| 9/5/2003 12:00:00 AM

Medio ambiente,la discusión

Las reformas a la política ambiental consignadas en el proyecto de ley 195, el referendo y un proyecto del Ministerio del Interior crean alarma entre los ambientalistas.

En momentos en que los niveles de pobreza del país son tan altos, en que el gobierno tiene la tarea de mejorar la calidad de vida de los colombianos y en que los empresarios buscan reducir sus costos para poder competir, la prueba de fuego para el Ministerio de Ambiente está en conciliar la visión de corto plazo de solucionar el problema de vivienda y agua potable, con la de largo plazo de asegurar el suministro de recursos naturales para las futuras generaciones.

Aunque aún es muy pronto para evaluar si ha podido hacer esta conciliación de intereses, algunas señales que ha enviado el gobierno preocupan a los ambientalistas por la posibilidad de que los avances logrados en política ambiental en los últimos 10 años se pierdan. En particular, los temores se derivan del proyecto de ley que modifica la ley 99 de 1993, la modificación a la destinación de las regalías que plantea el referendo, así como el hecho de que el manejo ambiental se haya relegado al viceministerio.

Ex ministros y ex viceministros del ambiente formularon parte de estos planteamientos en una carta enviada al presidente Alvaro Uribe el pasado 21 de marzo, en la cual proponían que en lugar de presentar ante el Congreso un proyecto de ley para modificar la ley 99 de 1993, que fijó las directrices de la política ambiental , se arreglaran los problemas con una reglamentación. Sin embargo, cinco meses después, la carta no ha sido contestada y el proyecto de ley ya hizo curso en comisión V del Senado.

¿Cuál es la alarma? En cuanto al proyecto de ley, la principal preocupación se relaciona con lo que los ambientalistas consideran la centralización y limitación de autonomía de las corporaciones autónomas regionales, y con el recorte de sus recursos. El que se les ponga un ente rector por encima (ver recuadro), unido a la competencia que se les crea con el aumento de autoridades ambientales urbanas, no se percibe como una buena señal. Aunque en el sector están conscientes de que hay que frenar la corrupción, consideran que para acabar con este problema no es necesario crear una nueva institucionalidad, sino mejorar la supervisión sobre estos entes.

"El desmonte de una institucionalidad estatal para lo ambiental reduce la poca capacidad que el gobierno nacional había podido dar a prioridades de política pública en lo ambiental. Además, el desmonte de la institucionalidad no gubernamental y comunitaria pone en un mayor riesgo el terreno ganado", afirma Juan Camilo Cárdenas, profesor asociado de la facultad de estudios ambientales y rurales de la Universidad Javeriana.

Otra visión tiene Cecilia Rodríguez, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, quien considera que el proyecto mejora la gestión ambiental. "El proyecto protege la autonomía de las corporaciones y sus recursos. Adicionamos mayor participación de la sociedad y de los usuarios del agua en la definición de prioridades ambientales, como el compromiso de cada corporación de rendir cuentas sobre su gestión", asegura.

Los industriales comparten la preocupación sobre la necesidad de que las corporaciones tengan mecanismos transparentes para que la comunidad pueda evaluar su gestión y la necesidad de ajustar los consejos directivos para darles mayor transparencia. Sin embargo, como afirma Carlos Herrera, gerente de asuntos ambientales de la Andi, también les preocupa que se creen nuevas instituciones.



Saneamiento básico

Otro punto en discusión es la prioridad que el Ministerio le da al saneamiento básico, tanto que en el referendo se modifica la destinación de las regalías para obtener recursos para este rubro.

"Que se destinen las regalías a saneamiento básico y agua potable no es positivo porque los recursos para la gestión ambiental en la agenda verde son escasos y si se disminuyen estos recursos no será posible atender la preservación y restauración de los ecosistemas afectados", explica el ex ministro Manuel Rodríguez. Sin embargo, el ex ministro reconoce que hay una oportunidad interesante en desarrollo sostenible en que el Ministerio maneje integradamente los temas de ambiente, vivienda y asentamientos urbanos.

Para la ministra, "si se aprueba el referendo, lo ambiental gana lo que nunca antes había tenido". Esto se debe a que la pregunta 12 les entrega a los temas de saneamiento básico y educación lo que se economiza por la supresión de las contralorías, y la 13 destina el 36% del fondo de regalías para agua potable y saneamiento básico y ambiental. Y frente al temor de una reducción en los recursos, la Ministra explica que en la reforma tributaria de 2002 se lograron 5 exenciones tributarias para el ecoturismo, el sector forestal, la venta de energía eléctrica generada con recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, y la importación de equipo y maquinaria para proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. "En toda la existencia del Ministerio del Medio Ambiente se aprobaron dos exenciones ambientales, habiendo tenido la oportunidad en 6 reformas tributarias", explica.

La otra preocupación es la sensación que queda de la pérdida de importancia que ha tenido el tema ambiental con la fusión de los ministerios, lo cual se refleja en que no tenga un lugar destacado en el plan de desarrollo, y en que sea solo una tarea más del Ministerio. "Se ha delegado el tema ambiental al viceministerio, y se requiere que haya un doliente del más alto nivel para este tema", afirma el ex ministro Rodríguez. Para la ministra, el tema no ha perdido importancia, ya que cubre la vivienda y es transversal a todo el Estado.



Indicadores

La discusión se hace un poco a ciegas, ya que no hay indicadores objetivos que permitan hacer un verdadero balance del efecto de las medidas sobre los recursos naturales. Si bien hay progresos medibles en las grandes empresas en producciones más limpias, no hay sistemas para mirar, por ejemplo, el grado de descontaminación de los ríos.

En este sentido, el Ministerio avanza en la puesta en marcha del Sistema de Información Ambiental para Colombia, que permitirá tener información básica, temática y de indicadores de seguimiento al estado de los recursos naturales. Además, a partir de este año, con la Procuraduría y la Contraloría se establecerán parámetros para que los alcaldes rindan cuentas de cómo entregan los sistemas de agua potable, aguas residuales y residuos sólidos. Solo cuando haya indicadores sólidos será posible hacer una mejor planeación, con base en resultados, de la política ambiental.
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