| 12/16/2005 12:00:00 AM

La reforma de Navidad

Qué tan conveniente es la propuesta de reducir la tarifa de impuesto de renta para las empresas. Aislada no les sirve a la inversión, al empleo formal y al crecimiento.

La propuesta de reducir de 38,5% a 28,5% el impuesto a las empresas que reinviertan sus utilidades no pudo haber llegado en un momento más complicado. A pocos días de terminar la legislatura, la propuesta del presidente Uribe aturdió a los congresistas, que no están nada acostumbrados a hacer grandes movimientos tributarios sin discutir de manera dilatada sus implicaciones.

Al inicio, parecía incluso que no tenían interés en considerar el tema. Se tomaron 15 días después de que el gobierno envió el mensaje de urgencia para este proyecto, para reunir por primera vez las comisiones Terceras de Senado y Cámara y en esa ocasión no hubo quórum.

Sin embargo, la tibieza del ambiente político fue desapareciendo. Primero, Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, les explicó a los congresistas que la baja propuesta en la tarifa obedecía a un estudio de la Dian que mostraba que con la deducción por la reinversión de las utilidades que está vigente, las empresas que tenían una tarifa teórica de 38,5%, terminaban pagando 28,5%. De esa forma, la propuesta solo transformaba una exención en una menor tarifa, sin que se modificaran las cifras de recaudo.

Además, la baja de impuestos tiene una repercusión política favorable para los congresistas que la aprueben, lo mismo que para las aspiraciones de reelección del propio Uribe.

Algunos parlamentarios, como el representante Rafael Amador, consideran que la propuesta se debería presentar más adelante, como parte de una reforma tributaria estructural. "Es obvio que se llegue a eso, pero como parte de un paquete integral. Es difícil que en un tiempo tan corto se pase una reforma de esa naturaleza", sostiene. Sin embargo, lo más posible es que prevalezca el interés del gobierno y que se apruebe empujado por la bancada uribista, que tiene el 66% de los votos en la Comisión Tercera del Senado, el 83% en la Tercera de Cámara y el 70% en las plenarias.

Pero incluso si la reducción de tarifas de renta parece por sí sola una buena noticia, el punto de fondo es saber si es el paso indicado para mejorar la estructura tributaria y con ello los incentivos para aumentar el empleo formal y la inversión en el país.

Los expertos coinciden en que esa medida aislada no es buena. Mauricio Cárdenas, director ejecutivo de Fedesarrollo, señala que la rebaja solo le serviría al desarrollo del país si se hace a cambio de eliminar exenciones. "Si eso ocurre, es un paso en la dirección correcta. Si no, es la mejor forma de crear más problemas", señala.

Le parece peligroso que se tome esa decisión, pero se dejen luego sin tocar los demás problemas estructurales. "El momento para proponer una reforma tributaria es muy malo. El gobierno y el Congreso están en campaña y el proceso electoral determina mucho las decisiones. Las hace más cortoplacistas", asevera.

Quién debe pagar qué Los estudios de Fedesarrollo muestran que Colombia tiene que cambiar su régimen del impuesto de renta para mejorar la competitividad internacional de las empresas y reducir las inequidades. La carga tributaria corporativa es relativamente alta (ver tabla). Por eso, Cárdenas propone reducirla del 38,5% actual al 30% -un menor recorte que el propuesto por el gobierno- para mejorar la productividad en la fabricación nacional.

Pero adicionalmente encuentra que el gran número de exenciones crea posibilidades de elusión (pagar menos impuestos usando beneficios de ley) en algunos sectores que generan una enorme dispersión en las tasas que efectivamente pagan. "El sistema actual no es homogéneo. En la economía actual hay privilegios", sostiene el economista. Así, por ejemplo, la tarifa efectiva de tributación con exenciones va desde -33% en empresas de electricidad, agrícolas y hoteles, hasta 40% en comercio y construcción. Así, contribuyentes con ingresos similares pagan impuestos muy diferentes.

Pero para bajar y reducir la dispersión de las tarifas sin disminuir los recaudos, se necesita ampliar la base de declarantes. Las cifras de Fedesarrollo también dan razones de sobra para emprender esta otra modificación.

En 2004, el 78% del recaudo total del impuesto de renta se hizo entre 5.259 personas jurídicas que corresponden a la categoría de "grandes contribuyentes". Además, buena parte del incremento del recaudo en los últimos años es atribuible a la mayor tributación de las personas jurídicas.

Las 374.631 personas naturales declarantes, por su parte, corresponden apenas al 1,7% de la población económicamente activa y aportaron solo el 4% del recaudo de renta. En América Latina, los individuos pagan más del 25% del impuesto de renta. "La mínima participación de las personas naturales es resultado del alto nivel de exenciones a este tipo de contribuyentes. De hecho, el nivel de exención básica -medido como múltiplos del ingreso per cápita- es el tercero más alto en América Latina", señala Cárdenas. En IVA también se deben hacer cambios de fondo, como dejar dos tarifas (2% para el núcleo de la canasta familiar y 16% para los demás bienes), ampliar la base de bienes gravados tanto como sea posible y compensar con transferencias públicas al estilo de las del programa de Familias en Acción a los grupos más pobres que se vean afectados por el aumento del impuesto.

Se agota el tiempo Presentar una reforma tributaria estructural en este momento tendría una enorme ventaja, porque en las actuales condiciones fiscales el gobierno no necesita llegar al Congreso, como lo ha hecho cada año en los últimos diez, con la necesidad de aumentar sus recaudos. Eso le permite retirar sin problema un proyecto de reforma si en el debate se comienza a desdibujar el diseño.

Para el director de Fedesarrollo, si no hubiera restricciones electorales, el mejor momento para presentar la reforma estructural completa es hoy, cuando la solvencia fiscal está clara. Sin embargo, con el riesgo de que cambie radicalmente el escenario en los próximos meses, dice, se podría presentar en los primeros días del siguiente período presidencial. Pero después de eso no hay mucho más plazo, porque el gobierno tendrá que atender la caída de los recaudos que producirá la eliminación de impuestos como el de patrimonio en 2006.

Si eso ocurre, el país volverá al esquema tradicional de presentar pequeñas reformas anuales que no tocan los temas de fondo. "Los cambios deben contribuir a reducir la informalidad e incrementar la competitividad de la economía. Consideramos que este es el principal cuello de botella que hoy impide un comportamiento más dinámico de la inversión, el empleo y, por tanto, el crecimiento económico", concluye Cárdenas.

El gobierno debe apurar la presentación de la reforma estructural. Y tendría razones para hacerlo. Aunque tiene costos, Fedesarrollo estima que los efectos indirectos de la reforma compensarían la pérdida de recaudo. "Estos efectos provendrían de mejores incentivos a la nueva inversión, mayor crecimiento económico (posiblemente de 0,5 puntos porcentuales del PIB anual) y menor informalidad, que amplía la base tributaria". Un sistema tributario simple y con más contribuyentes también bajaría los costos de recolección y reduce las oportunidades de evasión, aspectos que tienen por fin un efecto positivo importante en el largo plazo.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?