| 5/13/2005 12:00:00 AM

Los micos de las pensiones

La deuda pensional vale casi 200% del PIB de Colombia. En la reforma constitucional que discute el Congreso está parte de la solución a este enorme pasivo. Sin embargo, hay nuevas amenazas a su progreso.

Después de los problemas presentados para el quinto debate a la reforma laboral, se pensaría que no hay espacio para sorpresas. Sin embargo, en política, como en los partidos de fútbol, el juego no termina hasta el pitazo final. El proyecto de reforma constitucional que cursará en la plenaria de la Cámara y en el Senado, tiene dos adiciones que, de ser aprobadas, harían tambalear la iniciativa con la cual se pretende controlar la mayor deuda del país.

De una parte, se exime a un grupo de personas del endurecimiento de las normas pensionales que en 1993 introdujo la Ley 100. De otra, aumenta el número de personas que están en régimen de transición. Pero, además, el Congreso tendrá que decidir qué se hace con temas tan complicados como el del 'mínimo vital' para establecer una pensión.



Nadie sabe para quién trabaja

El primer problema está, como suele ocurrir, disfrazado en una redacción oscura en un inciso que introdujo el ponente de la ley en la Cámara. El texto dice que a las personas cobijadas actualmente por el régimen de transición, se les aplicarán las normas vigentes antes de la Ley 100 de 1993. Esto quiere decir que se podrían pensionar después de cotizar 500 semanas y con el 90% del ingreso base de cotización de los 2 últimos años y no con el 65% de los últimos 10 como está en la Ley 100.

Algunos abogados consultados por Dinero piensan que con este texto, las personas del régimen de transición quedan como si la Ley 100 no hubiera existido.

El segundo problema está en que el texto nuevo aumenta el número de personas que entran al régimen de transición. El proyecto les permite a quienes hayan cotizado más de 750 semanas, mantenerse en la transición hasta 2014, siempre que tengan la edad requerida a la entrada en vigencia de la Ley 100. La propuesta le hace perder la fuerza fiscal a la reforma. Mientras que el proyecto que presentó el gobierno al Congreso le ahorraba al país el equivalente a 17% del PIB al mantener la transición hasta 2007, el que aprobó el Senado que trasladó la fecha hasta 2010, bajó el ahorro a 10,3% del PIB. Si se aprobara el texto con los cotizantes de 750 semanas, bajaría a 6% de PIB, el 37% de la propuesta inicial.

Además, explican abogados laboralistas, quedan vivos varios regímenes, un hecho que, como ha ocurrido en el pasado, se usa para evadir las normas menos favorables.

Con la cercanía de la reelección, parece que estos cambios sirven como carta de negociación política para el futuro, explican algunos analistas. Sin embargo, otros opinan que los congresistas defienden sus propias prerrogativas, porque la reforma elimina su régimen especial, así como el de los magistrados. Los más suspicaces, por ejemplo, sostienen que la fecha para terminar los regímenes especiales se corrió de diciembre de 2007 a julio de 2010, para que ningún senador se quedara por fuera de la transición. "Julio es una fecha de corte muy rara para cualquier norma", le dijo a Dinero un funcionario que ha estado cerca del proceso, para mostrar que el tema no es una coincidencia.



El mínimo vital

La reforma debe resolver otra discusión importante: establecer el mínimo vital que debe tener una pensión de jubilación en caso de tutela. Hasta ahora, la legislación laboral no establece una cifra o un parámetro concreto sobre el tema. La Corte Constitucional adoptó el criterio de que el mínimo vital es un concepto relativo al nivel de gastos y, por eso, justificó que se aumentara a $18 millones mensuales la pensión de un ex congresista y a $8 millones la de una ex procuradora, para que pudieran mantener su nivel de vida.

El caso de pensiones elevadas se presenta con mucha frecuencia, en especial con ex funcionarios de la rama judicial, afirman funcionarios de Planeación Nacional entrevistados por Dinero.

Para algunos, una suma exacta, medida como un porcentaje del salario mínimo, sería la solución a este problema. Sin embargo, la posición del Ministerio de Protección es diferente. Creen que una cifra abre la posibilidad de que dos millones de ancianos indigentes -que no reciben pensión o una fracción de ella con el programa de subsidios del gobierno- reciban esa suma. A pesar de la importancia de que esto ocurriera, dicen, no hay espacio fiscal para hacerlo.

El Ministerio, en cambio, introdujo en el proyecto un texto que consagra como único argumento para aumentar una pensión, el valor de las cotizaciones. Con eso se termina el problema que se incrementen por cuenta del nivel de gastos.



Un buen legado

"En pensiones hay que pensar en lo que se les deja a los nietos", dice Sergio Pombo, asesor del Ministro de Protección. Medido en resultados de largo plazo, el legado del Acto Legislativo es bueno. Se ganó en equidad al eliminar los regímenes especiales, salvo el del Presidente y el de los militares. Esto le significará al país un ahorro que el experto estima en 12% del PIB.

También se eliminará la mesada 14, una decisión que se había establecido como una medida excepcional para un grupo de personas y que los magistrados de la Corte Constitucional extendieron a todos los pensionados del país con el argumento de preservar la igualdad. Esta decisión ahorrará otro 12% del PIB.

La deuda pensional valía 206% del PIB en 2002 y con la reforma quedaría en 170%. Se podría bajar a 150% con medidas tan difíciles como la de eliminar el tratamiento diferencial para los militares, pero no se puede avanzar mucho más. "El resto se debe y con esa parte no hay nada qué hacer", asegura Pombo.



Lo que viene

Si finalmente se puede cambiar la redacción del inciso que exime de la Ley 100 a quienes están en el régimen de transición, y se solucionan los problemas de quienes cotizaron más de 750 semanas o que tienen pensiones demasiado elevadas invocando el mínimo vital, el paso que debe seguir es el de verificar la legalidad de las pensiones actuales. Para funcionarios del gobierno, los ejemplos del Departamento del Valle y de la Universidad del Valle son una muestra de los buenos resultados que se pueden obtener con ese trabajo.

El sistema de pensión de prima media no aguantará, si no se contiene el crecimiento de los beneficios. Estaba construido en los 60 para que las personas tuvieran una sobrevida de 15 años después de la fecha de su jubilación. Hoy, por el aumento de la esperanza de vida, esta cifra supera los 20 años, sin contar con los casos fraudulentos en los que los pensionados se casan con quinceañeras para dejarles la pensión de por vida.

Los analistas concuerdan en que también se debe avanzar en la cobertura de los trabajadores informales, lo que implica resolver otro problema financiero. Una persona que gana dos o tres salarios mínimos, no alcanza en su vida laboral a conseguir los $100 millones que necesita para pensionarse con el salario mínimo. Por eso, recibe un subsidio del sistema. "Una persona que gana el salario mínimo recibe un subsidio por el 80% de su pensión", explica Pombo. Algunos sugieren que eliminar la pensión mínima sería la única manera que permita aumentar la cobertura.

Para Jaime Galarza, vicepresidente de la agremiación de los fondos de pensiones, Asofondos, el siguiente paso será establecer los multifondos, el esquema chileno que le permite a un cotizante a las pensiones obligatorias aportar fondos con riesgo diferente -cinco en Chile-, dependiendo de su edad. Los más jóvenes podrían ahorrar en fondos con mayor riesgo.

El tema de pensiones no está cerrado. Ni siquiera cuando a última hora, el último día de las sesiones ordinarias -el 18 de junio-, se esté aprobando el Acto Legislativo que finalmente acuerden Cámara, Senado y Gobierno, ojalá para bien del país.
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