Nueva Violentología

| 5/12/2000 12:00:00 AM

Nueva Violentología

Es tiempo de que los violentólogos tradicionales y la prensa renueven su discurso sobre la violencia en Colombia. Nuevas ideas.

Los expertos en violencia durante muchos años han coincidido en que el problema está íntimamente relacionado con pobreza y desigualdad. País pobre es igual a país violento. No obstante, en los centros académicos más prestigiosos del mundo han surgido explicaciones nuevas que contradicen la sabiduría convencional. No solo por desigualdad surgen los grupos armados. Paul Collier, de la Universidad de Oxford, encontró, después de estudiar 161 casos de guerras civiles, que los grupos insurgentes se organizan porque hay un incentivo económico muy claro: los grupos se crean para saquear los recursos de los países. Son "corporaciones" creadas con propósitos económicos, necesitan financiación y un incentivo para estimular a los que se unen a las filas. Ese incentivo es usualmente la lucha política. Pero los grupos no son movimientos políticos, son "empresas" con fines económicos.





El departamento de investigaciones del Banco Mundial organizó con la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, liderada por Santiago Montenegro, la Primera Conferencia Internacional sobre Crimen y Violencia en Bogotá, a la que asistieron los mejores economistas de la violencia del mundo (www.worldbank/laccrime). En el marco de la conferencia surgieron las nuevas interpretaciones al problema de violencia en países como Colombia. Y muchos lugares comunes empezaron a derrumbarse.



¿Violencia y narcotráfico?



Que la violencia creciente está asociada con la creciente importancia del narcotráfico es otro lugar común para explicar la zozobra en la que viven los colombianos. ¿Quién puede dudar de ello? Paradójicamente, la reconstrucción cuidadosa de los datos no le da soporte a este lugar común. Ni la violencia homicida ha sido creciente ni tampoco la importancia de los ingresos del narcotráfico en la economía colombiana. Mauricio Rubio, un investigador colombiano ahora profesor de una universidad española, planteó el dilema de la misteriosa caída de las tasas de homicidio en Colombia. Según los mejores datos, el número de homicidios descendió de 32.000 por año al comienzo de los 90 a 24.000 al final de la década. La tasa por mil llegó a su máximo en el 91-92 y ha descendido casi continuamente en los últimos 8 años. Y Ricardo Rocha, un investigador de la Universidad del Rosario, encuentra que la importancia de los ingresos del narcotráfico en la economía tampoco aumentaron en los últimos años. Llegaron a su máximo en 1992 y han descendido continuamente desde entonces. Los movimientos de la violencia homicida y el narcotráfico resultan más asociados que lo previsto por la mayor parte de analistas.



El narcotráfico y la violencia se han movido juntos, al alza y a la baja. Con este paradójico marco estadístico de fondo, que cuestiona los lugares comunes más queridos por los colombianos, la Conferencia reunió algunos de los expertos mundiales de mayor trayectoria en estudios internacionales de la violencia. Historiadores ingleses como Paul Collier, profesor de la Universidad de Oxford que visita al Banco Mundial; la antropóloga inglesa Caroline Moser, profesora de London School of Economics; el economista social francés François Bourguignon y los economistas de Chicago Steven Levitt y Edward Glaeser compartieron con los lectores de Dinero sus principales hallazgos, que cuestionan la valoración simplista de las condiciones objetivas de la violencia en que piensan hoy la guerrilla, los negociantes del gobierno y tantos colombianos.





Paul Collier



Profesor de la Universidad de Oxford e investigador visitante

del Banco Mundial



Usted dirige ahora el grupo de estudios sobre violencia y conflicto en el Banco Mundial. ¿Cuáles son los principales hallazgos de su investigación?



Tras estudiar con detalle estadístico los 161 eventos de guerras civiles en el mundo en desarrollo desde los 70, he llegado a una conclusión que se aparta de lo que piensa la mayoría. No es cierto que los conflictos civiles y la violencia tengan principalmente causas objetivas, como la desigualdad o la represión política, que justifiquen movimientos políticos conducentes a la violencia. Estadísticamente no hay relación entre el conflicto civil y las causas objetivas de las injusticias (grievance).



Entonces, ¿cuál es el gran motor del conflicto?



La historia es más bien de tipo económico. Mi hallazgo principal es que la violencia civil está asociada con la apropiación y el saqueo por grupos de insurgentes de los ingresos de exportaciones primarias. Todas las guerras civiles importantes de las últimas décadas han estado acompañadas de bonanzas en productos agrícolas, mineros o ilegales como las drogas. La gran mayoría de los movimientos insurgentes, más que expresión política, son una forma de crimen organizado, para extraer rentas.



¿Serían entonces iguales a otras formas de crimen organizado?



