| 7/21/1998 12:00:00 AM

Los primeros cien días

Desde el primer día de su gobierno, Pastrana tiene que manejar la economía con el mismo arrojo que demostró al reunirse con las Farc.

Andrés Pastrana ya obtuvo la más alta votación de la historia de Colombia y entra a asumir el reto de hacer realidad su lema de campaña: "El cambio es ahora". Le espera una tarea descomunal, ante una crisis económica que no tiene antecedentes y presenta un cuadro sencillamente explosivo en los frentes fiscal, financiero, cambiario, social y de orden público. El cambio tiene que ser ahora, porque no va a haber manera de hacerlo después.



Los primeros cien días de este gobierno serán un verdadero período de transición. Desde el discurso inaugural del 7 de agosto y hasta mediados de diciembre, el gobierno tendrá que configurar su estrategia y tomar decisiones de fondo, quebrando las expectativas derrotistas y rompiendo a partir de 1999 las explosivas tendencias de deterioro. Y que nadie se haga ilusiones: la reversión de las tendencias no será rápida y los resultados no se verán en pocos meses, sino mucho después.



Economía: una nueva visión



La economía es el talón de Aquiles de la situación social del país. Sin una economía sólida nunca habrá empleo, salud, educación, Estado fuerte, iniciativa privada, seguridad, ni paz. Si se quiere avanzar en materia social, al tiempo que se perfila la agenda de diálogo con la guerrilla, el gobierno debe concentrar toda su atención en lograr la transición económica.



La situación es dramática en los frentes productivo, fiscal, cambiario y financiero, sin que se sepa cuál de todos es más grave. Y los cuatro están estrechamente relacionados: las dificultades del sistema financiero expresan la crisis de un aparato productivo carente de recursos internos y de mercados externos, golpeado por los impuestos y arrinconado por las importaciones.



El punto de quiebre del malogrado esquema lo constituye la política fiscal. El nuevo gobierno tiene que eliminar tan rápido como pueda el déficit de casi cinco puntos del gobierno central. La solución no da espera, pues de otra forma perderíamos la actual calificación de riesgo y el financiamiento externo se haría mucho más difícil en términos de costos y plazos. Y el financiamiento interno puede desaparecer si la actual iliquidez y los altos intereses conducen al sistema financiero a una crisis en los próximos doce meses.



Pero no podemos caer en la ilusión de que la corrección fiscal sea suficiente, como en los viejos manuales del FMI. El espacio abierto por un menor déficit tendría que aprovecharse para mantener una tasa de cambio real competitiva y sostenible en el largo plazo. Habría que concentrar el gasto público en resolver las dos grandes deficiencias de nuestra economía: formación de capital humano e infraestructura. Podríamos desarrollar una estructura de impuestos que no castigue innecesariamente al sector privado y que promueva el crecimiento, y dar el salto definitivo para que exista un verdadero mercado de capitales en Colombia, una de las aspiraciones más viejas y más frustradas de este país.



Los instrumentos y la estrategia



El tiempo disponible para la transición es escaso, pero los instrumentos son abundantes. Sin la menor duda, la primera tarea será desactivar la bomba fiscal. Proponerse una reducción del déficit apenas de un punto para el año 99 es inaceptable, como es inaceptable programar un déficit cercano al 2,0% del PIB para el año 2002. Esa fue precisamente la propuesta de Serpa, el candidato derrotado en las elecciones. Llámeselo o no de choque, el ajuste debe ser drástico y rápido, así sea doloroso.



Mucho más fuerte de lo anunciado por Juan Camilo Restrepo, quien desde el 7 de agosto deberá mostrar que tiene bien puesta la camiseta de ministro de Hacienda.



El gobierno debe mostrar en materia fiscal la misma audacia que le permitió a Andrés Pastrana reunirse con las Farc. El ajuste debe ser sostenible, para lograr un balance primario positivo desde el año 99 y un equilibrio fiscal consolidado a partir del año 2000. Y debe ser consistente con el crecimiento de largo plazo, evitando recurrir, como lo hizo el ajuste del 84, a ajustes de aranceles, a financiación extraordinaria del Banco de la República y a deterioro de la inversión social.



En los primeros cien días el gobierno deberá haber obtenido aprobación de las instancias correspondientes para el más ambicioso paquete fiscal. En la segunda semana de agosto deberá haber logrado recortar el presupuesto del 98 y reprogramar pagos por un monto no menor a un billón de pesos, es decir, el 1% del PIB (ver la edición No. 64 de Dinero). Antes de finalizar agosto deberá haber presentado al Congreso tres iniciativas. Primero, el ajuste del inflado, incompleto y atado proyecto de presupuesto general de la Nación para 1999 que dejó el gobierno Samper. Segundo, un paquete de leyes que movilice nuevos recursos fiscales, desactive gastos innecesarios, elimine inflexibilidades del presupuesto para cortar las tendencias explosivas del déficit para el año 99 ­en especial en las Fuerzas Militares, la justicia y la seguridad social de los empleados del Estado­ y ponga en línea los incentivos tributarios con el crecimiento económico. Y tercero, una propuesta de un ajuste constitucional centrado en el rediseño de instituciones fiscales, en especial las asociadas con la descentralización, el fondo de regalías y la división actual de responsabilidades del Ejecutivo, del Congreso y de las entidades locales en las decisiones de gasto.



