| 4/12/2006 12:00:00 AM

Las propuestas de Gaviria

Dinero inicia una serie de entrevistas con los candidatos presidenciales sobre su agenda económica. En este número, Carlos Gaviria, del Polo Democrático Alternativo.

Abogado profesional y filósofo por afición y oficio, el antioqueño de 68 años, Carlos Gaviria, es uno de los aspirantes a la Presidencia de la República para el período 2006-2010. Estos son sus planteamientos.

¿Cuál es el elemento más importante en su política para aumentar el crecimiento económico? Aumentar la inversión productiva. Es inaudito que tengamos un excedente considerable de divisas y que las estemos utilizando tan solo para inversión financiera, para apalancar canje de deuda externa por interna. La propia junta directiva del Banco de la República ha reconocido que ha utilizado casi US$7.000 millones en los últimos años para realizar este tipo de operación que incrementa la fragilidad de las finanzas públicas.

Con esa cantidad de divisas podríamos apalancar inversión estatal en sectores estratégicos, caso telecomunicaciones y energéticos, cofinanciar proyectos productivos importantes y facilitar crédito de fomento a la pyme.

Adicionalmente, este tema se encuentra relacionado con la integración regional. Venezuela es nuestro segundo socio comercial, pero el primero en productos manufacturados que son los que generan más empleo. Una relación comercial más estable con ese país nos permitiría sostenibilidad de mediano plazo en los precios de los productos energéticos.

¿Cuál sería el pilar para reducir la pobreza en el país? La pobreza por ingresos solamente se puede reducir creando nuevas fuentes de empleo estable. El asistencialismo es insuficiente y atenta contra la dignidad humana. Una de mis mayores preocupaciones es observar cómo se ha precarizado el empleo en las últimas décadas. Las recientes reformas laborales bajo el argumento de que el exceso de 'prebendas' que tenían los trabajadores hacía imposible aumentar el empleo, terminaron, prácticamente, por acabar con la contratación laboral y, sin embargo, las estadísticas muestran que el desempleo sigue en el mismo punto en que estaba antes de las modificaciones legales.

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas debe reducirse, mediante la ampliación y adecuación de la infraestructura básica suministrada por el Estado.

La pobreza en general debe ser atacada mediante una política social que se encamine hacia la universalización de los derechos. Por ello, me opongo a la intermediación financiera en salud, vivienda y educación.

¿Cómo reduciría la desigualdad económica en Colombia? Democratizando el acceso a los activos de la economía, tierra y capital. Para el caso de la tierra, tomemos en primer lugar lo que ocurre en el campo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hay un registro catastral de 82,1 millones de hectáreas distribuidas entre particulares y entidades estatales. La mayor proporción de propietarios (55,6%) y de predios (56,8%) son minifundios menores de 3 hectáreas y disponen del 1,7% del territorio registrado. Mientras tanto hay un grupo de 2.428 propietarios que poseen el 53,5% del territorio reseñado, lo que equivale a un promedio de 18.093 hectáreas por propietario, un espacio territorial 6.000 veces mayor al del minifundio de 3 hectáreas en el que viven 2,2 millones de colombianos. Sobran los comentarios.

En las ciudades, la situación no es diferente. El mismo IGAC reconoce 301.931 hectáreas urbanas, el 0,26% del territorio registrado. El problema aquí es la concentración de la tierra apta para urbanizar. Esta área llega a 175.795 hectáreas, el 58,2% del área rural y está controlada por 36.019 propietarios. Es el grupo que usufructúa renta con el crecimiento de las ciudades, contando con terrenos de más de 10.000 m2, disponibles para construcción comercial y de vivienda para estratos altos, mientras el faltante de viviendas es de 2,3 millones, principalmente en los estratos bajos. Esta situación de inequidad no puede continuar. Propondré modificaciones legales para garantizar la democratización del suelo urbano y rural, para recuperar el criterio de la función social de la propiedad.

Frente al acceso al capital, propugnaré por la democratización efectiva del capital accionario y del crédito que también están bastante concentrados.

¿Cómo combatiría el desempleo? Con mayor inversión productiva, tanto privada como estatal. Formalizando la economía informal, mediante proyectos productivos apalancados financieramente por el Estado que incluyan capacitación y planes de mercadeo adecuados. Y algo muy importante en la actual coyuntura, posibilitando el retorno al campo de los desplazados de la guerra.

¿Cuál sería la mejor herramienta para formalizar a los empresarios informales? Propongo que la formalización de la pequeña empresa y de las unidades económicas informales incluya su reconversión tecnológica y organizacional y la eliminación de obstáculos a su desarrollo, como la falta de garantías legales y las altas tasas de interés que les impiden acceder al crédito. El intento de formalizarlas en las condiciones en las que operan hoy y solamente para efectos tributarios las llevaría al fracaso con grandes costos sociales.

¿Considera que debe haber límites a la independencia del Banco de la República? ¿Cuáles? Estoy en contra de la forma como las autoridades monetarias han interpretado la autonomía del Banco de la República. Esta interpretación terminó por entregarle al mercado financiero las principales variables de la política monetaria, la definición de la tasa de interés y de la tasa de cambio y por concentrar todos los esfuerzos en controlar la inflación, sin importar a qué costos.

Ese no era el espíritu de la Constitución de 1991. Propondré modificaciones legales para recuperar la armonía entre la política monetaria y el conjunto de la economía.

¿Qué debería contener una reforma tributaria estructural? Un aumento de la tributación directa. Este es un criterio democrático y de distribución de la riqueza.

En concreto, eliminaría las exenciones a la renta y crearía un impuesto permanente y progresivo sobre patrimonios altos, un gravamen a patrimonios líquidos (netos de acciones) superiores a $1.000 millones a tasas crecientes entre 0,4% y 1,2%, sin la contraprestación de que puedan valorizarse contra el gravamen. Ello posibilitaría una reducción de la retención en la fuente y de los porcentajes del IVA, del cual deben excluirse la totalidad de los productos de la canasta familiar. Soy partidario de mantener los porcentajes impositivos sobre celulares y automóviles y de acabar con el gravamen a los movimientos financieros. Me declaro en contra del impuesto de guerra pues abogo por la solución política del conflicto.

Un punto adicional. Creo que hay que empezar a discutir con seriedad el problema del endeudamiento público y a pensar, por qué no, en fórmulas de renegociación.

¿Cómo se deben establecer las prioridades en infraestructura para el TLC? No comparto la aplicación del TLC y una de mis propuestas -de llegar a la Presidencia- será la de convocar a un referéndum, con garantías de información previa, que defina sobre este asunto.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?