| 11/15/2005 12:00:00 AM

Política agraria para 2006

El congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia sirvió para conocer y debatir algunas de las líneas más importantes de lo que debería ser la política agropecuaria del país. ¿Qué se debe hacer?

Sin importar si los gremios del sector agropecuario tienen razón o no en tratar de mantener su posición atrincherada, frente a la competencia internacional, la política agropecuaria tiene una enorme necesidad de acción estatal y privada para hacer que la actividad sea competitiva.

Algunas de las propuestas para establecer esa política se discutieron en el congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Tres de ellas vinieron de Rafael Mejía, presidente de la agremiación, en el sentido de que se debe lograr que el TLC no afecte a los productores nacionales.

La SAC preferiría que se aplazara su firma antes que dejarlos en una posición abiertamente desventajosa. En segundo término, sostiene que el gobierno debe establecer por ley una política agrícola que trascienda los períodos presidenciales, y en tercer lugar, que el gobierno debería priorizar productos y regiones para competir, y dar incentivos para que la producción se organice de acuerdo con esa selección.

Otras recomendaciones vinieron de los agremiados. Luis Eduardo Quintero, presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, Fenalce, mencionó la necesidad de mejorar la comercialización interna al menos en dos sentidos. De uno, en la coherencia de la intervención estatal en la formación de precios. "Hay un manejo para cada producto", dice.

Participa en los precios del algodón y el café, pero no lo hace en los de la leche. Fija los precios del algodón pero no de otros bienes importables. De otro lado, destacó la falta de inversión en infraestructura para el comercio interno.

Refirió como ejemplo que los almacenes generales de depósito dejaron de construir silos y bodegas hace años. En otros países, los gobiernos intervienen con instrumentos de política para favorecer esa construcción.

También realzó los problemas en temas sanitarios. "El Estado es débil en diagnóstico y detección temprana", señala. En otras economías se establecen fechas máximas para sembrar, como se hace en Colombia para el algodón.

Con eso se dejan períodos en los cuales no hay nada sembrado y así se limita la propagación de las plagas pues no tienen alimento y mueren, explica. También propone reforzar la vigilancia en la aplicación de agroquímicos, porque el uso continuado de algunos de ellos les da resistencia a las plagas.

Visión hemisférica Otras sugerencias para modificar la política agropecuaria vinieron de Guillermo Perry, economista jefe para América Latina del Banco Mundial. Sus estudios sobre el sector agrícola en el continente muestran que hay dos variables definitivas para crecer la productividad de la actividad. La primera, aumentar la provisión de bienes públicos en el sector rural -educación, salud, infraestructura vial, de energía y comunicaciones, investigación y extensión-. Por eso, insiste, el gasto público que se usa en la protección de grupos de productores específicos tiene un efecto mucho menor en la productividad y la reducción de la pobreza.

"Sería mucho más importante invertir en esos bienes públicos que dar subsidios específicos a uno u otro grupo. Incluso en ocasiones son regresivos", sostiene. Con todo, su hallazgo está lejos de ser sabiduría popular en la región.

El 50% de todo el gasto público o los beneficios estatales se hacen a grupos específicos. Ese cálculo incluye las condonaciones de crédito, que son frecuentes en el hemisferio. "De todo eso queda muy poco. Los beneficios particulares dan mucho menos en el largo plazo para el conjunto que si se invierte en mejorar las condiciones de vida del sector", concluye.

La segunda variable es la integración comercial. La razón es que los países de la región son exportadores netos. Si se quitaran los aranceles en todo el mundo, América Latina resultaría particularmente favorecida. Por eso, el economista afirma que lo que ocurra en la Organización Mundial del Comercio es vital para el país. Además, sostiene, para reducir las trabas en los países desarrollados, que Colombia debería estar dispuesta a ceder parte de sus propias ventajas. La apertura generaría un período de transición en el que algunos sectores sufrirían. Para reducir sus perjuicios, propone diseñar políticas temporales para ayudar a los campesinos que se afecten y reitera que la prioridad del gobierno debería ser conseguir acceso a los mercados.

Lecciones del sur Esas recetas de política se pueden contrastar con la reciente experiencia de Brasil. Ivan Wedkin, secretario de Política agrícola del Ministerio de Agricultura de Brasil, invitado al congreso de la SAC, refirió para Dinero la forma en la que dispararon su capacidad competitiva.

La estrategia tiene un nombre claro, tecnología. De un lado, la oficina de investigación agropecuaria estatal EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) desarrolló técnicas adecuadas para la región central de Brasil (El Cerrado). "Tiene un gran stock de tecnología para el mundo subtropical", cuenta Wedkin. Además, organizaciones de productores y pequeñas empresas de semillas realizaron acuerdos de cooperación con EMBRAPA y con multinacionales como Monsanto para difundir semillas nuevas.

La apertura de los 90 generó un profundo cambio en la producción rural brasileña. "En 1990, el 80% de la producción de algodón se hacía en el Estado de Paraná, y en Sao Paulo, al sur. Eran fincas pequeñas en las que se hacía recolección manual. Con la apertura, esa producción desapareció", refiere el Secretario. "Cinco años después, la producción reapareció -sin ayuda estatal-, en el centro de Brasil en fincas de 500 a 2.000 hectáreas, con recolección mecanizada con máquinas que valen US$250.000. Hoy somos exportadores netos de algodón", señala. Fue una reconversión productiva profunda que usa las economías de escala, que se gestó por la acción empresarial y no por una gran acción del gobierno. Algo similar pasó con el café, que se movió hacia el norte en 20 años. Antes se sembraban 1.000 plantas por hectárea y ahora 10-12.000, observa.

La financiación fue otro elemento crucial. Llevaron grupos de productores al mercado de capitales para financiarse directamente, sin necesidad de créditos de bancos ni de fondos de presupuesto público. Hoy el apoyo directo del gobierno a los agricultores vale 3% del PIB en Brasil, menos que el 17% de Estados Unidos, el 21% de México o el 58% de Japón.

La política agropecuaria del futuro debe corregir algunos aspectos de operación importantes, pero sobre todo debe establecer su norte en un sistema más abierto al comercio nacional e internacional, que permita aumentar la productividad, alejarse gradualmente de los subsidios y los beneficios individuales y moverse hacia la provisión amplia de bienes públicos, entre los cuales la experiencia brasileña muestra que la tecnología es un elemento clave.
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