Desde hace más de un año, Ferney Humberto Lozano, alcalde de Yumbo, ha buscado infructuosamente que el Concejo de su municipio apruebe un acuerdo que otorga exenciones tributarias para las nuevas empresas que se establezcan allí. Los resultados de un anterior acuerdo en este sentido, que expiró en 2008, son los principales argumentos del alcalde Lozano para ampliar estos beneficios y generar un mayor movimiento empresarial que traiga empleo y progreso al municipio.

Pero sus detractores también tienen argumentos en contra: de los cerca de 10.000 empleos que debían generarse por efectos de los beneficios tributarios que expiraron apenas se generaron 5.000 puestos de trabajo y, en algunos casos, las empresas que se habían constituido para obtener estas ventajas decidieron cerrar sus puertas poco antes de que vencieran los plazos y lo hacían con facilidad porque no habían comprado predios sino alquilado bodegas.

Las dos caras de la moneda han llevado a algunos mandatarios locales a preguntarse si no es hora de revisar los resultados de estas medidas, aprender las lecciones del pasado y tomar correctivos para garantizar un mejor resultado. Pero ¿qué han ganado estos municipios y cuáles son las lecciones para quienes buscan esquemas similares?

Las exenciones que otorgan los municipios se hacen sobre los dos principales tributos locales: el impuesto predial y el de industria y comercio. Aunque algunos alcaldes defienden esta estrategia, en otros casos es vista como una mera ilusión, pues hoy no existe un balance de los beneficios para los municipios en términos de puestos de trabajo generados o número de empresas constituidas bajo estos beneficios que hoy sigan operando. Esto obedece a que algunas exenciones fueron aprobadas hace diez años o más.

La figura no es nueva y se basa en la impulsada a finales de los 80 y en la década de los 90 por el gobierno nacional a través de las conocidas Ley Quimbaya, Ley Páez o Ley Nevado del Ruiz, con las que se buscaba mitigar el impacto de la destrucción causada en algunos municipios del país por fenómenos naturales. El objetivo era atraer nuevos inversionistas a partir de una jugosa rebaja de impuestos.

Hoy, más de veinte municipios tienen exenciones, entre ellos Yumbo, Cartago, Buga, Tocancipá, Cota, Itagüí, Sabaneta, Copacabana, Guarne, Malambo, Soledad, Calarcá, Quibdó y Colón Génova (Nariño).

Para el asesor legislativo Javier Hoyos, la rebaja de impuestos la están adoptando básicamentalmente los municipios ubicados cerca de áreas metropolitanas o grandes capitales, con el objetivo de atraer inversiones significativas. Hoyos destaca la figura pues cree que aunque los municipios sacrifican de manera temporal algunos ingresos tributarios, "en el futuro, una vez termine el periodo de exención podrán recibir más impuestos, que muy seguramente no se obtendrían si no se hubiese dado ese beneficio". A esto se suma la generación de empleo entre la población del municipio y la dinamización de otros negocios que se instalan en las inmediaciones de las empresas, como bancos, servicios de comunicaciones, suministros y restaurantes, entre otros.

El alcalde de Yumbo coincide en las ventajas y destaca que hoy su municipio es sede de plantas industriales de compañías como Bavaria, Unilever y Postobón, entre otras. "El balance muestra que en diez años que estuvo vigente el acuerdo de beneficios, llegó al municipio un número importante de empresas".

Los contras

Pero no todo es color de rosa. La falta de una clara definición sobre los compromisos de las empresas beneficiarias en materia de empleo y permanencia generan sinsabores.

Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, cree que el principio de reducir impuestos para convertirse en polo de desarrollo es un propósito legítimo de las administraciones locales, pero señala que no todos han sido casos de éxito.

En primer lugar, se trata de decisiones de largo plazo en las que la administración que otorga los beneficios no es la encargada de verificar sus resultados, pues estos se ven diez años después. Para el presidente de Fedemunicipios, esto exige un manejo cuidadoso y de mucha responsabilidad para los mandatarios encargados de hacer los estudios base para otorgar estas exenciones.

Una segunda lección tiene que ver con los compromisos sobre la duración para las empresas beneficiarias, que deben quedar claros desde el principio para evitar posteriores dolores de cabeza. Así ocurrió con algunos municipios del Cauca, donde operaron empresas mientras había exenciones pero, al terminar, se trasladaron o cerraron.

La tercera lección tiene que ver con el manejo de expectativas de empleo. Si bien en la mayoría de casos quedan explícitos los compromisos que asumen las empresas beneficiarias sobre generación de puestos de trabajo para los habitantes de los municipios, en ocasiones la falta de capacitación en funciones específicas requeridas por las empresas frustra los planes iniciales. Esto, según Toro, debería motivar a los alcaldes a promover alianzas para capacitar mano de obra acorde con las exigencias de las compañías.

Por principio, la definición y aprobación de exenciones tributarias debe ser un proceso de gran responsabilidad y análisis para los mandatarios locales. Un examen exhaustivo de los pros y los contra es el mejor camino para evitar hacia el futuro que las administraciones vean frustradas sus aspiraciones de desarrollo.