Más errores fiscales

| 4/7/2000 12:00:00 AM

Más errores fiscales

En vez de aumentos en los impuestos, se requieren estímulos tributarios que promuevan la inversión.

La receta fiscal de todos los años se repite de nuevo: el Ministro de Hacienda presenta al Congreso un proyecto de reforma constitucional y una nueva reforma tributaria.

La agenda legislativa del gobierno en esta legislatura está totalmente en línea con lo acordado con el FMI y con lo que durante muchos años se ha dicho que es la única manera de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro. Los proyectos apenas están en el Congreso. Pero no hay que perder de vista que mientras la reforma constitucional es una necesidad, la tributaria en el sentido que está planteada es inoportuna en este momento.



La reforma constitucional



El objeto de la descentralización fiscal y política era lograr que las entidades territoriales asumieran sus responsabilidades en materia social tanto en términos de gasto como de gestión. Pero el resultado después de nueve años es que la Nación se quedó con todas las responsabilidades. Al no lograr completamente el objetivo de la descentralización, el gobierno terminó duplicando el gasto. El gasto en salud y educación por parte de la Nación, que era uno de los propósitos iniciales, se logró; pero la manera como la Constitución de 1991 estableció la asignación de los recursos para este fin ya no es viable hacia el futuro.



Entre 1990 y 1999, las transferencias territoriales aumentaron su participación en los ingresos corrientes de la Nación de 32,1% a 43,6%, debido a la obligación constitucional de dedicar un porcentaje creciente de estos ingresos a la financiación de la salud y la educación. En el caso del situado fiscal, la participación en los ingresos corrientes de la Nación debía aumentar hasta 24,5% en el 2001 y en el de las transferencias a los municipios hasta 22% en este mismo año.



Pero no solo la Nación se ve afectada por esta fórmula, sino también los entes territoriales que tienen atados sus recursos para educación y salud a los vaivenes de la economía, lo que les genera una gran inestabilidad.



La propuesta



La propuesta del gobierno consiste básicamente en modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución que ordenan la manera como se deben calcular los ingresos con destino a la salud y la educación. La reforma desliga las transferencias territoriales (situado fiscal y municipios) de los ingresos corrientes de la Nación, poniéndolas a crecer con la inflación proyectada de cada año más un porcentaje fijo equivalente a 1,5%, por crecimiento de la población. Para el primer reajuste, que fija las transferencias en un valor absoluto, el gobierno propone tomar como la cantidad total del situado fiscal, el 29% de los ingresos corrientes de la Nación del año 2000, y para las transferencias a los municipios el 22% de los ingresos.



Desde la perspectiva de una solución al problema de las finanzas públicas y de garantizar la estabilidad de los recursos a las regiones, la propuesta resulta impecable. Sin embargo, en la misma no se contempla la necesidad de ampliar la cobertura y, por tanto, no se destinan recursos para este fin. Además, el esquema del 91 para la distribución de los recursos entre los municipios en su propósito de llegar a los más pobres y, al no existir instrumentos sectoriales claros, ató la asignación de recursos a indicadores como pobreza que nada tenían que ver con el objetivo de aumentar la cobertura en salud y educación.



El mayor problema con este esquema es que al atar los recursos a indicadores de pobreza, los municipios no tienen ningún estímulo para salir de la misma. Además, muchas veces la distribución no resulta equitativa. Esto podría obviarse si se adoptara un sistema de distribución de los recursos basado en la capitación, es decir, de acuerdo con resultados.



Además, para que el gobierno no vuelva a caer en la tentación de seguir gastando más allá de sus capacidades en salud y educación se le debería prohibir por Constitución que invierta directamente en este tipo de gasto. De esta manera, se evita lo que sucedió en los años anteriores cuando además de los recursos ordenados por la Constitución, el gobierno terminó girando enormes sumas con cargo al Fondo de Crédito Educativo, lo que representó un verdadero desangre.



Reforma tributaria



Nadie que mire el deterioro de la economía colombiana en los últimos años podría creer que en la mira del gobierno esté el poner más impuestos. Pero esto es exactamente lo que está haciendo. El gobierno, bajo el espejismo de una disminución del impuesto de renta de 35% a 32% en tres años y de haber incorporado como nuevos contribuyentes del impuesto de renta a Fogafin y Fogacoop y a los pequeños contribuyentes, volvió permanente el 2 x 1.000.



El 2 x 1.000



Por definición, el impuesto a las operaciones financieras es ineficiente porque no está en función de la actividad económica sino de la forma como ésta se lleva a cabo. Además, al gravar más a los negocios que por su naturaleza implican un mayor número de transacciones va en contra de la neutralidad tributaria.



El IOF, como se llama ahora este impuesto, incentiva la desintermediación financiera con el fin de evadirlo. Este estímulo es menor cuando el impuesto es temporal, ya que evadirlo implica algunos costos. Pero una vez se convierte en permanente, las personas buscan la manera de no pagarlo.



Del 35% al 32%



Si de lo que se trata es de incentivar la inversión empresarial, la reducción de un punto al año en el impuesto de renta está lejos de ser la solución, más aún si se tienen en cuenta los factores de inseguridad en general e inseguridad jurídica que están deprimiendo la inversión. En un país con fuertes necesidades de inversión, el estímulo tiene que venir por la vía de un crédito tributario a la inversión nueva o de una reducción de la tarifa para quienes reinviertan las utilidades.



Impuesto sustitutivo



El régimen sustitutivo se crea en reemplazo del régimen simplificado que terminó degenerándose al permitir que los responsables del IVA se ocultaran en el mismo.



La idea con este impuesto es reunir en uno solo los impuestos de IVA y renta con el fin de simplificarles la vida a los pequeños empresarios. El gran cuestionamiento que tiene este nuevo impuesto es que por una parte mezcla en uno solo el IVA, que es un impuesto al consumo, con el de renta, que es un impuesto a la actividad productiva. Lo otro es que es incompetente, ya que quien lo va a liquidar es la Dian, para lo cual tendrá que desviar sus recursos de las cosas importantes para concentrarse en los pequeños contribuyentes.



En conclusión, el gobierno parece haberse ido por la vía más facilista en materia fiscal. Seguir recaudando a la vez que busca deshacerse de responsabilidades de gasto. Si el gobierno está actuando en serio debería acompañar la reforma constitucional de una reorganización profunda de los servicios de salud y educación, incluyendo una simplificación de la forma como se distribuyen los recursos hasta llegar al usuario final. La maraña fiscal que existe hoy es ineficiente y da lugar a la corrupción. Por ejemplo, en salud, la Nación le gira al departamento, este al municipio, el municipio a la ARS, esta al hospital y este último al usuario. Para facilitar el proceso, mejorar la eficiencia y evitar la corrupción se podría pensar en crear un fondo único territorial que asegure que la plata sí les llegue efectivamente a los pobres. En materia tributaria se debería trabajar en una propuesta proinversión y no en una en contra de la recuperación económica.
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