divulgada no puede sobrepasar un máximo de 3 años y se debe mantener el período de transición para la aplicación de la protección, el cual solo entrará a regir a partir de enero de 2015. Cualquier movimiento implicará un altísimo costo para la salud pública, de acuerdo con carta enviada al Ministro de Comercio el pasado 14 de octubre por Alberto Bravo Borda, presidente ejecutivo de Asinfar.

A pesar de los diferentes puntos de vista, es importante reconocer que la protección brinda beneficios en cuanto al tiempo de llegada de los medicamentos al país, pues las multinacionales los traen. Antes se tardaban porque no había ningún mecanismo que protegiera las moléculas, ahora podrán estar disponibles en el mercado más rápidamente.

A favor de la biodiversidad La única ventaja evidente en materia de conocimiento de los países andinos es su biodiversidad. Por eso, su objetivo es protegerla a toda costa y asegurarse de que las patentes sobre plantas y animales sean excluidas de la negociación. Perú es el país más activo en el tema y lo considera un problema de interés nacional.

El TLC es el marco perfecto para que se empiecen a generar mecanismos de protección a la biodiversidad, pues en algunos casos está siendo aprovechada de manera ilegal. Por esto, los andinos piden a Estados Unidos tomar medidas para evitar que sus recursos naturales sean utilizados de forma ilícita, como en el caso del yagé, pues inventores estadounidenses sintetizaron moléculas por medio químico, patentaron las plantas (que eran variedad silvestre común) y no les dieron ningún reconocimiento a los indígenas. Finalmente, en 1999, la Oficina de Patentes revocó la patente tras el proceso iniciado por un grupo de comunidades indígenas.

De ser aprobada la protección a la biodiversidad, los productores biotecnológicos deberían pedir permiso y dar reconocimiento a las comunidades indígenas. Para acentuar más aún la protección a la biodiversidad hay otro paquete de intercambio pero en el marco de la propuesta de Estados Unidos, según la cual los países andinos están dispuestos a aceptar la extensión de patentes si Estados Unidos retira de su propuesta la patente sobre plantas y animales, y la patente sobre tratamientos quirúrgicos, porque están expresamente excluidos de patentabilidad, y no tienen aplicación industrial. Estados Unidos propone que el requisito de 'aplicación industrial' sea sustituido por el de 'utilidad'.

En cuanto a plantas y animales, los andinos se oponen porque están expuestos a manipulación genética para hacerlos susceptibles bien sea a cáncer o VIH sida, en el caso de los roedores, o para que tengan algún tipo de resistencia, en el caso de las plantas para afrontar las heladas. Y ante todo, porque se encarecería la actividad agropecuaria debido a que se podrían patentar especies de alta producción. Lo mismo sucede en plantas.

Primero, Estados Unidos podría negociar en el paquete de intercambio los datos de prueba para productos agroquímicos, pero ha manifestado que no quiere poner más requisitos a las patentes; segundo, no ha ratificado el Convenio de Diversidad Biológica, instancia multilateral más apropiada para la negociación del tema, y tercero, en cuanto al tema de patentes de plantas y animales y tratamientos quirúrgicos, considera de gran importancia proteger el desarrollo tecnológico al ser líder en este campo.

La última ronda de la negociación en Washington el mes entrante será definitiva para el futuro de la propiedad intelectual, sin duda, uno de los temas más complejos y polémicos de esta negociación.
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