Mercado de valores: una nueva ley

| 6/27/2003 12:00:00 AM

Mercado de valores: una nueva ley

Se abre paso un nuevo proyecto de ley para el desarrollo del mercado de capitales que facilite el acceso a recursos para todos los jugadores.

El gobierno alista un proyecto de ley para reformar el mercado de capitales y darle vía libre a este esquema de financiación para las empresas. En Colombia, este mercado es prácticamente inexistente, pues a la hora de acceder a recursos de capital, las firmas han optado por el crédito del sector financiero. El desarrollo de un mercado de capitales fuerte es un sueño que periódicamente reaparece en nuestro país, pero hasta ahora nadie ha podido hacerlo realidad.

Una fuerte inercia se opone al proyecto. El mercado financiero que tenemos ha funcionado relativamente bien para las empresas grandes, que por su tamaño tienen acceso fácil y a buen precio a recursos de crédito (sin embargo, incluso para ellas se ha quedado pequeño). Para las empresas medianas y pequeñas, por su parte, la consecución de crédito ha sido una tarea muy difícil y ha actuado como una restricción para su crecimiento. Muchas empresas han tenido que recurrir a fuentes de financiación más costosas, como el mercado extrabancario y los proveedores. En lugar de reducirse, esta tendencia se ha fortalecido con el paso del tiempo. Mientras que en 1995 las empresas se financiaban en un 2,8% con acciones, en el año 2000 este porcentaje se había reducido a 2,2%. Entre tanto, la participación del crédito aumentó de 32,65% a 39,9% y la de las fuentes diferentes al crédito bancario pasó de 34,6% a 37%.

Lo paradójico es que en Colombia hay recursos abundantes. El portafolio de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías supera ya los $13 billones. Sigue faltando el mecanismo que una estos recursos con los potenciales demandantes. Infortunadamente, por el escaso desarrollo del mercado, el dinero de los fondos es utilizado en su gran mayoría por el gobierno para la financiación del déficit fiscal.

Así, mientras el mercado de deuda pública se ha desarrollado en los últimos años, el mercado de bonos corporativos y acciones viene en franco descenso. Hoy, del total de transacciones que realiza la Bolsa de Valores de Colombia, el 99,8% corresponde a papeles de renta fija, en tanto que apenas un 0,2% corresponde a acciones. Según Clemente del Valle, superintendente de Valores, esta situación no se puede sostener, si se tiene en cuenta no solo la necesidad de capital que tienen las empresas colombianas, sino la evolución que se viene dando de manera desarticulada en el incipiente mercado de capitales.

Para corregir esta situación, el Superintendente se ha puesto en la tarea de sacar adelante una ley que facilite el desarrollo del mercado por medio de una mayor profesionalización y vigilancia. De acuerdo con Del Valle, este es el único camino viable si se quiere que el sector empresarial colombiano crezca, más aún ahora que se va a enfrentar al ALCA y a un posible acuerdo de libre comercio. "El desarrollo del mercado de capitales ocurrió en Estados Unidos entre los años 50 y 60 y en Europa Occidental en los 80. Ese desarrollo redujo el riesgo para el sector financiero como único proveedor de recursos. Ahora tiene que darse en Colombia, o de otra forma la participación excesiva de los papeles del gobierno en los portafolios de los fondos de pensiones podría volverse perversa".



La propuesta

La necesidad de una ley que promueva el desarrollo del mercado de capitales es una de las conclusiones clásicas de los diagnósticos sobre la situación. En los tiempos recientes, esta fue una de las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales que tuvo lugar entre 1997 y 1998. Durante el gobierno Pastrana, una ley de esta naturaleza fue presentada al Congreso, pero no tuvo éxito y posteriormente fue retirada por el mismo gobierno. El proyecto nunca contó con la aprobación ni de los empresarios ni de los corredores de bolsa. El nuevo proyecto es menos ambicioso que el anterior en cuanto a su cobertura temática y se concentra en cuatro puntos: profesionalización y gobierno corporativo; estructura de la industria; vigilancia; y protección al inversionista minoritario.

En cuanto al profesionalismo, el proyecto busca que el mercado opere con unos estándares mínimos. Desde la perspectiva de las empresas, limita el tema de gobierno corporativo a la junta directiva. Exige que el 25% de sus miembros sea independiente y establece la creación de comités de auditoría integrados por miembros de la junta para garantizar que se cumplan los estándares mínimos de auditoría.

Busca igualmente el profesionalismo de todos los participantes del mercado (traders, administradores de fondos, auditores, etc.), para lo cual establece exámenes, aplicados por la industria para que ejerza un mayor autocontrol. Establece también la figura del contralor normativo en el caso de los intermediarios, para garantizar que las empresas cumplan toda la normatividad.

En cuanto a la estructura de la industria, el proyecto busca la organización de las carteras colectivas, es decir, de todos los tipos de fondos que existen actualmente. Hoy, mientras los fondos de valores que administran los comisionistas de bolsas son vigilados por la Superintendencia de Valores, los que administran las fiduciarias son vigilados por la Superbancaria. En el caso de los fondos, el inversionista es quien asume todo el riesgo y, por tanto, el supervisor debe garantizar que no haya abusos, que se cuente con toda la información y que haya "murallas chinas" dentro de los fondos, para evitar que el mal uso de la información privilegiada perjudique al inversionista.

El proyecto establece la posibilidad de crear administradoras de carteras colectivas sujetas a un mayor control, aunque con menores requerimientos de capital. "El riesgo de estas carteras no es de insolvencia, sino que el administrador no revela toda la información", afirma Del Valle. "Si la barrera de entrada es más pequeña, se fomenta la especialización y eso es bueno", sostiene Del Valle.

El tercer punto es la vigilancia. A juicio del gobierno, esta no ha sido adecuada por parte del supervisor ni el autorregulador, que en este caso es la Bolsa de Valores. Para que la Superintendencia pueda ejercer la vigilancia más a fondo, el proyecto delega en el gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, la tarea de regular.

El último punto se refiere a la protección al inversionista minoritario. Se fortalece el derecho de retiro para aquellos casos en los que como resultado de un cambio en el objeto social de la empresa el accionista vea deteriorados sus derechos patrimoniales. Se fortalece la cláusula de grupo en el sentido de que toda comunicación hecha por un 5% de los accionistas a la Junta Directiva debe ser respondida por escrito con todas las explicaciones del caso. Por último, se establece el voto a distancia.

El gobierno tiene previsto presentar este proyecto de ley en la segunda legislatura del Congreso. El superintendente Clemente del Valle se ocupa ahora de persuadir a los diferentes actores de la necesidad del mismo. Es preciso convencer a los participantes del mercado de valores y al sector financiero en general, para que vean en el mercado de capitales un potencial importante de negocio.

La experiencia internacional confirma que un proyecto como este conviene a todos. En los países donde el mercado de capitales es profundo, el papel del sector financiero se ha ampliado hacia los negocios de oferta inicial de empresas al público (IPO) y derivados, tesorería y administración de cartera, con lo cual un 50% de los ingresos proviene de estas actividades, en tanto que el 50% restante proviene de la actividad tradicional de crédito.

El gran reto del Superintendente está en convencer al sector financiero para que transforme su negocio, a los emisores para que accedan a revelar cada día más información y a los empresarios para que abran sus empresas a nuevas fuentes de recursos. Las dificultades que enfrentan las empresas colombianas para obtener recursos, y el alto costo que deben pagar cuando lo logran, son grandes obstáculos para la competitividad, que pueden tener efectos graves en los procesos de internacionalización que están en marcha. Al país le conviene que este proyecto tenga éxito.
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