Plata para quien la necesita

| 10/26/2001 12:00:00 AM

Plata para quien la necesita

El Congreso debe aprobar en esta legislatura el proyecto de reforma a la Ley 60 de 1993 para mejorar la eficiencia y cobertura del gasto social.

La reforma a la Ley 60 de 1993, sobre la distribución de competencias de las entidades territoriales y la Nación en materia social, debe ser aprobada por el Congreso antes del próximo 16 de diciembre. De lo contrario, no se aprovecharán los ahorros fiscales implícitos en la reforma constitucional de las transferencias aprobada en junio de este año y, más importante, no se corregirán deficiencias respecto a la eficiencia y la cobertura de la inversión social en educación y salud. Debido a que el cambio más radical está en el sector de educación, se espera que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) presente una dura oposición al proyecto de reforma. El Congreso tiene en sus manos una decisión trascendental.

Este proyecto de Ley, que fue concertado con alcaldes y gobernadores, establece la manera como se distribuirán los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP, el monto transferido por la Nación a las entidades territoriales) a partir de enero del 2002, para que tenga lugar el ahorro fiscal contemplado por la reforma constitucional a las transferencias (0,2% del PIB por año entre 2002 y 2005 y de 0,6% a partir de 2006). A partir del próximo año, las transferencias se calcularán con base en una suma de $10,9 billones. Los porcentajes propuestos en la reforma para distribuir estos recursos (ver cuadro) probablemente cambiarán durante el trámite del proyecto. Pero lo fundamental en términos fiscales es la aprobación de los cambios que mejoran la eficiencia del gasto en salud y educación.



En este sentido, el proyecto redefine los criterios en la asignación de los recursos y las competencias específicas en la prestación de servicios por parte de municipios y departamentos, para garantizar que los recursos transferidos lleguen a quien verdaderamente los necesita. Es un hecho que, aplicando el sentido común, se pueden lograr mayores niveles de cobertura con mayor eficiencia en el gasto en educación y salud. Para este propósito, el gobierno propone que los recursos para educación se asignen por alumno atendido y los de salud de acuerdo con la población pobre atendida y por atender. Con esta reforma, el gobierno estima lograr que cada año por lo menos 225.000 niños empiecen a recibir educación y que alrededor de un millón de personas entren al régimen subsidiado en salud, lo cual llevará a que en los próximos 5 años la cobertura del régimen subsidiado aumente en promedio 11% anual.



Cambios en educación



La reforma contempla un vuelco radical al sector educativo, que seguramente levantará una dura oposición por parte de los 310.000 docentes afiliados a Fecode. Es un hecho que con los cambios propuestos, como los del escalafón docente, Fecode pierde poder relativo y el gobierno aumenta la probabilidad de su aprobación al amarrarlos al objetivo del ajuste fiscal y los demás temas de inversión social.



Cabe destacar las modificaciones planteadas a la planta de docentes para evitar que el gasto crezca automáticamente como ocurrió en la década pasada. Por ejemplo, se condicionan los ascensos en el escalafón a la disponibilidad de vacantes y de recursos. Por su parte, la medida que gobernará el traslado de docentes para atender mayor número de niños será difícil de llevar a feliz término. Una cosa es que se expida un acto administrativo ordenando el traslado y otra que se les pueda obligar a acatarlo al contar con el respaldo de Fecode. En este sentido, una buena política sería que el gobierno redujera las trabas para la incorporación de nuevos maestros y efectuara un plan de retiro efectivo para los más de 70.000 docentes que son mayores de 50 años y que, además de ser poco productivos, están esperando jubilarse con todos los beneficios actuales.



Artículo inconveniente



Infortunadamente, el Artículo 62 del proyecto condicionó la reforma a la aprobación de la propuesta del Ministerio de Salud de asegurar el cubrimiento de enfermedades de alto costo. Ese ministerio debería enfocarse en otros aspectos que tengan mayor impacto entre la población pobre, incluso profundizando el programa de reestructuración de los hospitales y de saneamiento de sus deudas, antes de impulsar este tipo de programas que si bien son deseables, sin duda generarán mayores costos en detrimento de una mayor cobertura en salud.



Sacar adelante el Acto Legislativo 012 fue una dura batalla política que le tomó al gobierno varios años de discusiones, 8 debates en el Congreso y 2 conciliaciones. El país necesita que la reforma a la Ley 60/93 salga adelante antes del 16 de diciembre y, por tanto, el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, debería enviar un mensaje de urgencia para que la iniciativa, que aún no cuenta con ponencia radicada, sea estudiada en sesiones conjuntas para aligerar el trámite y sea aprobada en esta legislatura.
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