| 12/1/2005 12:00:00 AM

Las tareas de la propiedad intelectual

Colombia necesita preparar mejor su sistema de protección y administración de propiedad intelectual. Incluso sin TLC, las exigencias futuras lo pondrán a prueba.

No es del todo claro qué tan preparada está Colombia para administrar y proteger la propiedad intelectual en la que se perfila como una coyuntura particularmente importante. Al cierre de esta edición, Colombia discutía la firma del TLC, un acuerdo que aumentará la presión por parte de Estados Unidos para que conceda y proteja los derechos de propiedad intelectual de sus ciudadanos en territorio colombiano. Con el tratado, todo el sistema colombiano quedaría en la mira. Se necesitarán ajustes en las leyes y capacitación para las unidades encargadas de proteger los derechos de propiedad intelectual, lo mismo que aumentos en el 'pie de fuerza' y la calidad de quienes garantizan el respeto de las normas de propiedad intelectual.

Pero aún sin TLC, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, es la más necesitada de cambios para atender los aumentos en el número de solicitudes de derechos de marca y patente de parte de empresas extranjeras y nacionales. Colombia es firmante del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que facilita la solicitud desde cualquier parte del mundo y por eso aumentarán las solicitudes de patentes 30% en dos años, dice Jairo Rubio, superintendente de Industria. En el tema de marcas, cada funcionario de la SIC examina 1.600 solicitudes de las 18.000 anuales.

La cifra seguramente aumentará si Colombia, a raíz del TLC, firma el Protocolo de Madrid, un tratado que igualmente les facilita a los empresarios la solicitud de marca alrededor del mundo. Así, solo para propiedad industrial, se estima que la SIC necesitaría alrededor de 25 evaluadores de patentes adicionales a los 14 actuales. En marcas, también necesita más recursos, dice Rubio.

Pero la SIC no es la única entidad que necesita refuerzos. Por el TLC, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, probablemente verá aumentar las solicitudes para la comercialización de productos farmacéuticos, por lo que necesitará fortalecer su capacidad técnica de evaluación de nuevas entidades químicas.

Estas entidades no solo trabajan para fortalecer su capacidad operativa, sino también la percepción que se tiene de ellas, la cual no siempre es favorable. No es raro encontrar inventores que aleguen que sus ideas han sido robadas en el proceso de patente ante la SIC. Esto no es cierto, dice Rubio, pero reconoce que las quejas se deben a la ignorancia acerca de cómo patentar; ignorancia que la entidad sabe que debe combatir mejor.

En infraestructura, las entidades colombianas han mejorado. La SIC cuenta con uno de los mejores bancos de patentes de América Latina, lo cual facilita la investigación para quienes aspiran a patentar, aunque en el tema de marcas necesitaría un registro electrónico parecido al de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esta última entidad ha modernizado su sistema de registro de tal manera que los aspirantes puedan bajar los formularios para registrar sus obras literarias, musicales y de software por internet. Se espera que para 2006, estas solicitudes puedan hacerse en línea. Esta plataforma no solo facilita las solicitudes sino que provee información más oportuna para adelantar investigaciones sobre delitos contra la propiedad intelectual.

En este sentido, la capacidad de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual es vital. En Colombia, el problema es que por falta de especialización y alta rotación, tanto jueces como investigadores desconocen el tema de propiedad intelectual, lo cual dificulta perseguir infractores y desanima a las víctimas a demandar.

Las entidades del Estado operan en varios frentes. El Convenio Antipiratería es un esfuerzo multiinstitucional que fomenta la protección de derechos de autor que entre 1996 y 2002 ha capacitado 2.729 jueces, fiscales y funcionarios de la Dian, DAS y Policía. Por su parte, la SIC ha hecho convenios para capacitar a más de 50 jueces en el tema de propiedad industrial. La Dian también ha trabajado con gremios, como el de calzado, para establecer normas técnicas que permitan detectar mercancía falsificada.

Con todo, Colombia ha avanzado en el tema de observancia. La percepción de la importancia del tema entre los funcionarios ha mejorado, dice Liliana Ariza, asistente de la dirección de Derechos de Autor. "Hace tres años era muy distinta". Operativamente, también hay resultados destacables. En 2004 Colombia fue el país latino con el menor índice de piratería de software, según el Business Software Alliance y entre 1998 y 2004, el número de libros piratas incautados creció 100%.

Colombia también necesitará ajustar su legislación de propiedad intelectual. Algunos cambios ya se han hecho. Controversialmente, el gobierno extendió el período de protección a los datos de prueba para nuevos medicamentos hasta cinco años, lo que favorece a sus fabricantes. Y en cuanto a derechos de autor, desde 1982 modernizó su legislación y es firmante de los "Tratados de internet" de 1996 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, probablemente habrá más cambios por venir. Por ejemplo, el TLC obligará el ajuste de la legislación colombiana en el tema de protección en medios digitales, dice Ariza. Y otras leyes, como la concerniente a los datos de prueba para la comercialización de agroquímicos, necesitarán aclararse. Incluso, tendría que especificarse cuáles son los delitos de propiedad intelectual que cobija el vago término de "connotación nacional" y que son los únicos que la Fiscalía puede investigar.
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