| 6/8/2007 12:00:00 AM

Soluciones a la deuda pensional

Aunque el artículo 38 del plan nacional de desarrollo puede ser declarado inconstitucional, el pasivo pensional de las universidades públicas del orden nacional necesita una solución urgente.

No ha pasado un mes desde la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y ya uno de sus artículos, el 38, que plantea la concurrencia entre la Nación y las universidades estatales del orden nacional para cubrir el monto de su pasivo pensional, ha causado multitudinarias manifestaciones de docentes y estudiantes en todo el país, y el cierre indefinido de la Universidad Nacional de Bogotá.
 
El gobierno asegura que se trata de una medida que, además de ser concertada con las universidades involucradas, soluciona un problema de grandes magnitudes como es la garantía del pago a tiempo de todos los pensionados de estas instituciones educativas y lograr universidades públicas fuertes y financieramente viables.
 
"A través del artículo 38 del Plan de Desarrollo consolidaremos unos fondos con los aportes mayoritarios de la nación y otros de las universidades para no tener los sobresaltos que hemos tenido en estos cuatro años por no saber de dónde van a salir las mesadas pensionales", aseguró la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez.

Aunque los rectores de las universidades Nacional, Cauca y Caldas, tres de las cinco universidades involucradas en la medida, están de acuerdo en que se ha encontrado una posibilidad que le exige a la nación hacerse cargo de gran parte del pasivo en mención, la comunidad académica y estudiantil insiste en que el pago que deberán hacer las instituciones afectaría de manera definitiva el costo de las matrículas, la inversión en investigación y la calidad de la educación.
 
Por otro lado, importantes juristas como Rodrigo Uprimmy y Leopoldo Múnera, ambos profesores de la Universidad Nacional, han asegurado que el artículo 38 es antitécnico, confuso e inconstitucional, por lo que es probable que no resista el examen ante la Corte Constitucional. "De todas maneras, la posible invalidación de dicho artículo no estaría resolviendo el problema del pago de las pensiones", asegura Uprimmy.
 
"Volveríamos a la situación de controversia sobre quién debe hacerse cargo del pasivo, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las universidades públicas nacionales", agrega.

La solución
Según Jorge Bula, Jefe de la Oficina Nacional de Planeación de la Universidad Nacional, sólo desde hace tres se años, se discrimina en el presupuesto que la Nación le da a la universidad, el monto que corresponde al pago de las pensiones. En este sentido, el dinero que debía reservarse para este pago, en muchas ocasiones se destinó a las actividades misionales.
 
"Esta situación y las bonificaciones extras con las que se liquidaron las pensiones de algunos profesores por efecto de una decisión del Consejo Superior, son el causante del pasivo que según el cálculo actuarial es de tres billones de pesos para la Nacional", puntualiza Bula. El panorama de las demás universidades del orden nacional -Caldas, Córdoba, Cauca y Chocó-, es parecido, sin embargo, sus pasivos no son ni una cuarta parte de la de ésta.

Para ponerle punto final al problema, el artículo 38 del Plan de Desarrollo extiende a las universidades nacionales el esquema establecido en el artículo 131 de la ley 100. Éste define un mecanismo de concurrencia para con las universidades que obliga a la Nación y a las entidades territoriales a contribuir al financiamiento del pasivo pensional.
 
Más adelante, en 1996, el decreto 2337 determinó que las universidades también debían aportar y de esta manera, la Nación, el departamento y las universidades territoriales firmaron acuerdos de concurrencia que según el gobierno han sido muy exitosos. Martiniano Jaime, Vicerrector de la Universidad de Antioquia asegura que en el caso de su universidad se firmó un acuerdo por $715.617 millones a 25 años.
 
"La Nación contribuye con el 78,3%, el Departamento con el 11,5% y nosotros con el 10.2%, y a pesar de este aporte, tenemos las matrículas más bajas de todo el país", puntualiza Jaime.