Su diferencia es tener como objetivo el saqueo de las exportaciones primarias, como el petróleo. Al hacer esto confrontan a las fuerzas militares del gobierno y requieren una organización criminal grande. El tamaño de la organización conlleva dos problemas. Por un lado, la financiación de una nómina enorme, para lo cual debe buscar siempre nuevas fuentes de dinero. Por otro, la motivación de quienes emplea para la lucha armada.



¿Cómo resuelven estos problemas?



La insuficiencia de fondos es resuelta con apoyos financieros externos. La necesidad de motivación conduce a la manufactura subjetiva de la injusticia para mantener la lucha. Como en la teoría leninista de la organización revolucionaria, en la cual la concientización sobre la opresión es parte esencial del ímpetu revolucionario.



Más que la injusticia objetiva, la causa del conflicto es la injusticia subjetiva, fabricada para mantener la organización. Si los rebeldes no generan esta ideología motivante, no pueden ser exitosos. Una vez construyen el discurso, las organizaciones revolucionarias encuentran una segunda gran oportunidad de lucro: el dinero internacional, que aumenta el riesgo de repetir el conflicto. Hay mil ejemplos en Africa y Asia. Pero en Colombia es diferente porque los grupos armados obtienen financiación del saqueo de exportaciones primarias de petróleo o drogas, del secuestro o la extorsión. Ellos no dependen de la financiación externa.



Pero, ¡las organizaciones subversivas son principalmente organizaciones políticas!



No. La organización rebelde es muy diferente de un movimiento político, por tener miles de empleados y pagar una nómina. No es un movimiento político, sino una firma, una corporación, una organización que busca fuentes de financiamiento y tiene que estimular a sus empleados.



Y si esto es lo típico, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los espacios de intervención para un gobierno?



Hay que distinguir entre prevención del conflicto antes y después del conflicto. La prevención del conflicto no puede basarse en remover las causas objetivas de la violencia y el crimen, sino en diversificar la economía, para hacerla menos dependiente de las exportaciones primarias en manos rebeldes. Además, hay que aumentar los ingresos mediante la aceleración del crecimiento económico: a mayores ingresos mayor seguridad en la sociedad, pues el Estado está en una mejor posición para defenderse. Con mayor crecimiento, hay más oportunidades para los jóvenes que en otras circunstancias solo tienen la opción de ingresar a un movimiento guerrillero. También ayuda mucho una utilización transparente de los recursos públicos que evite darle soporte a la ideología crítica de los rebeldes.



En sociedades posconflicto, la estrategia cambia, porque lo más importante es cortar las fuentes nuevas de financiación de la organización rebelde, usualmente proveniente de fuentes internacionales. El mayor factor de riesgo para recurrir al conflicto son las diásporas en Estados Unidos o en los países de la OECD (grupos de gente que desde afuera financian las organizaciones armadas). Un país que sale del conflicto tiene una probabilidad del 60% de volver a ingresar en él. También hay que romper la normalización de la percepción del conflicto en la sociedad, porque la gente se acostumbra al mismo y las normas se hacen muy complacientes. Para remover las causas subjetivas de la injusticia, es muy útil tratar de resolver políticamente los problemas. La atención tiene que centrarse en la remoción de las causas subjetivas de la injusticia.



¿Y cuáles son los hechos de una economía típica que atraviesa y sale de un conflicto civil?



En guerra civil se pierden 2,5 puntos de crecimiento por año, una pérdida enorme cuando se prolonga. Al finalizar el conflicto, el costo depende de la recuperación de la inversión. En conflictos cortos, la credibilidad para atraer capitales es menor. Lo contrario pasa en conflictos largos, que han expulsado muchos capitales, pues generan una recuperación rápida y fuerte cuando el arreglo de paz es creíble. La clave es atraer nuevamente los capitales. El impacto económico de la paz depende de su credibilidad, pues solo cuando esta exista regresará el capital al país.





Caroline Moser



Profesora, London School of Economics



¿Qué encuentra su investigación sobre las percepciones de las comunidades pobres en Colombia y Guatemala?




Más que con encuestas, trabajo directamente con las comunidades pobres, en grupos focales para mirar los problemas que ellas creen que las afectan. En Colombia hoy, para el 50% de los participantes el problema más importante es la violencia, seguido por la falta de oportunidades de empleo, la falta de capital social (necesitamos educación y salud) y, por último, la falta de capital humano.



¿Qué tipos o categorías de violencia afectan más a la comunidad?



Sorprendentemente, no es la violencia política. La violencia económica -es decir, aquella relacionada con las ganancias- es la principal, seguida por la social y solo en tercer lugar la política. El ordenamiento es diferente en Guatemala, una sociedad posconflicto, donde la violencia social es la más importante. Pero en las comunidades pobres existe un continuo entre la violencia económica y política, pues están interrelacionadas. Es importante entonces hacer una distinción entre estos tipos de violencia. La violencia económica se manifiesta en actividades ilícitas como el narcotráfico y el secuestro, la social lo hace en términos de violencia interpersonal, como es el caso del abuso a menores. Finalmente, la violencia política se manifiesta en conflictos como el de la guerrilla, los paramilitares o los asesinatos políticos.



