| 4/15/2005 12:00:00 AM

Polémica por la integración

El proyecto de ley que prohíbe la integración vertical en los combustibles, archivado hace dos años, revivió. El debate se calienta pues también afectaría a los mayoristas de gas vehicular.

Tras dos años de haber sido archivado en el Congreso de la República, el polémico proyecto de ley que prohíbe la integración vertical en el negocio de combustibles, volvió a la agenda legislativa.

Su primer debate se dio a finales del año pasado en la Comisión Quinta de la Cámara pero aún no ha sido votado para que pase a la Plenaria de la Cámara, pues muchos de sus integrantes pidieron mayor ilustración sobre el tema. Por tanto, para los próximos días se programará una audiencia pública, en la que los protagonistas de la cadena de combustibles -mayoristas y minoristas- presentarán sus argumentos frente al proyecto que busca desarrollar normas que prohíban al distribuidor mayorista fijar el precio del combustible al consumidor final. Es decir, la integración vertical de jugadores como Terpel, ExxonMobil o Shell, por la cual llegan con sus estaciones a atender clientes directos, no cubriría esta parte final del eslabón, que quedaría totalmente en manos de los distribuidores minoristas.

¿Por qué toma particular interés este proyecto? Por una parte, porque además de la gasolina, las empresas mayoristas de gas ven en el proyecto una amenaza al desarrollo de la masificación del gas vehicular y las inversiones futuras frente a esta fuente de energía alternativa (ver recuadro).

Y por otra, porque la reciente decisión de ChevronTexaco de vender sus 15 estaciones de servicio fue interpretada por algunos como una forma de adelantarse al modelo planteado en el proyecto. Sin embargo, voceros de la compañía manifestaron que se trató de una oportunidad de mercado y de una interesante oferta para la venta de las estaciones, "pero no se descarta que hacia el futuro se retome ese negocio, porque dentro de nuestra estrategia está la de atender al cliente en forma integral". Queda claro, entonces, que los mayoristas no quieren salir de ese negocio y la polémica se abre, nuevamente.



A favor y en contra

El negocio de los combustibles en el país está regulado, desde el precio que se le paga a Ecopetrol por la producción, hasta el transporte, almacenamiento y comercialización en las plantas de abasto. Sin embargo, desde 1999 se inició un proceso de liberalización de precios que establece que en la mayoría de las capitales haya una libertad vigilada y en los otros municipios, una libertad regulada, de tal manera que de acuerdo con los márgenes y las eficiencias, los distribuidores finales puedan fijar los precios.

Esta parte de la cadena, además, tiene una composición característica. La gran mayoría de las estaciones de servicio en el país (cerca del 92%) pertenecen a personas privadas -en su gran mayoría, negocios de familia- que utilizan las marcas de los mayoristas bajo esquemas de negocio como franquicias, concesiones o alianzas; y solo el 8% son directamente de los mayoristas que tienen el 12% del mercado. Con estas cifras, ¿cuál es la amenaza?

Para Fendipetróleo, gremio que agrupa a los minoristas, los mayoristas -gracias a su integración- tienen margen tanto en el negocio mayorista, como en el minorista que -según sus cálculos- son de $199,74 y $292,69 por galón, respectivamente. "Así, podrían sacrificar alguno de los dos márgenes, bajar los precios y eliminar sistemáticamente la competencia, tal como sucedió en Chile, donde hasta hace unos años el 80% estaba en manos de minoristas y el 20% de los mayoristas y hoy esa relación se invirtió. Si bien inicialmente bajarán los precios, cuando sean dueños del mercado los subirán, al igual que en el modelo chileno", explica Jorge Cañizares, presidente ejecutivo de Fendipetróleo. Para los mayoristas, esto no es tan claro, "pues en un futuro escenario hipotético del control total del mercado, las marcas estarían compitiendo entre sí y no en forma cartelizada", asegura un analista de una compañía mayorista.

La Asociación Colombiana del Petróleo, en carta dirigida a la Comisión Quinta, hace reparos al proyecto porque "restringe la competencia, perjudicando al consumidor, cambia radicalmente la regulación vigente y limita las posibilidades de inversión y desarrollo del sector". Según algunos analistas, un estudio realizado en Estados Unidos para la Comisión Federal de Comercio a finales de los 90, establece que en 6 estados donde se prohibió la integración vertical, los consumidores finales tuvieron que pagar US$100 millones adicionales al año.

Otras entidades, como los ministerios de Minas y Energía; Comercio, Industria y Turismo; la Superintendencia de Industria y Comercio; Andi y Fenalco, manifestaron su preocupación por el desarrollo de este proyecto. Por ejemplo, el Ministerio de Minas consigna en un documento que "el proyecto, en procura de crear un mecanismo en aras de proteger la libre competencia y la libre empresa, resulta contradictorio porque establece restricciones al pretender impedir que un distribuidor mayorista sea también minorista".

Pero, además de estas posiciones, de aprobarse el proyecto, se generan dos nuevas preocupaciones: una, sobre la señal a la inversión extranjera en el caso de hidrocarburos, en momentos en que las reservas se agotan y no se encuentran nuevos pozos; y la segunda, sobre el impacto en otros sectores.

En el caso de la primera, el cambio en las reglas del juego podría frenar el entusiasmo por venir a explorar, teniendo en cuenta que los inversionistas analizan la posibilidad y desarrollo de su negocio como un todo, llegando, incluso, a la distribución de combustible al cliente final. Sin embargo, para Fendipetróleo, esta opinión no es tan cierta. "Hoy el negocio está en la parte de arriba de la cadena, donde el petróleo, con unos precios que superan los US$50 por barril, es cada vez más atractivo y donde los esfuerzos de estas multinacionales deben estar enfocados. Además, su compra está garantizada, pues cada estación tiene un contrato con las compañías mayoristas", dice Cañizares.

Y de cara a la segunda preocupación, de aprobarse la prohibición de la integración vertical, esto podría trasladarse a otros sectores. "Es como si a Avianca la obligaran a vender sus tiquetes solo por las agencias de turismo y no directamente", explica un vocero de ChevronTexaco. Para Cañizares, "cuando un mercado tiene problemas, el Estado está en el derecho de intervenir y regular. Si el proyecto pasa, posiblemente otros sectores que se sienten amenazados con la integración vertical lo podrán tomar como ejemplo".

Por ahora, las cartas están sobre la mesa y el debate, que hace un par de años se archivó, nuevamente se reactiva. ¿Quién ganará?
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