El decreto de recorte en agosto, la aprobación de un buen presupuesto en octubre, la aprobación del paquete de leyes fiscales en diciembre y la votación en primera vuelta de los ajustes constitucionales son las pruebas que demostrarán la eficacia del nuevo gobierno en sus primeros cien días. Si a la altura de septiembre el equipo económico ve que el cronograma no se va a cumplir, debe tener a mano el recurso de la emergencia económica.



Con la misma rapidez, el nuevo gobierno deberá crear las condiciones para el saneamiento del sector financiero. Todavía es posible evitar una crisis financiera mayúscula, que eliminaría las posibilidades de crecimiento económico durante todo el gobierno. Cuando, a finales de agosto, se tenga claro el panorama fiscal, el gobierno y la Junta del Banco de la República deben establecer un pacto macroeconómico que permita flexibilizar el manejo de las políticas monetaria y cambiaria e irrigar liquidez en el sistema financiero. El nuevo superintendente bancario, que el entrante gobierno se ha demorado innecesariamente en nombrar, debe conformar de inmediato un grupo ad-hoc de alto nivel, con la mejor asesoría internacional, para establecer rápidamente una estrategia con el menor costo fiscal de rescate de las instituciones que lo requieran, como lo propone Carmen Reihart en la entrevista que presentamos en esta edición.



En las primeras semanas de agosto debe capitalizar sustancialmente el Fogafin, con un aumento de las primas sobre el seguro de depósitos, preparándolo para enfrentar un riesgo mayor al que hasta ahora ha asumido. Debe establecer los ajustes necesarios al proyecto de ley de reforma financiera que ya ha hecho su primer trámite en el Senado, y enviar mensaje de urgencia para su aprobación, para facilitar la liquidación de entidades y mejorar las capacidades de intervención. Finalmente, el gobierno desde el primer día deberá desactivar las dos bombas financieras pacientemente cultivadas por el saliente gobierno: el sector financiero cooperativo y el holding financiero del sector público.



La acción rápida en estos cinco frentes, acompañada por una estrategia clara y contundente de comunicaciones que calme la angustia del público, podrá evitar que se presente una crisis financiera cuyos costos para el erario podrían ser mayores que todo el esfuerzo fiscal de muchos años. Haber desactivado esta bomba será el segundo gran logro para los primeros cien días.



La tercera prioridad de los cien días debe ser poner el logro de la competitividad como el norte de largo plazo para la acción del Estado y de los empresarios. Con la clarificación del horizonte en materia fiscal y financiera, al final de los cien días ­no antes­, se habrán creado las condiciones para hacer el inevitable ajuste cambiario que definirá de una vez por todas la reorientación de la política macroeconómica del gobierno Pastrana.



Antes de los cien días, el nuevo equipo económico, con el concurso de los empresarios, deberá haber elaborado un ambicioso plan estratégico de exportaciones que se proponga, cuando menos, duplicar las exportaciones no petroleras en los próximos cuatro años. Para ello, tan importante como el ajuste cambiario será un agresivo plan de integración comercial.



Colombia debe recuperar su status dentro de la integración del continente, para evitar ser arrollada por Estados Unidos o Brasil en los procesos de que se desarrollarán en los próximos años. Y el gobierno Pastrana deberá hacer lo imposible para duplicar la inversión extranjera no petrolera en los próximos cuatro años. Dentro del cortísimo plazo, el Presidente Pastrana debería lograr en su primer semestre un programa de apoyo internacional a la paz, consistente en la extensión de preferencias a nuestras exportaciones a los países desarrollados. Es importante lograr la extensión de las preferencias de la Comunidad Europea más allá del 2004 y las de Estados Unidos más allá del 2002 y que este último país adopte para Colombia un marco más generoso de acceso a sus mercados, como el que brinda a Centroamérica y el Caribe.



La cuarta prioridad de los primeros cien días es la conformación de un plan de desarrollo que, rompiendo con todos los gobiernos anteriores, no se concentre en la expansión de la inversión y el gasto públicos y la identificación de metas cuantitativas inalcanzables, sino en la reorganización de las reglas del juego para que las entidades públicas y privadas puedan combinarse mejor en el logro de la democracia, el desarrollo económico y social y la superación acelerada de la pobreza.



El objetivo debe ser crear reglas del juego eficaces para la descentralización del aparato público, en un contexto de promoción activa de la competencia en los mercados. La movilización eficiente de recursos públicos y privados para la educación, la infraestructura y la seguridad social extendida deben ser las prioridades. El Plan debe incluir una nueva política productiva en los campos agrícola, minero, industrial y de telecomunicaciones, necesaria para la coordinación de acciones con el sector privado y la activación de la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales. Las pruebas finales de éxito de la transición económica serán la elaboración de los documentos preliminares del Plan en estos campos para su discusión pública y la presentación de las bases conceptuales del Plan al Congreso antes de diciembre.



Con estabilidad macroeconómica y financiera garantizadas, y con la activación del dinamismo de las exportaciones y la industria, se habrán creado las condiciones para un crecimiento económico significativo y sostenible, que de otra forma no sería posible.



Los problemas son grandes, como también lo son las expectativas de los ciudadanos frente a su nuevo Presidente. Los colombianos esperamos ver un manejo económico ejemplar, centrado en lo fundamental. ¿Lo tendremos?



Esta incertidumbre terminará, en uno u otro sentido, en el curso de cien días contados a partir del próximo 7 de agosto.
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