| 5/14/2004 12:00:00 AM

La segunda ola

Se inicia una segunda fase de la reforma a la administración pública con la reestructuración de las superintendencias y el trabajo sobre 20 entidades prioritarias.

El gobierno está listo para iniciar una segunda ola de cambios en su estructura. En marzo terminó la fase de reformas 'verticales', en la cual redujo el tamaño de 141 entidades de las 300 que componen la rama ejecutiva. Ahora iniciará una serie de transformaciones en 11 áreas denominadas 'transversales' y además estructurará una de las jugadas más vistosas del proyecto, cuando proponga una serie de modificaciones a las superintendencias y otras entidades de control y vigilancia.

Aunque la austeridad representará ahorros para el fisco por casi medio punto del PIB cada año a partir de 2006, este programa no tiene pretensiones tributarias. Con los cambios en la arquitectura del sector público, se buscan metas de eficiencia y de transparencia.



Las prioritarias

En la nueva fase, una buena parte de la acción de los diez funcionarios de Planeación Nacional y los dos equipos de abogados que se encargan del Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) se concentrará en mejorar la gestión de 20 entidades. No se trata de hacer liquidaciones (aunque las habrá), sino de fortalecer las escogidas, o ponerlas en un tamaño que mejore su eficiencia.

Dos tipos de entidades componen la lista de las 20. Unas que deben consolidar su reestructuración y otras que no fueron intervenidas en la etapa que culminó en marzo. En ella podría estar el Inpec, una entidad a la que, como señala Claudia Jiménez, directora del PRAP, no se le pueden pedir ajustes y recortes, sino que debe fortalecerse. También el ISS y las Entidades Sociales del Estado, ESE, en las que se escindió; Telecom que sigue en proceso de marchitamiento, y Ecopetrol. También cobijaría al Sena, al recién creado Incoder y al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo mismo que algunas de las entidades militares.

Las demás serán escogidas aplicando criterios cuantitativos suministrados por Planeación, pero la conformación final de la lista depende de cada ministerio, que debe comandar la reestructuración de sus entidades adscritas.

La mayor parte de las modificaciones en los entes seleccionados se hará con decisiones administrativas y decretos, por lo que las transformaciones serán rápidas. No hay duda de que este proceso tendrá opositores pero también recibirá apoyo de quienes consideran que la transformación ordenada de las entidades públicas es un imperativo para conformar un aparato productivo más competitivo. El resultado de la primera fase de las reformas hace pensar que con buen juicio todavía se puede mejorar el desempeño de un grupo de 20 entidades estatales, casi cualquiera que ellas sean.



La reforma de las superintendencias

Pero quizás la reforma más importante que se prevé en el corto plazo es la de las entidades de supervisión y vigilancia, siempre y cuando se haga con la profundidad y el cuidado que el tema requiere. En el país hay 11 superintendencias y 3 comisiones de regulación que vigilan toda clase de actividades, desde puertos hasta cooperativas veredales.

El diagnóstico de Planeación sobre las superintendencias es duro pero acertado. Muchas de esas oficinas conservan un estilo de supervisión subjetivo, vigilan actividades que no lo ameritan -como las de cooperativas que no captan recursos del público-, tienen funciones judiciales -como las de resolución de conflictos en la Supervalores-, duplican sus funciones -las empresas grandes de comunicaciones son vigiladas por cinco entidades-, asumen tareas administrativas que no les corresponden -metrología y registros-, y con excepción de Supersociedades y Superservicios no tienen presencia regional.

Planeación también tiene reparos fundados al funcionamiento de las comisiones de regulación. Tras nueve años de operación, muestran una estructura disímil en tamaño y competencias, no tienen criterios uniformes para regular temas que les incumben, como los de tarifas o los de rendición de cuentas. Pero además elevan los costos de transacción para las empresas que ofrecen múltiples servicios y que son vigiladas por varias comisiones.

Las deficiencias de gestión y la duplicación de funciones de vigilancia permiten, por ejemplo, el arbitraje regulatorio, que aparece cuando una entidad vigilada por más de una superintendencia adopta las normas que le son más favorables.

Por eso, algunas de las ideas que baraja el DNP para modificar la arquitectura de las entidades de supervisión en Colombia parecen tan oportunas y adecuadas.

La propuesta de crear comisiones de coordinación, conformadas por miembros de las superintendencias, para establecer criterios comunes en casos como los de definición de tarifas, tomas de posesión de empresas o interpretación de la doctrina y la ley, es importante. También lo es la de conformar una central única de información y riesgos y el sistema común de liquidación y de cobro coactivo para las entidades de vigilancia.

Así mismo, es pertinente la reestructuración de la Superservicios en los términos de la propuesta gubernamental (ver recuadro).

Otros observadores opinan que la Superintendencia de Notariado y Registro podría reducir su papel de árbitro en discusiones de tarifas notariales, para ahondar en la construcción de mecanismos que garanticen la fe pública en un país de alta desconfianza entre las personas. También opinan que la Superintendencia de Subsidio Familiar tiene unas funciones de aprobación de presupuestos de las cajas de compensación, que podrían ser reemplazadas por otras más importantes.

La idea de llevar el manejo de todas las normas y los pleitos sobre restricción a la competencia a la Superindustria puede tener adeptos y detractores, pero es un tema que también vale la pena considerar.

Al lado de esas iniciativas poco controversiales, conviene tomarse un tiempo para definir la necesidad de mantener dos superintendencias para el sector financiero. No se debe actuar apresuradamente, sino pensar en forma integral en el esquema de supervisión para la actividad. Por eso parece necesario avanzar en la contratación del estudio que el Ministerio de Hacienda quiere hacer para definir este aspecto.



Lo que viene

Hay que tener presente que la reestructuración que planea el gobierno, más que un proceso de reconversión administrativa, pretende adecuar esas entidades a un modelo de Estado que limita las áreas de intervención pública a unas pocas bien definidas (ver recuadro) y supone que la calidad en la regulación y el control son requisitos para mantener la inversión privada.

Pero, para que un programa de ese calado opere, es importante actuar pronto. La incertidumbre afecta a supervisores y vigilados por igual. Por eso ahora planear con velocidad las reformas es tan importante como haber diseñardo la estructura. En una especie de blitzkrieg administrativa, el Ejecutivo todo tiene que aplicarse para tramitar este asunto que está en el corazón mismo del funcionamiento económico.

También debe acordar el alcance que le dará a otra pieza importante de la reforma, el Régimen Jurídico Único para las Superintendencias, que presentará como proyecto de ley en julio y que unifica desde la naturaleza jurídica, hasta los procedimientos de investigación, requerimiento y sanción y las facultades de policía administrativa de estas entidades.

En todos estos temas habrá discusiones. Ya han aparecido defensores de la fisonomía actual de las superintendencias, incluso por parte de grupos tan inesperados como los vigilados, casi siempre más dispuestos a la crítica que a la defensa de sus supervisores.

El país y el gobierno deben estar preparados para llegar con celeridad a acuerdos sobre estas reformas, tal vez menos comentadas pero con alcances más profundos e importantes que la mayoría de las iniciativas gubernamentales recientes.
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