| 11/10/2006 12:00:00 AM

Más que un impuesto para financiar la guerra

El proyecto de reforma tributaria del gobierno cuenta ahora con un nuevo impuesto, el del patrimonio. Con él se busca recaudar $8,6 billones para financiar la estrategia de consolidación de la política de Seguridad Democrática.

Cuando a finales de octubre el ministro de Defensa Juan Manuel Santos anunció que radicaría un proyecto de ley en el Congreso, para crear un nuevo impuesto al patrimonio, las opiniones en contra de la propuesta no tardaron en llegar. Los opositores aseguraron que se trataba de un tributo inconstitucional, que afectaría la dinámica de la economía y que podría recrudecer el conflicto armado. Aunque la idea ganó adeptos después del atentado a la Universidad Militar Nueva Granada y del anuncio del presidente Uribe de terminar las negociaciones para el acuerdo humanitario con las Farc, la propuesta por la cual los patrimonios de más de $3.000 millones harían un aporte del 1,2% durante los próximos cuatro años, hace parte la política de consolidación de la seguridad democrática en la que vienen trabajando hace 3 meses el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.



¿De qué se trata el impuesto?

Para recaudar en 4 años los $8,6 billones que financiarán la consolidación de la política de seguridad democrática, el gobierno había presupuestado presentar al Congreso un proyecto de ley independiente. Sin embargo, luego de recibir algunas sugerencias de analistas económicos y congresistas, se decidió que hiciera parte del paquete de la reforma tributaria que ahora espera su primer debate en las comisiones terceras de Cámara y Senado.

El monto de los patrimonios líquidos que serán gravados, la tasa y su forma de pago también han sido objeto de algunas modificaciones. Apoyados en las cifras que demuestran que el patrimonio de los colombianos se ha duplicado en los últimos años, la propuesta de los ministerios de Defensa y de Hacienda iba encaminada a cobrarles a los patrimonios superiores a $1.500 millones una tasa del 1,2%. Según la Dian, en este caso el impuesto se aplicaría a 17.000 personas naturales y jurídicas.

Sin embargo, en la discusión con los ponentes de la reforma tributaria, los ministros acogieron la idea de modificar la fórmula para aplicar el gravamen. Los propietarios de patrimonios mayores a $3.000 millones deberían pagar una tarifa del 4,8% en el primer año o de 1,2% anual durante 4 años, siempre calculados sobre el patrimonio de 2006. Este tributo se aplicaría a 7.000 personas. Según Juan Carlos Pinzón, viceministro de Defensa, debido a que solo se gravan los patrimonios al 31 de diciembre de 2006, las decisiones de inversión de los empresarios y nuevos inversionistas no se verán afectadas.

El ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo no piensa lo mismo. "El impuesto al patrimonio que el gobierno está planteando es muy peligroso para la inversión y el ahorro en el país, sobre todo si se mantiene en el largo plazo. Hay ejemplos muy claros en países europeos y latinoamericanos —como Bolivia— en los que este tipo de tributos ha destrozado la contabilidad de las empresas, ha alterado las decisiones de inversión e inducido a la evasión". El ex ministro de Defensa Rafael Pardo asegura además que un impuesto de este tipo siempre tendrá efectos negativos sobre la inversión y el ahorro, en especial si se gravan los patrimonios y no las utilidades. Sostiene que aunque el tributo va en contravía del espíritu de la reforma tributaria que pretende gravar las utilidades, no hay otra opción sino que los que tienen mayores ingresos, hagan este aporte.

Las opiniones entre los empresarios están divididas. Aunque el gobierno afirma que el proyecto de impuesto ha sido aceptado por los grandes empresarios, los gremios que agrupan algunas pyme en las regiones no encuentran tan adecuada la propuesta. "Si el tributo se deja de manera permanente, va a golpear la generación de empleo de nuestras empresas", asegura Néstor Rodríguez, presidente de Camacol en Risaralda.



¿Para qué más recursos?

Según el viceministro Pinzón, hay nuevos retos en materia de seguridad. "El cambio de estrategia de los grupos al margen de la ley, el proceso de desmovilización de los paramilitares, los carteles del narcotráfico y los desafíos institucionales nos obligaron a replantear algunas de las estrategias de la política de seguridad democrática, con el fin de consolidar los logros que ya se han alcanzado en los 4 años anteriores", dice.

Con los recursos del impuesto, el Ministerio de Defensa ejecutará 26 programas fundamentados en 5 líneas de acción. Entre ellas se incluyen acciones para hacer reformas estructurales en las Fuerzas Armadas, otras para mejorar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad. Cada programa tendrá un gerente encargado de diseñar un plan y los indicadores con los cuales se evaluará la efectividad de las acciones. "Es todo un diseño en el que se aplicaron técnicas de la banca de inversión", asegura el viceministro.

La mayor parte de los recursos provenientes del impuesto al patrimonio se utilizará en las acciones para la sostenibilidad de la política. Entre ellas, la renovación de equipos obsoletos, la compra de nuevas unidades, el aumento del pie de fuerza, el crecimiento de la movilidad y la inversión en inteligencia. Para el experto en seguridad Alfredo Rangel, los recursos deberían invertirse solamente en el aumento del pie de fuerza y en fortalecimiento de la movilidad de las fuerzas, lo que significa adquirir nuevos aviones de transporte. "Los gastos en submarinos, nodrizas y lanchas patrulleras no son la prioridad en nuestro conflicto", sostiene Rangel. Sin embargo, según el viceministro de Defensa, estos equipos son fundamentales en la vigilancia de las costas y la interdicción de armamento ilegal y tráfico de cocaína. "La fuerza que más realiza estas operaciones es la Armada Colombiana, no se está gastando en nada que no sea prioritario", añade.



Otras alternativas

Según Juan Camilo Restrepo, hay otras alternativas para financiar la política de consolidación de la seguridad democrática. "Se podrían utilizar los recursos de los excedentes de las privatizaciones, parte de los excedentes petroleros provenientes de los precios al combustible, o no desmontar la sobretasa a la renta del 10% que rige en la actualidad". Y aunque el viceministro Pinzón concuerda con Alfredo Rangel en que el esfuerzo lo deberían hacer todos los colombianos, está claro que la propuesta es tan políticamente inviable como la de meter el impuesto en el IVA.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?