Ser desleal cuesta

| 11/10/2000 12:00:00 AM

Ser desleal cuesta

A la competencia desleal le llegó su antídoto.

En una economía como la colombiana hacer acuerdos para fijar precios, para repartirse el mercado o para sacar a un jugador de la cancha es fácil y beneficioso para algunas compañías, pero perjudicial para la libre competencia y el desarrollo transparente del mercado. Y en este punto la Superintendencia de Industria y Comercio ha querido volcar gran parte de sus esfuerzos. La competencia desleal y las prácticas comerciales restrictivas son los dos grandes problemas que esta entidad está combatiendo.

En lo que va corrido del año ha fallado 20 casos por diferentes motivos, todos relacionados con la competencia desleal. Las sanciones llegan a los $1.032 millones, una suma que si bien puede resultar poco significativa, sí marca un precedente: que las prácticas desleales tarde o temprano se conocen y se castigan. De igual forma, más de 24 empresas han decidido cambiar sus prácticas y como garantía de ello han ofrecido pólizas de cumplimiento por cerca de $6.652 millones.



La repartición del mercado, la fijación de precios y los acuerdos contra la libre competencia, todas ellas prácticas ilegales, han sido los principales motivos por los cuales se han abierto las investigaciones. Casos como el de las gaseosas, el de la leche y el de las lonjas de Cali y Bogotá, ya conocidos, forman parte de las investigaciones que han llegado a su final. El caso de las compañías de leche, por fijación de precios, terminó en sanción. Mientras que las embotelladoras, investigadas por acuerdos de precios y repartición del mercado, tuvo otro fin. Estas compañías se comprometieron a cumplir ciertos procesos que le permitieran a la Superintendencia verificar el desarrollo normal y transparente en la fijación y aumento de precios. Como garantía de esto se les hizo firmar una póliza por $520 millones para cada embotelladora y $52 millones para cada representante legal.



Por otro lado, resulta sorprendente que aunque la ley 155, en la que tienen origen las normas antimonopolio del país, es de 1959, la primera sanción en este sentido se dio 40 años después. Aviatur y otras agencias de viajes fueron las compañías involucradas en esta primera sanción por prácticas monopolistas en diciembre del año pasado. Al parecer muchas compañías o no tienen claras u omiten las normas que deben cumplir. Un caso típico se produce cuando hay integraciones, fusiones o alianzas entre compañías que se dedican a la misma actividad y que tienen un tamaño representativo dentro del mercado. Estas firmas deben informar a la Superintendencia, para evitar la conformación de monopolios o acuerdos monopólicos que deriven en abuso de posición dominante.



Pero más que las sanciones impuestas o las empresas investigadas, el verdadero valor de estas investigaciones está en el efecto que tiene la competencia sobre el desarrollo de la economía del país. La competencia estimula la calidad y la competitividad de las industrias y genera aumentos en productividad, lo que debe redundar en creación de riqueza y crecimiento económico.
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