| 10/15/2004 12:00:00 AM

Lo controversial de la controversia

La actual guerra comercial con Chile evidencia las dificultades para implementar los acuerdos comerciales y, en especial, las debilidades de los mecanismos de solución de controversias.

La polémica que se desató con la decisión de Colombia de imponer aranceles a la importación de productos chilenos, como frutas, vehículos y vinos, va más allá del problema puntual entre los dos países. Que Chile no haya acatado el fallo que lo obligaba a reversar una medida que afecta las exportaciones colombianas de mezclas de azúcar y que en respuesta Colombia haya impuesto gravámenes a productos chilenos, puso nuevamente de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos claros en la solución de controversias sobre los acuerdos comerciales.

En este caso, Colombia pudo acudir a un mecanismo de presión debido a que la balanza comercial con Chile está constituida por bienes que se pueden considerar suntuarios. Pero en otros casos no es así. Basta recordar los litigios con Venezuela, en los cuales las consideraciones políticas y económicas -aunque los fallos se ganen- impiden que se obligue al socio comercial a cumplirlos.

Juan Ricardo Ortega, viceministro de Comercio, insiste en que para poder aplicar este tipo de medidas de presión, el Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios verifica que no se afecten bienes de la canasta básica ni insumos del sector productivo.

En el caso de Chile, Colombia aumentó los aranceles de productos como manzanas, peras, vinos, algunos vehículos automotores y cigarrillos. Una canasta muy distinta a la de Venezuela, que provee insumos básicos al sector productivo, y todavía más diferente a la de Estados Unidos, que recibe el 47% de nuestras exportaciones y de donde procede el 30% de nuestras importaciones, que corresponde en gran parte a maquinaria y bienes de capital.



El azúcar de la discordia

El problema con Chile comenzó el 1 de julio de 2002, cuando reclasificó las preparaciones alimenticias con alto contenido de azúcar. Con esto pasaron de no tener arancel a uno de 98%, que corresponde al gravamen consolidado del azúcar. Posteriormente, continuó tomando otras medidas que dificultaban el acceso de los productos azucareros colombianos.

Colombia consideró que estas medidas estaban en contravía del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 24, firmado con Chile en 1993. Tras estudiar el problema, Colombia comenzó en octubre de 2003 un procedimiento de consultas, que es la primera etapa del mecanismo de disputas de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que administra estos tratados.

Como las consultas no dieron resultado, en noviembre Colombia se lanzó a la segunda etapa, al pedir la intervención de la Comisión Administradora del Acuerdo, que no fue satisfactoria. Esto llevó a la tercera etapa, que culminó en enero de 2004 con la constitución de un grupo arbitral, presidido por un árbitro uruguayo, integrado por un chileno, y la colombiana, ex ministra de Comercio Exterior, Ángela María Orozco.

El proceso culminó el 19 de mayo, con la resolución definitiva, que contenía tres fallos. Uno a favor de Chile, otro a favor de Colombia (el que originó las sanciones comerciales por su incumplimiento) y un tercero que, según Gabriel Ibarra, abogado que llevó el caso, no establece con claridad las acciones que de él se desprenden y no se sabe claramente a favor de quién está.

El proceso, a pesar de haberse llevado a cabo de manera relativamente satisfactoria, puso de manifiesto que los mecanismos de solución de controversias necesitan varias reformas; en especial los de los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) que Colombia ha firmado con algunos países latinoamericanos.



Las lecciones

Para hacer más efectivos estos mecanismos, es importante mejorar las diferentes etapas que los componen. Por ejemplo, la segunda puede resultar innecesaria, pues no añade mucho a lo que se hace en la primera etapa, al ser las mismas personas las que interactúan en ambas.

Otra dificultad es el nombramiento de los árbitros. En primer lugar, su imparcialidad no es óptima, pues dos de ellos pertenecen a los países involucrados; además su nombramiento, como es de común acuerdo, puede prolongarse demasiado; por último, al haber diferentes árbitros para cada proceso puede perderse continuidad en los fallos. Rodolfo Cruz, coordinador del sector privado en el TLC de México con Estados Unidos, argumenta que lo mejor es la integración de un tribunal permanente. Esto "daría profesionalismo, secuencia en los fallos y serviría como camino andado", dijo el mexicano en una entrevista con Dinero.

Sin embargo, según Gabriel Ibarra, apoderado de Colombia en el caso de Chile, un tribunal permanente implica costos demasiado altos. Para él, lo ideal sería tener una lista de árbitros especializados, procedentes de países no involucrados y que, en caso de no ponerse de acuerdo los países, la secretaría general de la ALADI pueda elegir los árbitros.

Por último y lo más grave, "la decisión del tribunal arbitral no es susceptible de ningún recurso ni de ninguna instancia de revisión. Esto va en contra del debido proceso, pues no hay ninguna manera de obtener la revisión de un fallo", argumenta Ibarra. Esto es especialmente grave en el caso de Chile, donde hay un fallo que no tiene parte resolutoria, es decir, no establece con claridad las acciones que de él se desprenden. Al no poder revisarse este fallo por ninguna instancia superior, no hay posibilidad de aclarar qué se debe hacer.

Es de gran importancia que Colombia aprenda de estas lecciones, para ir mejorando sus relaciones comerciales internacionales. Incidentes como el de Chile dejan lecciones, para que se vayan construyendo cada vez mejores mecanismos de solución de controversias.
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