¿Cuál es entonces el principal problema en Colombia?



En las comunidades pobres es, paradójicamente, el consumo de drogas y su asociación con la violencia doméstica e intrafamiliar. Hay diferentes niveles de tolerancia entre comunidades. En Medellín, la tolerancia a consumir drogas es mucho mayor que en el resto del país. El consumo de droga es mucho más alto en Colombia que en Guatemala.



Pero algunos analistas han hecho énfasis en la ausencia de capital social como fuente del problema.



La relación con el capital social es muy importante. No estoy de acuerdo con estudios como el de John Sudarsky que encuentra bajo nivel de capital social. Las comunidades pobres en Colombia tienen mucho capital social. Infortunadamente, no todo es productivo, es decir, que beneficie a toda la comunidad. Gran parte de la capacidad organizativa de la comunidad tiene una orientación perversa y beneficia a los que están dentro del grupo. Una de cada cinco organizaciones populares está directa o indirectamente asociada con la violencia: para prevenirla o para producirla. Aún así, el grado de capital social en Colombia es mucho mayor que en Guatemala.



¿Qué debería ser importante en una agenda de investigación en violencia para Colombia?



Lo más importante es investigar acerca del consumo de drogas, en especial en las ciudades de menor tamaño. Además es imperativo poder entender cuáles son las motivaciones que tienen los jóvenes para ingresar a la guerrilla.





François Bourguignon



Delta y Banco Mundial



¿Cuáles son los resultados de sus investigaciones sobre el crimen y la violencia en los países en desarrollo?



Veo al crimen, más que a la violencia, como un mecanismo de redistribución, motivado por la excesiva desigualdad de estas sociedades. El crimen es un costo social muy alto que pagan sociedades tan desiguales. Las autoridades que desarrollen buenas políticas sociales, como la educación y la seguridad social, tienen enormes beneficios. Si ayudan a reducir el crimen y la violencia, sus beneficios son aún mayores que los previstos por los economistas.



Pero, ¿por qué explosiones de violencia ocurren en ciertos países y no en otros? Chile tiene una peor distribución del ingreso que Colombia.



Hay que distinguir los grados de intensidad de la violencia. Una violencia de gran escala asociada con la rebelión, adecuadamente analizada por Paul Collier. Otra es el crimen de menor escala, más asociada con la desigualdad. La asociación entre la violencia con la desigualdad es una de las regularidades estadísticas más fuertes. Hay otro nivel intermedio de violencia: la violencia de grupos organizados para el crimen, los gangs. La clave no es la desigualdad, sino el acceso a recursos limitados, a un pastel por el que muchos luchan, asociado con actividades prohibidas.



El problema de Colombia es la confluencia en el tiempo de los tres tipos de violencia. Su interacción genera un equilibrio múltiple. La tasa de crímenes depende de la probabilidad de que los presuntos criminales sean capturados. Esta probabilidad depende de la Policía y del número de criminales existentes. Si por alguna razón -como la rebeldía o el narcotráfico- los criminales creen que la probabilidad de ser capturados es baja, habrá muchos más criminales. Si la fuerza policial no se incrementa, los criminales estarían en lo correcto al asumir que la probabilidad de ser capturados sería más baja, entonces el número de criminales aumentará. Esta es una profecía que se autocumple. En el caso de Colombia esto está reforzado por factores como la guerrilla, que hacen todo peor.



¿Cuáles son entonces las intervenciones sobre la violencia con mayor probabilidad de éxito en Colombia?



La mejor solución es comprar a las personas por fuera de la ley. Al hacerlo se está comprando tiempo. Si logra comprar 15 años de paz, le dará oportunidad para hacer cosas muy positivas al país. Así pueden desintegrar este ejército ilegal. Hay que centrarse en el análisis de las posibilidades del proceso de paz. Lo más útil es encontrar un conjunto de estrategias posibles, deseables y creíbles de los diferentes grupos, y analizar su compatibilidad. La clave está en la teoría de juegos para entender las estrategias posibles y sus resultados. Solo así, con una negociación estratégica bien fundamentada, se podrá salir con éxito de esta situación que tiene bloqueada la sociedad colombiana.





Steven Levitt



Profesor, Universidad de Chicago



¿Cuál es el principal resultado de la microeconomía del crimen?



Para decirlo en forma simple: el castigo es esencial. La comparación de las penas efectivas en Colombia y en Estados Unidos es impactante. Cuando se va más allá de las penas formales y se considera la probabilidad de ser detectado como criminal, arrestado, juzgado y condenado, las penas en Estados Unidos son de unas 50 a 100 veces más fuertes que en Colombia. Si Colombia castigara más fuertemente a los criminales, no tendría estos niveles de crimen.



