| 11/24/2006 12:00:00 AM

¿La reforma adecuada?

El proyecto de reforma a los servicios públicos domiciliarios que hace curso en el Congreso ha generado polémica entre entidades regulatorias y empresas del sector. Análisis del proyecto.

El proyecto de acto legislativo que está promoviendo la senadora Alexandra Moreno Piraquive y que busca modificar el régimen constitucional de los servicios públicos domiciliarios, ha generado diversas reacciones entre las diferentes bancadas políticas y entre los agentes que toman parte en el sistema de los servicios públicos en el país. En el Congreso, la iniciativa cuenta con el respaldo de los liberales, del Polo Democrático y de unos pocos uribistas, quienes piensan que se favorecerá enormemente a los colombianos más pobres con la eliminación del cargo fijo de las facturas, la sujeción de las tarifas al IPC, la creación de una acción judicial especial de servicios públicos y la expedición de un estatuto de servicio públicos.

Sin embargo, para las empresas prestadoras del servicio y las entidades de regulación, el proyecto podría tener efectos perversos para la inversión privada en el sector y, por consiguiente, la consolidación del esquema de servicios públicos en el país. Además, su aplicación podría tener efectos contrarios a los objetivos de la iniciativa y las tarifas, en lugar de bajar, podrían aumentar significativamente, en especial en los estratos más bajos.

La iniciativa
El 17 de agosto, la Registraduría Nacional del Estado Civil avaló más de un millón y medio de firmas presentadas por la senadora Moreno Piraquive para radicar la iniciativa popular con la que propone reformar la Constitución. Según Moreno, la prestación de los servicios públicos es una función inherente a la función social del Estado y no un negocio, como ocurre actualmente.

Las empresas y los reguladores no tienen la misma opinión. Para Francisco Manjarrés, presidente de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, las empresas de servicios públicos no podrían trabajar, si no producen utilidades pues deben pagar deudas y remunerar el capital. "No puede negarse que la prestación de servicios públicos es un negocio sostenido que tiene unos clientes fijos; pero si generara una rentabilidad fuera de lo normal, ya tendríamos gran cantidad de privados en el país invirtiendo en el sector y esa no es la situación. En acueducto y alcantarillado, las empresas tienen una rentabilidad promedio entre el 6 y el 8% sobre los activos", dice.

Efectos perversos para la inversión en el sector
En servicios públicos, la inversión privada representa casi la mitad de la inversión total. En este sentido, Gustavo Galvis, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Andesco, asegura que modificar la Constitución para hacer reformas a la normatividad jurídica actual es inconveniente pues además de resultar en una camisa de fuerza para el gobierno en situaciones futuras de cambio, derogaría una legislación que ha contribuido a proveer mejores servicios a una mayor cantidad de colombianos y generaría incertidumbre en materia jurídica para los inversionistas privados.

Aunque estas inversiones han permitido avanzar enormemente en cobertura y eficiencia del servicio, el reto actual y futuro es aumentar estos dos factores especialmente en el sector rural y garantizar la sostenibilidad técnica operativa y financiera del servicio. "Cuando uno ve tantas iniciativas en el Congreso que van encaminadas a reformar el régimen actual, hay que reconocer que falta algo pero la vía correcta no es la reforma constitucional, eso hay que dejárselo a los reguladores", asegura Francisco Manjarrés.

Para continuar con la consolidación del sector, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se necesitan alrededor de $107,3 billones, de los cuales el sector privado deberá aportar alrededor de $75,2 billones en los próximos años. Por tanto, si las reglas del juego son desfavorables e inestables para los inversionistas, el Estado tendría que entrar a asumir estos costos para lo cual "se requerirían prácticamente 40 reformas tributarias durante los próximos 13 años", asegura el presidente de Andesco.

¿Bajarían las tarifas?
Apoyada, entre otros, en el salvamento de voto que hizo el magistrado Humberto Sierra Porto en la sentencia 353 de 2006 de la Corte Constitucional, en el que se asegura que no hay forma de verificar que el cargo fijo que cobran las empresas de servicios públicos se emplee en el mejoramiento, la extensión y solidaridad del servicio, Moreno Piraquive asegura que muchas de ellas utilizan ese cargo para pagar salarios y cargas prestacionales.

Los ponentes del proyecto aseguran que la eliminación del cargo fijo beneficiaría a más del 70% de la población colombiana, incluso los estratos 5 y 6 —que dejarían de subsidiar los cargos fijos de los estratos 1, 2 y 3—, para los cuales habría una disminución de casi $6.000 en la factura. Para este segmento de la población es una rebaja significativa. Algo distinto piensan los reguladores. Eva María Uribe, superintendente de Servicios Públicos, asegura que si se elimina el cargo fijo pasaría a ser cobrado en el consumo con lo que las más perjudicadas serían estas familias de estratos bajos.

"El cargo fijo tiene varios errores de apreciación", asegura el director de la CRA. Se le ha acusado de ser un impuesto, un invento de las comisiones de regulación para remunerar la inversión de los privados, entre otros. Sin embargo, el cargo fijo es un elemento que está asociado al servicio pues a pesar de que las personas dejen de consumir por un tiempo agua o electricidad, las empresas incurren en costos que parecen ocultos pero que garantizan la preservación del servicio, como el mantenimiento de las redes o la lectura de contadores. En este sentido, si se elimina, algunas empresas entrarían a trabajar con pérdidas, situación a la que muy seguramente no está dispuesta a exponerse ninguna de ellas.

Efecto de los cambios
Los promotores de la iniciativa afirman que los usuarios pagan un porcentaje en la factura para mantener a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, una entidad que no está cumpliendo su función de defender los derechos e intereses de los ciudadanos. "Sus funcionarios no atienden adecuadamente a los usuarios y cuando lo hacen, las respuestas son repetitivas y adaptadas a formatos previamente elaborados. Además, la mayoría de los fallos que emiten no soluciona el problema del usuario, por eso se crea la acción judicial especial", asegura la senadora del Movimiento MIRA.

Camilo Quintero, director de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, y el presidente de Andesco, coinciden al afirmar que esta nueva figura desdibujaría la totalidad del andamiaje establecido para la defensa del usuario y congestionaría aún más los estrados judiciales. Incluso, Colombia es especialmente atractiva a los privados pues posee un esquema de regulación en servicios públicos que sirve de ejemplo para muchos países de Latinoamérica.

Con las limitaciones que implica ser una entidad del sector central y tener presencia activa en algunas regiones, la Superintendencia ha realizado muy bien su labor, sostiene Francisco Manjarrés. Ha hecho un gran esfuerzo en capacitación de vocales de control, en la divulgación de los formatos de reclamo y queja en su página web y en agilizar los procesos de respuesta.

En materia de servicios públicos realmente queda mucho por hacer en el país. El Estado y el sector privado deben trabajar por ampliar la cobertura y suministrar servicios de mejor calidad para una población que paga una tarifa por estos derechos. En ese sentido, las reformas hay que hacerlas, pero estas necesitan un previo estudio profundo y concienzudo de la situación del sector para realizar los cambios más adecuados.
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