La reforma al sistema de regalías del país será la prueba de fuego para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el Legislativo. El proyecto de reforma fue presentado ante el Congreso el pasado 31 de agosto y, con él, el Gobierno enfrenta un 'pulso' con congresistas, ex congresistas, alcaldes y gobernadores, que la rechazan de manera tajante.
Se trata, ni más ni menos, de reformar un sistema que pagó $26 billones a unos 760 entes territoriales por la explotación de hidrocarburos y minerales entre 2003 y 2008 y sobre el cual pesan denuncias por concentración de recursos, corrupción y despilfarro. Incluso, de los 10 departamentos y casi 80 municipios que concentran el 60% de las regalías, ninguno cumple totalmente con las metas de desempeño para cerrar la brecha en educación, salud, mortalidad infantil y agua potable.
El aumento en la producción de hidrocarburos y productos de minería, previsto para los próximos años como consecuencia de las millonarias inversiones de los últimos dos, ha encendido las alarmas del gobierno central sobre el uso que se dará a los mayores ingresos por regalías y a buscar correctivos para estos problemas. Pero las críticas no se han hecho esperar. Congresistas y mandatarios locales y seccionales se han unido para criticar duramente lo que consideran un reversazo a los procesos de descentralización y una 'jugada' del Gobierno para quedarse con recursos de las regiones y por esta vía solucionar sus problemas de déficit fiscal.
Pero ¿qué hay detrás de toda esta discusión? El tema no es del todo nuevo pues tres iniciativas anteriores que buscaban reformar el sistema fueron rechazadas en el Congreso. Tampoco es de poca monta si se tiene en cuenta que el proyecto busca intervenir los millonarios recursos que hoy reciben municipios y departamentos productores. Solo en 2009, los giros por regalías sumaron $5,3 billones, de los cuales $3,7 billones se pagaron por la explotación de petróleo y $1,5 billones por minerales.
El presidente Juan Manuel Santos lidera esta iniciativa con tres argumentos centrales: garantizar la equidad regional, la equidad social y la equidad generacional.
Durante el Consejo para la Prosperidad, celebrado el sábado 21 de agosto en Barranquilla, el mandatario aseguró que "las regalías no pueden seguir siendo la caja menor de los gobiernos municipales de turno, que se gastan en obras sin impacto social o que simplemente se despilfarran... tienen que ser un instrumento de desarrollo, de creación de prosperidad y, sobre todo, de equidad social".
El ministro de Minas, Carlos Rodado, ha señalado que se va a pedir a municipios y departamentos "que haya esfuerzo de ahorro para otras generaciones y para que pueda servir en momentos de necesidades".
Rodado destaca que el proyecto buscará que los recursos de regalías no se atomicen o distribuyan en proyectos tan pequeños y de poco impacto y, en materia de equidad regional, sostiene que el objetivo es que los recursos no se concentren como hoy, el 80% de las regalías, en unos productores. "Se trata de que el producido se distribuya equitativamente entre todas las regiones de Colombia y en este sentido se van a privilegiar los proyectos regionales de desarrollo; en otras palabras, que varios departamentos o municipios se unan y piensen proyectos que mejoren la competitividad de la región o del país", señala.
La férrea oposición
Pero, si el Gobierno ha esgrimido públicamente sus argumentos, los opositores no se han quedado atrás y han desplegado una activa campaña para expresar su oposición. En las últimas tres semanas se han realizado tres largas sesiones de la Comisión Quinta del Senado -encargada de los temas de minas y energía-, para discutir este tema, y toda una campaña en medios para criticar lo que consideran un 'zarpazo' a los recursos de las regiones productoras de hidrocarburos y minerales.
Las denuncias por corrupción, despilfarro y uso indebido de estos recursos, que le han servido al Gobierno para proponer un cambio de fondo en la estructura de las regalías, también han servido a sus detractores para rechazarla.
La senadora del Partido de la U, Maritza Ramírez, -oriunda del Meta, uno de los mayores receptores de regalías- afirma que nadie puede estar de acuerdo con que exista corrupción en el uso de los recursos de regalías, "sin embargo, en los mismos proyectos que financia el Gobierno a través del Fondo de Regalías se han detectado irregularidades, lo que nos lleva a concluir que los casos no solo se le deben achacar a municipios y departamentos". Reitera que es necesario cerrar las venas rotas de la corrupción, pero no cambiando el porcentaje de regalías a municipios y departamentos, sino mejorando la labor fiscalizadora.
El ex senador y experto en temas minero-energéticos, Amylkar Acosta, va más allá y asegura que con el argumento de la corrupción el Gobierno busca 'embolsillarse' recursos que legítimamente les corresponden a las regiones como compensación por los impactos ambientales y sociales que generan las explotaciones de hidrocarburos y productos de la minería. En su opinión, los abultados beneficios tributarios otorgados por el anterior gobierno a un pequeño grupo de empresas son los causantes del déficit fiscal que ahora el Gobierno pretende reducir con las regalías.
Cálculos de Acosta indican que, mientras por regalías se han pagado $26 billones entre 2003 y 2008, en este mismo periodo se otorgaron gabelas tributarias a un pequeño grupo de empresas por $27,9 billones, que son las que se deben desmontar.
El gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, aseguró que "nosotros también estamos de acuerdo con la equidad, también estamos en contra de la corrupción, pero sin esguinces de ninguna naturaleza", al rechazar que se haya estigmatizado a las regiones productoras. En su opinión, el tema que debe mirarse de fondo es el papel del Estado frente a la descentralización.
El debate sobre la reforma a las regalías apenas comienza. Nadie duda que será largo y tortuoso, pero su resultado determinará el modelo de descentralización que prevalecerá en el país durante los próximos años, para garantizar equidad y desarrollo social.