¿Es tan grande la diferencia?



Si usted compara las tasas de condena por homicidio en Estados Unidos, el 65% de los casos de asesinato terminan en una sentencia. En Colombia ese porcentaje es menor al 5,0%. En una comparación de 63 países que he hecho en una investigación reciente con la base de datos de Naciones Unidas, Colombia tiene el menor nivel de castigo para el crimen. La investigación es contundente: en los lugares donde hay altos niveles de penas y castigo, existen bajos niveles de homicidios. Donde hay muy poco castigo, los homicidios son muy altos. Creo que el énfasis que he observado entre los analistas colombianos en los niveles de desigualdad está desenfocado. La desigualdad en Colombia no es mayor que en muchos otros países.



¿Qué otras comparaciones ha encontrado en términos de la economía del crimen entre Colombia y Estados Unidos?



El costo del crimen. Esta es una cifra enorme para países como Colombia. En Estados Unidos el costo del crimen se estima en unos US$300.000 millones por año, el equivalente a US$1.000 por persona. Este costo obviamente incluye desde el costo de la seguridad privada, la fuga de capitales, la pérdida de capital humano. En Colombia, la tasa de criminalidad es casi 5 ó 10 veces mayor, lo que podría representar, unos US$5.000 a US$10.000 por persona, o una décima parte si se considera el ingreso per cápita colombiano. Pero US$500 o US$1.000 por persona es demasiado. Esto es muy superior a las estimaciones del costo, como si fuera del 1,0 a 2,0% del PIB que he visto en Colombia.



También he encontrado una correlación muy estrecha entre el crimen y los desplazamientos geográficos de la población. Las poblaciones emigran de las ciudades donde el crimen es mayor y ello genera una pérdida de crecimiento económico muy importante. Creo que ustedes están perdiendo mucho crecimiento económico a causa del crimen.



Edward Glaeser



Profesor de Economía, U. de Harvard



Usted se ha dedicado a analizar el proceso de castigo del crimen en la sociedad estadounidense. ¿Cuáles son sus principales hallazgos?



Hay que profundizar en la forma como realmente se genera el castigo. Economistas como Gary Becker ya habían hecho énfasis en la importancia del castigo como disuasor del crimen. Pero he encontrado que hay que ir más allá de esta visión normativa enfocada en los criminales y observar el comportamiento de quienes castigan. El Estado no es neutro y sus agentes tienen agendas propias y responden a incentivos particulares. Estadísticamente, he encontrado que la duración de las sentencias es 27% menor si la víctima es una persona negra, 41% menor si es un hombre y mucho menor si, además, es pobre.



¿Y cómo se puede explicar semejante discriminación?



El sistema judicial está compuesto por policías, fiscales, jurados y jueces. Y cada uno tiene incentivos distintos. He estudiado el efecto de las carreras de los fiscales. Tienden a evitar los casos de drogas, que usualmente pasan inadvertidos, y a concentrarse en los casos de gente más visible, los "criminales" más educados y exitosos. Al hacer esto, los fiscales obtienen más fama y pueden construir una reputación. El sistema está diseñado para operar de esta forma. Los jurados también tienen un gran efecto emocional en sus decisiones, que genera las discriminaciones mencionadas.



¿Y cuáles pueden ser las áreas de intervención?



Definitivamente, hay que diseñar un sistema eficaz de incentivos para el sistema judicial y policial, para estimular su comportamiento eficaz. Las tres reglas que he encontrado son simples: no mucha independencia, no mucha discrecionalidad y sí mucha información. Cuando los jueces se profesionalizan demasiado, se aíslan del control social, y entran en la pereza o en la corrupción. Cuando se confunden los papeles del fiscal y del juez, los incentivos para actuar resultan perversos. Lo peor que puede ocurrir es conceder mucha discrecionalidad a los jueces para conceder sus veredictos o sus penas. Es mejor establecer reglas muy claras frente al comportamiento criminal y así eliminar el efecto discrecional del sistema judicial. Finalmente, el mejor incentivo para la Policía es tener sistemas de medición independiente de la victimización y asociar las remuneraciones con sus cambios.



¿Y cuál es la relevancia de estos hallazgos para Colombia?



Colombia va en contravía del sistema de incentivos que he descrito. El sistema está muy amenazado y es muy riesgoso. En lugar de la inmensa discrecionalidad, para evitar la corrupción judicial deberían tener normas más contundentes. Hay que tener incentivos para que los jueces sentencien a las personas. Para la Policía, ojalá tener encuestas independientes de victimización, entonces se compensaría a los policías como resultado del éxito en el cuidado de su distrito.
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