En el caso de las universidades nacionales la concurrencia solo sería entre la Nación y las instituciones educativas por cuanto no existe ni departamento ni municipio que aporte a su presupuesto.
 
Sin embargo, aunque no se tiene todavía claro cuál sería el porcentaje exacto que tendrían que aportar ambas partes, después de la reunión que tuvieron a principios de mayo el Presidente Uribe y los rectores, se dijo que la Nación estaba dispuesta a asumir entre el 90% y el 97% del pasivo. Todo depende de la situación de cada universidad y del acuerdo de concurrencia que se establezca con el Ministerio de Hacienda.

Universidad Nacional: Hay que hacer ajustes agresivos
Basados en un riguroso estudio, tres profesores del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, demostraron que a pesar de que el porcentaje que le corresponde aportar a la universidad es bajo, implica hacer ajustes drásticos. De acuerdo a la ley 30 de 1992 hay ciertos recursos del presupuesto de las universidades que solo pueden destinarse a sus actividades misionales.
 
Es por esto que ese 3% saldría de los recursos propios de la universidad, dinero que proviene de las matrículas, de las actividades de educación continuada, consultoría y venta de productos y servicios. No obstante, según los profesores, en este caso también se estarían desviando recursos misionales puesto que la gran parte de este dinero se invierte en investigación.

"Frente a este panorama, la universidad tendría que generar un ahorro anual entre el 0,4% y el 1% de los ingresos totales, cosa que no se ha logrado en los últimos cuatro años", puntualizan. "Esto significa que inevitablemente la política tendría que estar dirigida a aumentar los costos de las matrículas, reducir la inversión para la investigación y dedicarse a la consultoría, lo que no es investigación pura", agregan.
 
En este sentido Danilo Vivas, Rector de la Universidad del Cauca, asegura que la concurrencia de ninguna manera podrá traducirse en aumento de matrículas ni en reducción de la inversión en investigación. "Hay que encontrar otras salidas como la venta de servicios y nuestra universidad cuenta con una buena infraestructura para captar recursos frescos", dice.

No es constitucional
Dos de los juristas que han sido designados por el rector de la Universidad Nacional para estudiar el tema del artículo 38, Uprimmy y Múnera, están de acuerdo en que éste es antitécnico, confuso e inconstitucional. "Confuso y antitécnico, primero porque establece la concurrencia en términos del artículo 131 de la ley 100, y este artículo nunca habla de que la universidad tiene que hacer aportes a los fondos pensionales que se crean. Por otro lado, está castigando a las universidades que han logrado desarrollar mayores fuentes propias de recursos. Esto es inequitativo e irracional", puntualiza Uprimmy.
 
El artículo también es inconstitucional porque además de no guardar relación directa con los objetivos y programas del Plan Nacional de Desarrollo -situación en la que ha sido reiterativa la Corte Constitucional en la revisión de planes pasados-, "viola la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución", asegura Múnera. Pero en este sentido, la última palabra la tiene la Corte.

El panorama no está claro. Si la Corte declara inconstitucional el artículo 38, los más satisfechos serían los estudiantes y profesores preocupados por el aumento de las matrículas y el recorte a las inversiones en investigación. Sin embargo no solucionaría el problema del pasivo pensional y sus implicaciones sobre la sostenibilidad financiera de la universidad pública.
 
Uprimmy asegura que en ese caso la solución jurídica más adecuada es que el Congreso apruebe una ley específica de saneamiento que tenga como principio orientador la búsqueda de una garantía efectiva de los pagos de las mesadas pensionales pero sin menoscabar la autonomía financiera de las universidades y sin afectar el cumplimiento de sus funciones misionales.
 
Por el contrario, si el artículo es constitucional, las universidades tienen que empezar a buscar la manera de generar recursos propios para concurrir con una responsabilidad, que según el Ministerio de Hacienda, también deben asumir como lo hicieron las del orden territorial.

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