| 1/18/2008 12:00:00 AM

Primer periodo, poco movido

La reglamentación de la reforma a las transferencias fue el proyecto económico aprobado más importante del primer periodo de la legislatura. La reforma financiera genera expectativas para este semestre.

Los proyectos económicos, al igual que toda la agenda del primer periodo de la legislatura 2007-2008, vieron afectado su trámite por las elecciones regionales, la parapolítica y el ausentismo. Iniciativas como la rebaja de 0,5% en la cotización que hacen los pensionados a la seguridad social y la amnistía para los deudores de impuestos, tasas y contribuciones a los entes territoriales lograron pasar a sanción presidencial. Pero lo más destacado fue la aprobación de la reglamentación de la reforma a las transferencias, y el beneplácito que le dio el Congreso al tratado de libre comercio con los Estados Unidos y a sus dos protocolos modificatorios.

Se quedaron en lista de espera proyectos gubernamentales como el que busca desarrollar el mercado de la segunda vivienda, el que crea un fondo de regalías, el tratado de libre comercio con Chile y el tratado de protección de inversión recíproca entre Colombia y Suiza. Por otro lado, de iniciativa parlamentaria está pendiente de ser estudiado por el Senado un proyecto que hace cambios a la Ley de Servicios Públicos.

A la agenda económica se le sumará la reforma financiera, uno de los proyectos más esperados para este año. Sobre este tema, un informe de Fedesarrollo asegura que algunas de las reformas contempladas en la primera versión del proyecto que presentó el gobierno, en particular en lo que hace referencia a tasas de interés y fondos de pensiones, pueden tener un efecto importante en el desarrollo del sector. Las demás tendrían un impacto modesto. "Hay grandes temas ausentes, entre estos, los derechos de los acreedores, la información financiera, y la constitución y ejecución de garantías, las tres áreas que más han limitado el desarrollo del sector en el país", asegura este informe.

La reforma a las transferencias
Desde el primero de enero de este año, el gobierno central aplica una nueva fórmula para el giro de las transferencias a los departamentos y a los municipios. El monto de participaciones continúa igual para educación (58,5%) y salud (24,5%), pero se divide la participación de propósito general: 5,4% para una bolsa independiente de recursos destinados a los proyectos de agua potable y saneamiento básico, y 11,6% para los programas que atiende normalmente.

Frente a esta fórmula, Carlos Botero, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, FND, asegura que es la única forma de hacer inversiones de fondo en el sector de agua y saneamiento básico, porque cada municipio de forma aislada no puede hacerlo. Y es que a pesar de que el sector recibió recursos por $13,5 billones entre 1996 y 2006, según el Dane, la cobertura en acueductos es de 88% y la de alcantarillado de 74%.

Pero los alcaldes del país no piensan lo mismo. Gilberto Toro Giraldo, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, cree que la ley descalifica el proceso de descentralización y desinstitucionaliza el esquema de competencias y funciones asignadas a los municipios, agrega trámites y condiciones, certificaciones y restricciones al manejo autónomo de los asuntos propios de los municipios.

Por otro lado, las transferencias se desligarán transitoriamente —hasta 2016— de los ingresos corrientes de la nación. El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, asegura que esto le dará estabilidad a los giros que la nación le hace a los entes territoriales, y asegura un aumento hasta ese año. "En 2008 los giros de recursos crecen en 10,3% frente a los de 2007, cifra superior a la inflación con la que terminó el año pasado y a casi el doble del crecimiento del PIB", dice.

Los que siguen
Luego de que el Congreso hundiera el proyecto de acto legislativo promovido por la senadora Alexandra Moreno, que pretendía eliminar el cargo fijo de los servicios públicos domiciliarios y crear una acción judicial especial para los reclamos de los usuarios, una nueva iniciativa del mismo corte fue aprobada por la Cámara de Representantes. Según el representante José Fernando Castro, con el proyecto que modifica la ley de servicios públicos (ver recuadro), se refuerza la necesidad de enfocar la acción del Estado en la atención y protección a los usuarios, ayuda a elevar la calidad de vida de los ciudadanos y reclama la intervención estatal cuando hay procedimientos y prácticas injustas.

No obstante, frente al tema del cargo fijo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, señala que es un elemento asociado al servicio. A pesar de que las personas dejen de consumir por un tiempo agua o electricidad, las empresas incurren en costos que garantizan la prestación del servicio, como el mantenimiento de las redes o la lectura de contadores. Si se eliminara, algunas empresas incurrirían en pérdidas.

Por otro lado, en materia de regalías, a principios de septiembre de 2007 los Ministros de Hacienda y de Minas y Energía, presentaron al Congreso un proyecto de ley que crea un mecanismo de ahorro con los recursos provenientes de las regalías mineras y petroleras. La iniciativa, que no cursó ni siquiera su primer debate en la Comisión quinta del Senado, obliga a las gobernaciones y alcaldías que reciben regalías directas a ahorrar entre el 8% y el 12% de ellas. Los recursos ahorrados —unos $2,5 billones entre 2008 y 2017— serían administrados por Findeter en cuentas individuales de depósito y permanecerían allí por lo menos diez años.

Según Carolina Rentería, directora del Departamento Nacional de Planeación, el objetivo es hacer que las regiones que dependen fuertemente de las regalías construyan un fondo que les garantice su sostenibilidad financiera y la posibilidad de hacer inversiones cuando caigan esos recursos. Por otro lado, se busca evitar el despilfarro de ese dinero. "Si se desglosa el destino que los entes territoriales les dan a las regalías, se puede ver que en proyectos productivos, la inversión en 2006 solo alcanzó el 4,2%", asegura el experto Aurelio Martínez.

Pero Maria Teresa Forero, directora de la FND, asegura que el proyecto es inconveniente para las entidades territoriales que reciben regalías directas pues obliga a reducir la inversión regional prevista en los planes de desarrollo y las destinaciones específicas constitucionales y legales de los mismos.

La decisión sobre este tema está en manos del Congreso. Entre tanto, en lo que viene, el gobierno tendrá que esforzarse por empujar la aprobación de proyectos en un periodo legislativo en el que se seguirán sintiendo los coletazos de la parapolítica, y que tendrá por fin la carga de temas de envergadura como la reforma financiera.
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