| 4/30/2004 12:00:00 AM

¿Ley 550 o régimen de insolvencia?

El gobierno no ha presentado al Congreso el proyecto de ley sobre insolvencia económica, que reemplazaría a la Ley 550 que pierde vigencia en diciembre. ¿Cuáles son sus cambios más importantes?

A finales de marzo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo envió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República el anteproyecto de Ley de Insolvencia, que reemplazaría a la Ley 550, cuya vigencia termina en diciembre. Pero aún no se sabe cuándo enviarán el proyecto al Congreso para su análisis y discusión. Al cierre de esta edición no había sido presentado.

Mientras tanto, desde los primeros días de marzo fue radicado en la Secretaría del Senado de la República, por iniciativa del representante a la Cámara Manuel Enríquez, un proyecto de ley con solo dos artículos y un solo objetivo: prorrogar la vigencia de la Ley 550 dos años más.

Para el gobierno, esta es una solución transitoria al tema. "El régimen de insolvencia requiere modificaciones profundas y permanente, para acuerdos de reestructuración, liquidaciones o quiebras. Esos cambios están en el anteproyecto del régimen general de insolvencia", asegura el superintendente de Sociedades, Rodolfo Daníes (ver entrevista).

La prórroga de la Ley 550 podría tomar aún más fuerza, luego de la decisión del gobierno de aplazar para la próxima legislatura temas económicos vitales, como el pensional, que se sumarán a otros más complejos, como el de alternatividad penal, el estatuto antiterrorista, la reestructuración del Estado y, más aún, el de la reelección presidencial.

Por eso, la alerta persiste. "Es preocupante que por darles prioridad a temas políticos más candentes se deje un tema económico y social tan grave, como la suerte de las empresas, en vísperas de una negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o del ALCA, sin adecuar la legislación a las nuevas realidades que van a ofrecer esos tratados que van a beneficiar a unos sectores, pero que van a afectar a otros", dice el abogado Luis Fernando Alvarado.



La discusión

Al margen de la discusión de los tiempos y la presentación en el Congreso del proyecto de Ley de Insolvencia, su discusión jurídica está abierta. Desde hace más de dos años, la Superintendencia de Sociedades trabaja en él y busca unificar los procesos concursales, que se aplican a personas jurídicas y naturales, y a comerciantes y no comerciantes. El proyecto excluye a los entes territoriales -donde la Ley 550 ha dado buenos resultados-, a las empresas de servicios públicos, industriales y comerciales del Estado y a las entidades de derecho público.

Para quienes defienden la Ley 550, sus resultados solo se podrán ver a finales de este año y a principios de 2005, pues la mayoría de los acuerdos de reestructuración firmada no se hizo en 2000, sino a partir del segundo semestre de 2001 y principios de 2002. "En promedio, los acuerdos de reestructuración tienen dos años de gracia a capital e intereses, y por eso hasta ahora las empresas empiezan a atender la primera parte de la deuda. Solo a partir de este año se va a poder medir cuál es el resultado de la Ley 550. Mientras tanto no, porque cuando los acuerdos de reestructuración están en período de gracia todo va muy bien", asegura una abogada que prefirió mantener su nombre en reserva.

Según Daníes, el objetivo más importante del proyecto de ley es proteger a los acreedores, a diferencia de la Ley 550 que defendía al empresario en dificultades. Y la tendencia moderna es que las legislaciones propendan por el respeto de los acreedores, buscando que los empresarios actúen con principios de diligencia y los administradores tengan mayores responsabilidades.

En ese sentido, las condiciones para acogerse a la Ley de Insolvencia son mucho más estrictas en dos áreas específicas: la fiscal y la de seguridad social. Para acceder a este mecanismo jurídico, las empresas no podrán tener obligaciones pendientes por retenciones en la fuente ni por IVA y deberán estar al día en todos los pagos a la seguridad social, entre ellos los de pensiones.

Este se ha convertido en un tema que tiene resistencias. Aunque el argumento que respalda los cobros es que con los dineros públicos no se puede jugar, "es como si dijeran que con los recursos de los acreedores, sí", afirma un abogado.

Pero la experiencia en los procesos concursales muestra que cuando los empresarios van camino a la quiebra, empiezan a buscar crédito con el sector financiero, luego con proveedores y una vez llegan al límite con ellos, toman platas del Estado (aportes y retenciones). "Muchas de las empresas que fueron a Ley 550 no cumplirían hoy estos requerimientos", dice el abogado Álvaro Isaza.

Esto, a juicio de otros especialistas, traería problemas adicionales. "Se generaría una alerta sobre el sector financiero, porque la empresa que vaya camino a la reestructuración tratará de conseguir un crédito para pagar esas obligaciones y responder por esos pasivos y su endeudamiento crecería. Además, el país podría ver una época de quiebras, pues las empresas no se podrían acoger a la ley. Y, paradójicamente, a la ley solo podrían llegar empresas sanas", señala el abogado Guillermo Isaza.

Para muchos, aún queda un largo proceso de discusión para pulir la ley y convertirla en una herramienta jurídica útil para el sector productivo colombiano. Sin embargo, el tiempo se agota y si no se presenta oportunamente y se aprueba sin los debates adecuados, lo que puede salir del Congreso es una ley desarticulada en la cual el remedio puede ser peor que la enfermedad.
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