| 8/3/2007 12:00:00 AM

Seguridad privada. Cambiarán reglas de juego

La legislación para las compañias de vigilancia y seguridad privada le quedó pequeña al desarrollo del sector. Empresarios y gobierno conciertan reformas.

Mientras en 1997 había 120 empresas de seguridad  constituidas, hoy existen 462 en los registros de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En el último año, según cifras de esta entidad, el sector generó ingresos por $2,54 billones y aproximadamente 170.000 empleos directos, cifras altas aun si se comparan con el sector floricultor.

A pesar del dinamismo que ha tenido este sector, la primera y única norma que se ha creado para regularlo es el decreto ley 356 de 1994, y en estos 14 años el negocio ha tenido una evolución que exige cambios en su reglamentación. “Hemos crecido de manera importante y las características del sector ameritan un cambio de la regulación, que permita continuar con esta tendencia, pero que también fortalezca la institución de control, inspección y vigilancia pues no hay que olvidar que este sector está expuesto a la ilegalidad y la informalidad”, asegura Jaime Higuera, presidente de Andevip.
 
En el mismo sentido, el superintendente de vigilancia y seguridad privada, Felipe Muñoz, cree que el desarrollo actual y futuro del sector requiere de la realización de importantes inversiones tanto nacionales como extranjeras, de la evolución hacia el multiservicio, y de la generación de estabilidad para el empresario y los empleados del sector.

El recientemente aprobado Plan Nacional de Desarrollo ya dio los primeros pasos para fortalecer la institucionalidad del sector, otorgándole personería jurídica a la Superintendencia. Además, aprobó la cuota de contribución que deben hacer los vigilados. “Con esto se fortalece presupuestalmente la entidad para que lleve a cabo su plan de modernización”, explica Juan Carlos Portilla, vicepresidente de Fenalco.
 
Por otro lado, el derrotero del Conpes, que se convertirá en la hoja de ruta del sector, ya está casi listo y será la antesala del proyecto de ley que se presentará al Congreso en el mes de agosto para reformar el decreto ley 356 de 1994.

Los cambios del Conpes
El Conpes, que según Muñoz se viene construyendo de manera concertada con los empresarios, los sindicatos y los consumidores de los servicios del sector, incluirá cinco reformas importantes. La primera es la de la temporalidad de las licencias. Hoy, la Superintendencia solo puede otorgarlas por un período máximo de cinco años, “lo que genera incertidumbre jurídica para la inversión privada, no permite hacer empresa a mediano ni largo plazo  y desincentiva la generación de empleo”, asegura Jorge Berrío, presidente de la junta directiva de Vimarco.
 
Los empresarios han propuesto que las licencias sean indefinidas, con la posibilidad de ser revisadas y revocadas por la Superintendencia. Sin embargo, Muñoz asegura que los tiempos todavía no están definidos. Lo que sí es seguro es que las licencias se otorgarán mínimo por diez años.
 
La segunda reforma tiene que ver con la restricción societaria que impuso el decreto ley de 1994. Hoy todas las empresas del sector deben estar constituidas como sociedades limitadas, lo que les ha restringido las posibilidades de financiación. Por eso Portilla propone crear sociedades anónimas. Por otro lado, se evalúa permitir la inversión extranjera en el sector, que hoy está prohibida excepto en el negocio de transportadoras de valores.

El cuarto punto, en el que no hay consenso, tiene que ver con la especialización de los servicios. Actualmente, el sector privilegia la especialización, pero la tendencia nacional y mundial es tener empresas que presten todos los servicios de seguridad. Sin embargo, algunos empresarios aseguran que las empresas de transporte de valores, las asesorías y las consultorías y el monitoreo y alarmas, deben seguir siendo servicios especializados, o si hacen parte de un holding, deben tener contabilidades individuales.
 
Por último, pero no menos importante, está el tema de la dignificación de la labor del vigilante. Según Higuera, año tras año los vigilantes tienen que cumplir con el requisito de la actualización; sin embargo, esta no les aporta nada nuevo. “Hay que crear especializaciones y otro tipo de incentivos para sus carreras”. Adicionalmente, Portilla asegura que la legislación debe ser más estricta en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las empresas.

El proyecto de ley
Según Muñoz, el proyecto de ley que se presentará al Congreso tendrá dos objetivos fundamentales. El primero es crear una legislación que se fije en el servicio como tal y no en quien lo presta; y el segundo, una mayor protección al trabajador del sector. Sin embargo, los empresarios y gremios están de acuerdo en que hay otros temas de fondo que deberían incluirse dentro de la reforma a este estatuto. Uno de ellos es el mayor control de la figura de los departamentos de seguridad que son esos grupos de escoltas privados con los que cuentan algunas personas naturales y otras empresas.

Hoy existen 1300 de esos, autorizados a usar armas de uso restringido, lo que en varias ocasiones se ha prestado para financiar grupos al margen de la ley. “La regulación tiene que ser más restrictiva con este tipo de empresas”, asegura Higuera. En el mismo sentido, el representante a la cámara, Nicolás Uribe, quien también prepara un proyecto de ley para modificar el decreto ley, insiste en que es importante combatir la ilegalidad y la informalidad en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, castigando no solo a las personas naturales y jurídicas que prestan estos servicios sin autorización, sino también a aquellos que los contratan.

Aunque todavía quedan temas por definir, no hay duda de que las modificaciones son necesarias y van por buen camino. Es justo resaltar el compromiso del gobierno y del sector privado por agendar e implementar una política que no sólo beneficiará el sector sino a la mayoría de los colombianos por ser importantes consumidores de seguridad privada.

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