| 10/1/2004 12:00:00 AM

La letra menuda del tratado

Colombia debe negociar con firmeza, para que el TLC con Estados Unidos mencione la declaración de Doha sobre Salud Pública.

Colombia tiene un gran reto al negociar el capítulo de derechos de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC). Este es uno de los temas en los que Estados Unidos será más agresivo; los colombianos deben ser firmes, en especial, en los temas que afectan la salud pública. Particularmente, la protección de los derechos de propiedad intelectual puede aumentar el precio de los medicamentos y limitar su acceso a la población.

Pedro Roffe, del Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible, considera que se debe luchar por que, en el tratado, la protección de los derechos de propiedad intelectual no impida tomar medidas para proteger la salud pública. Una precaución importante es hacer mención en el texto del TLC a la Declaración de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de Doha, Qatar, sobre la Salud Pública y los ADPIC (ver recuadro) el 4 de noviembre de 2001. Esta declaración es importante, pues reitera las flexibilidades del marco regulatorio de los derechos de propiedad intelectual en el mundo (ADPIC) para permitir el acceso a medicamentos.



Antecedentes de Doha

Estados Unidos ha sido asiduo defensor de los derechos de propiedad intelectual, tanto en su territorio como en el mundo. Tradicionalmente, su interés ha sido aumentar la protección de estos derechos en los diferentes países.

Dos casos, uno en Brasil y otro en Sudáfrica, muestran la insistencia de Estados Unidos en el tema y motivaron la declaración de Doha en salud pública, como respuesta de los países del tercer mundo a este tipo de conflictos con Estados Unidos. Con esta declaración, los países menos desarrollados lograron afirmar la posibilidad de utilizar varias flexibilidades en la regulación mundial, para proteger sus sistemas de salud.

El caso de Sudáfrica ocurrió en 1997 cuando, en medio de difíciles problemas de salud pública, el gobierno introdujo disposiciones en su legislación que permitían disminuir el precio de los medicamentos (en especial las importaciones paralelas y las licencias obligatorias, ver recuadro).

El gobierno de Estados Unidos interpretó esta medida como una violación de los derechos de patentes, y anotó a Sudáfrica en una lista de países en "observación", en riesgo de recibir sanciones comerciales.

Esto desató la furia de varios activistas, en plena campaña presidencial del entonces vicepresidente Al Gore. Finalmente, en medio del forcejeo político, esta disputa se apaciguó en 1998 con un acuerdo político entre los dos países. El meollo de esta discusión era el acceso a medicamentos a menores precios, mediante la implementación de las flexibilidades del acuerdo ADPIC; este mismo fue el caso en Brasil, cuando Estados Unidos lo demandó frente al sistema de solución de conflictos de la OMC, por su forma de implementar el ADPIC. La legislación de Brasil autorizaba las licencias obligatorias y de importaciones paralelas, de un modo con el que Estados Unidos no estaba de acuerdo. Esta demanda fue retirada, pero los conflictos se hacían cada vez más palpables.

Tras esto, los países en desarrollo lograron en 2001 la negociación de la Declaración de Doha sobre la Salud Pública, lo que les dio un mayor poder de negociación a los países desfavorecidos para proteger el acceso de sus poblaciones a los medicamentos.



La mención a Doha en el TLC

Es muy difícil conseguir que Estados Unidos mencione esta declaración en sus tratados. Los centroamericanos no lo lograron. Chile sí lo logró, pero algunos expertos argumentan que hay lugar a ambigüedades pues algunas de las disposiciones sustantivas del tratado no están en concordancia con Doha.

La mención es importante, pues aclara que los países menos desarrollados pueden utilizar plenamente las herramientas jurídicas del ADPIC para proteger sus sistemas de salud pública en conflictos con Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, una de las aspiraciones de los estadounidenses es avanzar en el establecimiento de una legislación fuerte sobre propiedad intelectual, que termina limitando el uso de los mecanismos para reducir el precio de medicamentos. Si bien con Doha se reitera que su uso está permitido, los acuerdos bilaterales pueden limitar estos derechos. Es decir, un país podría prohibir las licencias obligatorias. Esto no lo haría incumplir el ADPIC, pero sí limitaría sus posibilidades.

Los estadounidenses buscan que los países adopten este tipo de legislaciones. Entre otras cosas, pretenden extender la protección de los derechos de propiedad industrial, incluyendo al sector farmacéutico, y restringir las licencias obligatorias, según el Ministerio de Comercio de Colombia. Por ello, decidieron adoptar una estrategia de negociaciones bilaterales que les permite tener mayor poder de negociación que las multilaterales.

Pero Colombia no debe limitar su capacidad de disminuir el precio de algunos medicamentos, pues esto afectaría el acceso de la población al sistema de salud. Colombia puede y debe ser muy firme en estos puntos. Como ha insistido Germán Velásquez, encargado de medicamentos esenciales en la OMS, la salud pública no debe verse afectada por la protección de los derechos de propiedad intelectual y se debe buscar la mayor claridad en el tratado, para que no dé lugar a la incertidumbre y a la interpretación.

Con seguridad, este seguirá siendo uno de los puntos difíciles en la negociación. Por eso, es importante discutir estos temas sin afán ni presiones; las fallas de los centroamericanos se deben a que trataron estos temas de prisa, hacia el final de la negociación; los colombianos parecen estar avanzando mejor en ellos, al proponer un texto diferente al de los estadounidenses (cosa que no hicieron Chile ni los centroamericanos), lo cual nos da una mayor firmeza ante la intimidante capacidad negociadora de los anglosajones.

Jorge Humberto Botero, ministro de comercio, debe cumplir su promesa de negociar el acuerdo hasta que sea satisfactorio y con sus declaraciones del 22 de septiembre, según las cuales Colombia está a la defensiva en el tema de propiedad intelectual, aunque su margen de maniobra es muy pequeño, "cercano a cero y Estados Unidos lo sabe".
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