| 5/9/2008 12:00:00 AM

Ley de competencia

El Ministerio de Comercio presentó a mediados de abril un proyecto para reformar las normas de competencia empresarial.Claridad y mayor penalidad para quienes laS infrinjan son sus características.

"Todo lo que tenga que ver con competencia es bien recibido. En esto estamos en el mundo de hoy. Hay mucha receptividad y seguro que lo trataremos de inmediato". Es la opinión favorable del senador Víctor Renán Barco, refiriéndose al proyecto de Ley que radicó el gobierno el 18 de abril para reformar el régimen de competencia empresarial del país.

Si se acogiera el proyecto, esta legislatura le podría hacer la enmienda más importante en casi cincuenta años a este régimen, que les interesa sobremanera a los inversionistas nacionales y extranjeros y que pondría al colombiano como uno de los mejores de América Latina.

Las modificaciones son muchas. La principal, quizás, es que se define por fin que la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, es la única entidad encargada de vigilar los temas de competencia. Hasta hoy, los temas de competencia pasan por la Superfinanciera, la Aeronáutica, la Superintendencia de Servicios Públicos y dilatan enormemente los procesos.

La SIC podrá actuar con más diligencia porque, además, otras decisiones le están quitando funciones, como las de acreditación y de metrología industrial, para que paulatinamente quede solo con la responsabilidad de vigilar los asuntos de competencia y de defensa de los consumidores.

El proyecto de Ley también aumenta las multas. La multa máxima hoy es de 2.000 salarios mínimos legales vigentes, una suma que muchas empresas pueden pagar sin problema. "No queremos pellizcar sino golpear fuertemente" dice el superintendente de Industria y Comercio, Gustavo Valbuena. La suma tiene que servir para disuadir prácticas que las empresas pueden estar tentadas a realizar haciendo la cuenta de lo que cuesta la multa y lo que se puede ganar con una infracción.

Esta medida se complementa con una propuesta de medidas cautelares para que se detenga rápido la acción que afecta la competencia. Si no se hiciera así, dice el viceministro de Desarrollo Empresarial, Sergio Diazgranados, alguien podría infringir las normas y cuando lo condenen ya podría haberle hecho un daño irreversible a sus competidores.

De igual manera, se les quitará espacio a los abogados que apelan cada etapa del trámite con el único propósito de dilatar el proceso. "Los actos de trámite no tendrán recurso de reposición ni serán apelables", explica el Viceministro.

Tampoco será fácil escabullirse de la acción de la SIC. Hasta ahora, la vigilancia de la entidad está claramente definida para personas jurídicas. La nueva norma será explícita en que la SIC podrá vigilar y sancionar empresas y otros actores de competencia, sin importar si son personas jurídicas, naturales o incluso agremiaciones. En el proyecto aparece, así mismo, la figura de la delación. Establece recompensas para quien informe sobre prácticas antijurídicas.

Lo que le falta al proyecto

Una propuesta que el país debería pensar con más cuidado es la de establecer superintendencias colegiadas, una figura que tiene dos grandes ventajas. De un lado, reduce el poder discrecional de una sola persona, el Superintendente, y, de otro, le quita el poder al gobierno de manipular las decisiones para que se ajusten a sus intereses, como podría hacerlo simplemente con cambiar al Superintendente. La vigilancia colegiada está bien probada en Colombia. Basta mirar el ejemplo de la Comisión de Regulación de Electricidad y Gas, Creg..

El Ministerio de Comercio evaluó esa opción, pero estimó que el sistema de contrapesos que funciona en la Superintendencia de Industria y Comercio es suficiente. "Antes de que el Superintendente se pronuncie sobre un caso, hay un informe técnico con la opinión del Delegado y que es público. Si el Superintendente opina algo distinto, tiene que explicar sus razones", dice el viceministro de Desarrollo Empresarial, Sergio Diazgranados. La competencia es uno de los motores más fuertes de las economías de mercado y son una garantía para los consumidores. Ahora falta que el Congreso pase una norma que la fortalezca, para preservar el interés de todos los colombianos consumidores.
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