| 10/19/2010 7:00:00 AM

Reforma a ley para salvar empresas

La reorganización de una compañía bajo la actual norma de insolvencia empresarial toma en promedio 373 días. Una reforma busca reducir este plazo en dos terceras partes.

Entre junio de 2007 y lo corrido de 2010, la Ley 1116 de insolvencia empresarial logró que 170 empresas pudieran reestructurar sus pasivos, salvaran decenas de empleos y se alejaran del fantasma de la quiebra. Una cifra baja si se compara con las 1.300 empresas que entre 2000 y mediados de 2007 se acogieron a la por ese entonces denominada Ley 550, o de reestructuración empresarial.

Si bien es cierto que estos son periodos distintos y condiciones económicas muy diferentes -la crisis de la economía en 1999 ha sido la más profunda en las últimas décadas-; en términos prácticos, el uso de la Ley 1116 ha sido inferior a lo esperado.

Por eso, a comienzos de septiembre el nuevo superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, convocó una comisión de alto nivel integrada por expertos en derecho de sociedades, representantes de deudores y acreedores y funcionarios del gobierno para hacer un diagnóstico y formular propuestas que permitan al país continuar con las reformas que requiere el régimen concursal.

Las recomedaciones de esta comisión ya fueron presentadas ante la entidad, pues desde hace varios meses los expertos tenían la inquietud sobre la eficiencia del sistema para salvar empresas. En este momento, las propuestas son estudiadas por funcionarios de la Supersociedades y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quienes tendrán que definir los cambios que se incorporarán a la legislación del país en este tema.

Las reformas fundamentales planteadas por la Comisión son tres: primero, reducir y hacer más razonables los requisitos para las empresas en dificultades; segundo, establecer plazos ágiles a estos procesos de reestructuración y, por último, reducir la burocracia creada alrededor de los procesos, que además de onerosa resulta poco práctica para solucionar los problemas.

"Estamos enfrentando una situación en la que las empresas se están muriendo en la puerta de la entidad. Aunque somos la sala de urgencias de las compañías, cuando llegan infartadas no pueden entrar porque hay muchas exigencias", reconoce el Superintendente de Sociedades, quien coincide con la necesidad de reducir requisitos. Esta es quizá una de las principales barreras de la Ley 1116, pues en su espíritu de proteger el crédito y recuperar y conservar la empresa, se está dando mayor prioridad a los acreedores que al salvamento de la sociedad.

Para el ex superintendente de Sociedades y experto en derecho societario, Francisco Reyes Villamizar, hoy se les exige a las empresas estar al día en pago de impuestos, parafiscales, acreencias laborales, tener aprobado el cálculo actuarial, no estar en causal de disolución -en su relación de activos a pasivos- y estar al día en el registro mercantil. "Estas exigencias son para empresas que no necesitan reestructurar sus deudas", sostiene. Y señala que la reforma debe contemplar estímulos positivos para ponerse al día en sus pagos.

"Exigir que las empresas estén al día en todas estas obligaciones al momento del ingreso a un proceso de reestructuración es un asunto que choca con la realidad práctica, más bien hagamos que el ingreso sea fácil pero exijamos que las deudas pensionales y fiscales sean pagadas durante el proceso de reorganización, de tal forma que cuando se complete el proceso todo esté pagado o de lo contrario no hay acuerdo", comenta Reyes Villamizar.

Las demoras en el trámite de un proceso de reorganización es otro de los cuellos de botella. Datos de la propia Supersociedades indican que, en promedio, estos acuerdos se demoran 373 días, pues la legislación define un plazo de cuatro meses prorrogables, pero no establece un límite como ocurría con la Ley 550, que fijaba un máximo de ocho meses para lograr el acuerdo o, de lo contrario, las empresas corrían el riesgo de pasar a liquidación.

La propuesta de la Comisión, que cuenta con el aval del superintendente Vélez, apunta a que el término máximo sea de cuatro meses sin prórrogas. Para agilizar el proceso, se plantea la reducción del papeleo ante la entidad -buena parte de registros y balances normalmente ya reposan ante la Supersociedades- y se establece que el reconocimiento de acreencias será por prueba documental y no habrá lugar a objeciones cuando no se puedan aportar documentos para apelarlas.

Uno de los temas gruesos de la reforma tiene que ver con la eliminación de la figura del promotor de acuerdos de reestructuración, vigente desde la Ley 550 y que según reconoce el Supersociedades, "se convirtió en una burocracia muy complicada".

La propuesta de la Comisión y la la Supersociedades apunta a lograr que el promotor se convierta en una figura voluntaria y de uso excepcional en tres circunstancias: cuando el tamaño de la empresa o su importancia estratégica lo amerite; cuando los titulares del 30% de las acreencias lo pidan y, finalmente, cuando el empresario considere necesario un promotor para lograr el acuerdo.

Para Reyes Villamizar, la figura del promotor se ha vuelto complicada por los costos que implica para las empresas y porque para el empresario se convierte, en muchos casos, en un intruso que no siempre acerca a las partes. A esto se suma que en los últimos años la figura del promotor ha generado dificultades incluso para la propia Supersociedades.

"Las experiencias recientes con promotores no son afortunadas. Por ejemplo, tenemos promotores en Neiva asistiendo a empresas de Barranquilla y estos son costos adicionales que recaen en las empresas que ya están en dificultades económicas", afirma Vélez.

La reforma a la ley de sociedades pretende ir más allá y acelerar los procesos de liquidación de empresas, que en el país toman varios años. La idea es que, así como se han facilitado los trámites para crear empresas, sea cada vez más fácil liquidar las compañías cuando estas no son viables.

También se aprovechará la reforma para crear una nueva delegatura en la Superintendencia de Sociedades, cuya estructura se mantiene igual desde 1995, a pesar de las nuevas responsabilidades asumidas en la última década por la entidad.

Todos estos cambios, sin embargo, no se presentarán como una nueva ley sino que harán parte del articulado de proyectos ya presentados en el Congreso -básicamente la Ley de primer empleo y para combatir la informalidad-, cuyo trámite está por iniciar.

Mejorar las condiciones para que las empresas se reorganicen y salgan de las dificultades financieras es un tema fundamental en el objetivo de modernizar el aparato productivo. Su aprobación será clave para avanzar en el fortalecimiento empresarial del país.

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