| 8/21/2009 12:00:00 AM

Sana competencia

Aunque existe temor por las cuantiosas multas en que pueden incurrir algunas empresas, nadie duda que la aprobación de la Ley de Competencia beneficiará al país.

La deslealtad a la hora de competir en los negocios y las prácticas de algunas empresas para restringir el radio de acción de sus competidoras, conocidas también como abuso de posición dominante, tienen sus días contados.

La entrada en vigencia de la recientemente aprobada Ley 1340 de Protección y Promoción de la Competencia, en enero próximo, permite actualizar la normatividad vigente desde 1959 sobre la materia y dota a la Superintendencia de Industria y Comercio de recursos técnicos y físicos para hacerla cumplir. Además, el nuevo esquema de multas aprobado busca cumplir un papel disuasivo para los empresarios que traten de infringir la ley.

Un punto crucial en la nueva ley, sancionada el 24 de julio pasado, tiene que ver con las multas, que pasan de un nivel máximo de $900 millones, contempladas en la legislación vigente hasta junio pasado, a un monto que podría alcanzar los $50.000 millones.

Gustavo Valbuena, superintendente de Industria y Comercio, cree que la nueva norma constituye una herramienta fundamental para el país en momentos en que la globalización requiere un esquema cada vez más competitivo. También defiende la actualización de las multas, que tendrá un efecto disuasivo entre quienes pretendan abusar de su posición dominante.

Sin embargo, este es uno de los temas que más escozor causa entre los empresarios del país, quienes temen que el aumento en las multas coincida con una interpretación discrecional de las normas que termine por afectar el libre desempeño empresarial.

En un reciente boletín enviado por la firma Ibarra Abogados, la consultora empresarial recomienda a sus clientes difundir los alcances de la nueva ley "entre sus ejecutivos y fuerza de ventas, con el fin de evitar que de manera inadvertida, se incurra en infracciones al régimen de competencia". Esto, por cuanto el régimen sancionatorio puede resultar oneroso para las compañías que no revisan ni están al día en sus esquemas de competencia.

Javier Hoyos Arboleda, socio de la consultora Gestión Legislativa y Gobierno, considera que "las multas son exageradas y bajo un esquema de discrecionalidad y una interpretación distinta de la norma, pueden terminar generando dolores de cabeza a los empresarios".

El Superintendente de Industria y Comercio se defiende y asegura que la nueva ley elimina el tema de discrecionalidad de los funcionarios en la interpretación de las normas. De hecho, cree que uno de los cambios centrales de esta norma, la creación de una autoridad única en materia de competencia, en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, centralizará la vigilancia de prácticas comerciales restrictivas, las integraciones empresariales y competencia desleal y generará un solo rasero.

Hasta ahora, cada una de las Superintendencias o Comisiones de Regulación estaban encargadas de conocer los casos y denuncias que se presentaran en las empresas vigiladas o que hicieran parte de su ramo. A partir de enero próximo, cuando termine la transición de seis meses y entre en vigencia la nueva ley, será la Superindustria la encargada de aprobar las integraciones e investigar los casos de competencia desleal o prácticas restrictivas del comercio.

La ley señala que solo habrá dos excepciones: las integraciones de entidades financieras seguirán siendo conocidas por la Superintendencia Financiera y las operaciones de rutas aéreas por la Aeronáutica Civil.

Su objetivo tiene un buen propósito: unificar criterios y hacer más sencillos los trámites para los empresarios, que ahora centralizará la Superindustria. Sin embargo, nadie duda que el hecho de otorgar 'superpoderes' a una entidad pueda generar conflictos de competencia con otras instituciones.

"Algunas entidades que tienen facultades asignadas por rango constitucional podrían tratar de hacer prevalecer sus derechos de vigilar estos temas de competencia en las empresas de su sector porque las facultades extendidas a la Superindustria son otorgadas por ley, no por Constitución", asegura Hoyos Arboleda.

Las ventajas

Pero, más allá de los inconvenientes que desde ya se anticipan en la aplicación de la Ley de Competencia, la norma incluye algunos cambios que sin lugar a dudas tendrán un impacto positivo.

Uno de ellos tiene que ver con la flexibilización en el tema de integraciones. De acuerdo con Valbuena, con la nueva ley ya no estarán obligadas a pedir autorización para integrarse las empresas que al unirse no tengan más del 20% del mercado. En este caso solo tendrán que notificar la decisión. Tampoco habrá necesidad de este tipo de reportes cuando las operaciones se lleven a cabo entre empresas del mismo grupo empresarial.

En materia de investigaciones por abuso de posición dominante o prácticas restrictivas de la competencia, se creó un nuevo esquema en el que se reducen los plazos para resolver las investigaciones y se establece un sistema de garantías para facilitar la resolución de conflictos.

A esto se suma que, en adelante, la Superindustria tendrá que rendir un concepto previo sobre todo proyecto de regulación estatal que pueda tener incidencia en la libre competencia y las autoridades de regulación estarán obligadas a informar a esta entidad sobre los actos administrativos que pretendan expedir y que tengan incidencia en la competencia.

Las nuevas funciones obligarán a la entidad a aumentar su planta de personal y destinar más recursos en la atención de las nuevas obligaciones y, para el efecto, ya se incluyó en el presupuesto de 2010 un aumento en las partidas para que esta entidad cuente con los recursos necesarios para atender las nuevas necesidades.

Si bien la nueva ley incluye temas trascendentales cuyo espíritu es facilitar la actividad empresarial, lo que muchos esperan es que su entrada en vigencia no genere mayores tensiones con otras entidades o con los mismos empresarios, a quienes en últimas se busca beneficiar.

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