La nueva protección social

| 9/6/2002 12:00:00 AM

La nueva protección social

La reforma laboral y la pensional podrían hacer que el país recobre su viabilidad fiscal y social. El Congreso tiene la palabra.

Los proyectos de ley de las reformas laboral y pensional presentados por el ministro de Salud y de Trabajo, Juan Luis Londoño, tienen varias características que los hacen diferentes a los que se venían planteando en los últimos años. Por una parte, no se trata de dos propuestas aparte sino que están articuladas, de modo que el conjunto crea un nuevo marco para la protección social en Colombia. Por otra, la fórmula busca distribuir los costos y los beneficios entre trabajadores y empleadores, de modo que por cada beneficio que alguno de ellos recibe, debe hacer algún sacrificio. Si bien es cierto que la presión del desempleo y el déficit pensional son importantes factores que motivan el esfuerzo, aquí se ve un propósito de encontrar un nuevo equilibrio en la sociedad, un nuevo contrato social que beneficie un porcentaje más alto de la población.



Definitivamente, se necesita más equilibro. En Colombia solamente el 19% de la población en edad de trabajar tiene contrato firmado a término indefinido. El resto forma parte de la masa de desempleados, subempleados, trabajadores informales, temporales y otros que están por fuera de la supuesta protección que brinda el contrato de trabajo. Así, el contrato se ha devuelto contra quienes pretendía beneficiar. Sus consecuencias son tan onerosas que las empresas prefieren acudir a cualquier recurso, o simplemente no producir, con tal de no asumir la carga.



El debate promete ser intenso y arduo. Los proyectos cuentan con mensaje de urgencia por parte del gobierno, lo que significa que las comisiones VII de Senado y Cámara sesionarán de manera conjunta para discutirlas y tramitarlas y las leyes podrían estar aprobadas al finalizar este semestre. El Congreso tiene nuevamente en sus manos una enorme responsabilidad.



Aquí estamos



En Colombia, la protección del trabajador recae de manera excesiva en el contrato de trabajo. Pero la experiencia internacional señala que a medida que los países se desarrollan, la protección dada por el contrato tiende a reducirse al tiempo que crece la seguridad que brinda el sistema de protección social (ver gráfica). Si la flexibilización laboral no ocurre, el mercado laboral tiende a informalizarse y los beneficios de contar con un trabajo son apropiados de manera creciente por una minoría privilegiada.



El sistema de protección social en Colombia está atrasado en cerca de 25 años. La informalidad en el mercado urbano alcanza un 61% y abarca casi la totalidad de la población de las áreas rurales. Y estos empleos son de menor calidad, tienen una menor remuneración y no cuentan con ningún tipo de protección social.



La experiencia española es ilustrativa de los alcances que podría tener una reforma laboral en el caso colombiano. Dinero entrevistó al ex ministro de Trabajo de España, Manuel Pimentel, que orquestó una reducción del desempleo del 22% al 12% en tan solo cinco años (página 78). La problemática era similar a la colombiana a mediados de la década pasada: un desempleo elevado, alta informalidad, excesiva rigidez en la contratación y elevadas indemnizaciones en caso de despido. España logró adaptar sus normas a la nueva realidad económica, fomentando el empleo temporal y reduciendo la protección en el contrato para reducir la incidencia del flagelo del desempleo. Las medidas contaron con el visto bueno de los sindicatos, pues siempre se respetó el criterio de aumentar la protección social.



La reforma del gobierno de Alvaro Uribe va en esta dirección, aunque es un poco tímida respecto al tema del empleo temporal. La reforma pretende facilitar la contratación de trabajadores para generar 160.000 nuevos empleos cada año y otros miles más cuando la economía repunte (ver recuadro). Al mismo tiempo, el cambio propuesto introduce nuevas dimensiones para proteger a los desempleados y otros grupos menos favorecidos en momentos de crisis.



La urgencia de la reforma es evidente, pues el desempleo crece en forma alarmante. Según el DNP, cada año hay cerca de 370.000 nuevas personas capacitadas para trabajar. Para mantener el nivel de desempleo actual, de 15,6% nacional y 18,3% en las 13 principales ciudades, se debe crear por lo menos este número de puestos de trabajo cada año.



Lo revolucionario



Por primera vez en el país, se está planteando un sistema integral de protección social para mitigar los efectos de los riesgos laborales y sociales. Este sistema tiene una gran diversidad de dimensiones y componentes y es la contraprestación necesaria para acompañar la flexibilización del mercado laboral:



Crea el seguro de desempleo. Se propone la creación de un fondo común con un porcentaje de las cesantías aportadas (que no podrán ser retiradas) para que los aportantes al sistema que pierdan su empleo puedan recibir medio salario por seis meses.

Aumenta la capacitación y crea un sistema de información. Se quiere reorientar un porcentaje adicional de los aportes patronales al Sena (pasaría de 2% a 3%) para que esta entidad capacite desempleados en nuevos oficios que les permitan conseguir un empleo y también se pueda instaurar un sistema de información de desempleados.

Consolida de la Red de Apoyo Social (RAS). Con 0,5% del PIB, se dará continuidad a los programas de capacitación a jóvenes, empleo de mano de obra no calificada en obras de infraestructura y subsidios alimentarios condicionados a la retención de niños y jóvenes del nivel Sisben 1 en el sistema escolar.

Incentiva el empleo mediante subsidios directos. Con un crédito de la banca multilateral por US$100 millones, se dará un subsidio focalizado a los empresarios para aliviar costos y que puedan contratar nueva mano de obra. El Ministerio de Salud y Trabajo estima que generaría cerca de 200.000 empleos al año.

Moderniza las cajas de compensación. Quiere potenciar las diferentes actividades de las cajas en áreas de mercadeo, microcrédito, educación, recreación, seguridad social, entre otras.

Amplía la cobertura y la equidad en materia de seguridad social. Con el proyecto de reforma al sistema público de pensiones, el cual --además de estar desfinanciado-- cubre apenas un 20% de la población en edad de trabajar, los subsidios estatales se restringen a la garantía de pensión mínima y a proteger a los ancianos indigentes. Además, propende por el aumento en la cobertura del sistema.

La reforma pensional, por su parte, corrige el pasivo del sistema público, estimado en 206% del PIB a valor presente, al cambiar una serie de parámetros del sistema y también al mejorar la equidad, modificando los llamados regímenes exceptuados (ver recuadro).



El proyecto de reforma pensional de este gobierno podría reducir el déficit pensional en 70% del PIB. En contraste, el proyecto de la administración Pastrana lo bajaba en apenas 35% del PIB y generaba distorsiones de competencia entre el régimen privado y el público.



De todas formas, el país tendrá que realizar una reforma constitucional para atacar el problema de los regímenes especiales. De esta manera, la reforma atajaría la inviabilidad del sistema público de pensiones y eliminaría las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado.



La reforma laboral y pensional presentadas al Congreso por el gobierno Uribe introducen cambios de fondo al sistema de protección y seguridad social y allanan el camino para que el país recupere sus posibilidades de crecimiento. El momento es crucial.
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