Manos a la obra

| 2/11/2000 12:00:00 AM

Manos a la obra

El gobierno finalmente tiene una novedosa estrategia social de apoyo a los más pobres. Los recursos destinados llegarán a US$662 millones.

Cuando se habla de crisis, la opinión pública está acostumbrada a ver las cifras frías sobre la economía. Que el PIB cayó 5%, que la inversión privada cayó 53%, que las pérdidas del sector financiero superaron los $2 billones, y que las pérdidas de las empresas privadas probablemente superaron los $3 billones. Pero tras estas frías cifras hay un verdadero drama social. En los últimos 12 meses, más de 900.000 trabajadores quedaron desempleados en la zona urbana (en la zona rural, el empleo aumentó), y más de 2 millones de colombianos se volvieron pobres. El consumo de alimentos se redujo más del 5,0%, más de 2 millones de niños se quedaron sin vacunación, y casi 300.000 muchachos se retiraron de los establecimientos educativos. El impacto social de la crisis afectó principalmente a los más pobres. La desigualdad del ingreso aumentó muchísimo (el coeficiente Gini parece haber aumentado 5 puntos en los 2 últimos años), borrando el progreso que en esa materia se había alcanzado en los últimos 30 años. El 20% más pobre se afectó especialmente, pues la tasa de desempleo de sus jóvenes de 15 a 24 años alcanzó en septiembre de 1999 el 52%, y su tasa de asistencia escolar se redujo en un 10%.



¿Qué hacer?

Así como la magnitud de la crisis económica tomó por sorpresa a todo el país, semejante shock de pobreza tomó por sorpresa al gobierno en su primer año, que no previó en su Plan de Desarrollo una estrategia de apoyo social de emergencia. Tan solo cuando en el segundo semestre del año anterior los resultados económicos y los riesgos sociales se hicieron evidentes, el Departamento Nacional de Planeación, con Mauricio Cárdenas a la cabeza, comenzó a planear en serio una estrategia de apoyo social para acompañar los ajustes fiscal y externo que se negociaban con el Fondo Monetario. Y para planear esta estrategia acudió, con el apoyo de la banca multilateral, a las experiencias más exitosas del continente. Para enfrentar el desempleo en épocas de crisis, Argentina desarrolló el programa "Trabajar" que condujo a crear cientos de miles de empleos en obras comunitarias de las barriadas más pobres de Buenos Aires. Chile desarrolló un programa de entrenamiento de jóvenes que permitió reinsertar laboralmente a más de 100.000 muchachos desempleados. Y México creó el programa "Progresa" para llegar con subsidios monetarios a más de 2 millones de las familias más pobres de ese país.



El programa

Como parte del Plan Colombia, un equipo de técnicos colombianos, dirigidos por Cárdenas, coordinados por Beatriz Londoño, con el apoyo técnico de mexicanos, argentinos, brasileños y chilenos, y en medio de un silencioso trabajo de concertación, estructuró una ambiciosa estrategia de apoyo social que movilizó en tiempo récord financiamiento internacional de rápido desembolso y combinó lo mejor de estas tres experiencias internacionales en tres programas. El primer programa es Manos a la Obra, que obtuvo US$200 millones del Banco Mundial y del BID para generar empleo en los barrios de estratos 1 y 2, principalmente, en las 78 ciudades más grandes del país. Recogiendo la experiencia del Fondo de Reestructuración del Eje Cafetero (Forec), varias ONG ejecutarán proyectos comunitarios intensivos en mano de obra, tales como la construcción de aulas escolares, acueductos y alcantarillados, vías y mejoramiento barrial, pagando salarios mínimos. Dinero estima que con estas obras se financiarían entre 120 y 150.000 empleos/año en los que podrían emplearse en diversos momentos 200 ó 300.000 desempleados.



La Corporación Andina de Fomento (CAF), por su parte, apoyará con US$160 millones adicionales la construcción de Vías para la Paz en zonas de conflicto conectadas con el Plan Colombia. Además de vías locales ejecutadas por Caminos Vecinales, el Invías ejecutará tres proyectos grandes: Villavicencio-San José del Guaviare, Puerto Berrío-Caucasia, en el noreste antioqueño y la conexión del sur de Bolívar. Según estimativos de Dinero, la construcción de estas vías podría generar en pura zona de conflicto entre 100 y 150.000 empleos. El segundo programa es Capacitación para Jóvenes, que la banca multilateral apoyará con US$70 millones. Se desarrollarán esquemas de entrenamiento de jóvenes menores de 25 años, especialmente en las 7 grandes ciudades del país. Este programa será realizado, en principio, en centros de capacitación comunitarios y del sector privado según las demandas explícitas de las comunidades y de las empresas, sobre todo en tareas relacionadas con las exportaciones. Se espera entrenar alrededor de 100.000 jóvenes. El tercer y más novedoso programa es el de Subsidios Familiares Condicionados. Rompiendo con la tradición colombiana de atender los problemas de pobreza proveyendo directamente servicios, el gobierno se propone llegar con subsidios directos en dinero, de alrededor de US$30 mensuales a las familias más pobres. Este subsidio de libre disposición, que sería transferido a cuentas bancarias a nombre de la mujer cabeza de la familia, tendría únicamente la condición de certificar asistencia escolar y atención básica de salud a los miembros de la familia, y podría prolongarse hasta por 3 años. Dinero estima que con este programa podría llegarse a cubrir casi un millón de familias en cualquier momento antes del término del gobierno.



Análisis

Planeación Nacional ha logrado concretar programas que movilizaron las dos terceras partes de los US$900 millones previstos en el acuerdo con el Fondo Monetario. Si se ponen en marcha y se ejecutan con eficacia, servirán para atender buena parte de la emergencia social que viven ahora los grupos más pobres de la población. Antes de que los programas por US$662 millones obtengan la aprobación final de los directorios del Banco Mundial y del BID en los próximos 6 meses, seguramente se resolverán detalles importantes de implementación. ¿Será funcional que toda la ejecución del programa se concentre en la Presidencia de la República? ¿Qué tanta participación y cofinanciación local deberá involucrar, sobre todo después de la elección de los nuevos alcaldes? ¿No sería conveniente generar condiciones especiales de contratación laboral para irrigar el impacto a más población? ¿O acompañarla de una profunda reforma laboral para universalizar la seguridad social? ¿No sería mejor diseñar el programa de subsidios monetarios para hacerlo de carácter permanente? ¿Cómo acompañar estas iniciativas de emergencia con la solución definitiva a las deficiencias de operación de las escuelas y los hospitales públicos? Pero más allá del impacto directo sobre los pobres, los dos últimos programas pueden convertirse en una verdadera innovación de la política social hacia el futuro. Si los programas de aprestamiento laboral funcionan con eficacia, el país contará con alternativas a las labores del Sena, que deberían acelerar su reforma. Y los programas de subsidios familiares condicionados pueden representar la vía más expedita para aliviar la pobreza de los verdaderamente pobres. Si a este fin se reorientara la tercera parte de los recursos hoy destinados al mal llamado gasto social, en pocos años podría eliminarse toda la pobreza extrema del país.
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