| 9/1/2006 12:00:00 AM

Jueces con todos los yerros

Fallos de jueces, la mayoría de ellos abiertamente ilegales, están permitiendo un enorme saqueo de dinero que los departamentos y municipios deberían dedicar a la educación y la salud. ¿Quiénes lo hacen? Los jueces son los verdaderos ordenadores del gasto público.

Una red de jueces, en complicidad con particulares, está permitiendo que se lleven de manera irregular cerca de $100.000 millones de los presupuestos de los municipios y los departamentos. Con órdenes judiciales, desde hace meses, se embargan las cuentas en las que se giran las transferencias de la Nación para educación y salud y los ingresos de impuestos de consumo a la cerveza y al tabaco y esos dineros van a dar a manos de grupos privados.

Es una situación muy grave. En el mejor de los casos, convierten a la rama judicial en el ordenador de gasto público de facto. "Los jueces han ayudado a cambiar la destinación de los recursos públicos. De pronto sin saberlo", dice Ana Lucía Villa, que encabeza la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. En el peor, grupos enteros de particulares están dedicados a llevarse las rentas del Sistema General de Participación, que son el 46% de los ingresos totales de los departamentos.

"La mayoría de los embargos judiciales a las transferencias obedece a casos de corrupción. Se hacen acuerdos entre jueces, alcaldes y otras personas. Es una locura", le dijo a Dinero Francisco Santos, vicepresidente de la República. Los fallos de los jueces de menor rango están abriendo un boquete en las finanzas territoriales y en muchos casos facilitan la operación de oscuras redes de corrupción.



El método

La forma en que se está desangrando a los departamentos y los municipios es casi siempre la misma. Grupos de personas demandan o tutelan a las entidades territoriales y los jueces embargan los recursos de educación y salud y otras rentas que por mandato constitucional tienen destinación específica (régimen subsidiado, Fosyga, Etesa y regalías directas), así como los acuerdos de pago de la Ley 550 de 1999.

Son tramas elaboradas. "Consiguen un enfermo de sida y lo involucran en la acreencia", explica el tesorero de uno de los municipios afectados por el desvío de fondos.

En Barranquilla, un juez condenó al municipio a pagar con recursos corrientes, una indemnización por el despido de personas que supuestamente laboraban en el Concejo y la Personería. "Estos recursos son inembargables porque la ciudad estaba en Ley 550", explica Ana Lucía Villa. Posteriormente se supo que algunos de los demandantes ni siquiera trabajaban en esas dependencias.

Los casos son muchos. En Bolívar, que también estaba en Ley 550, se inició en 2000, un proceso en el que un grupo de pensionados demandó al departamento para que cubriera unos reajustes pensionales. El juez ordenó a la cervecería local entregar el 30% del recaudo por el consumo a la cerveza para cubrir este rubro. El embargo se inició, incluso sin que hubiera títulos ejecutivos para respaldar las pretensiones de los pensionados. El proceso tampoco establecía una cuantía máxima de pago, de modo que el 30% del impuesto se entregaba para este propósito sin monto límite. Pero lo peor es que nadie sabe dónde quedó el dinero. Entre 2000 y 2006, se embargaron cerca de $60.000 millones, que nunca debieron haberse tocado. Cuando finalmente se inició un proceso para devolver el dinero al departamento, lograron recuperar cerca de $30.000 millones. Sobre el paradero del resto de esos recursos no hay ninguna claridad. "No se sabe a quién se le entregó", señaló un funcionario del departamento.

En el Chocó, que es el único departamento financieramente insostenible del país, los jueces embargaron una cuenta del Sistema General de Participación para educación por una cuantía de $15.000 millones y $6.000 millones adicionales del impuesto al consumo de cerveza. Hasta ahora, $2.000 millones han ido a parar a manos de los diputados de la Asamblea Departamental como indemnización por demoras en los pagos de sus sueldos y sus prestaciones.

"En el Chocó, y esto lo sabe todo el mundo, al Palacio de Justicia le dicen el Palacio de la Moneda, por la cantidad de dinero que son capaces de mover hacia los particulares", dijo un habitante del departamento consultado por Dinero.

En otras ocasiones, las decisiones de los jueces invalidan acuerdos de pago de pasivos, que son ley entre las partes. Esto ocurrió en Cereté (Córdoba), que votó un acuerdo de pasivos en el marco de la Ley 550 y un controvertido fallo judicial aceptó una tutela para dejar sin validez el acuerdo.

Pero las técnicas para cambiar la orientación del gasto o para defraudar a los entes territoriales se usan en todas partes del país. En Amazonas está lista una demanda que supera los $50.000 millones contra el departamento.

Soluciones lentas

Por ahora no hay solución a la vista para ninguno de los dos problemas. Ni para la reorientación del gasto público local, ni para detener la ola de asaltos fraudulentos a las cuentas de educación y salud.

"Hemos tocado todas las puertas", señala Ana Lucía Villa. Sin embargo, la respuesta ha sido demasiado lenta. La Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura conocen los casos, pero han actuado muy despacio.

El gobierno prepara un acto legislativo que le permitiría reiterar el rango constitucional de la inembargabilidad de las cuentas de transferencias. Otros proponen intervenir las finanzas de los departamentos y los municipios para proteger el derecho de todos a la educación, la salud y el agua potable. Algunos contradictores del proyecto creen que esto sería un salto atrás en la descentralización y encuentran la propuesta inaceptable.

Planeación Nacional, por su parte, piensa que para preservar la descentralización, se debería exigir que la intervención estuviera precedida por una declaratoria de emergencia económica. Para muchos observadores, esta fórmula sería demasiado lenta y engorrosa.

Otros finalmente consideran que si la Fiscalía se empeña, encontraría fácilmente jueces que han prevaricado en estos procesos, es decir, que han embargado cuentas a sabiendas de que eran intocables. Consideran que la condena de algunos de ellos sería un escarmiento suficiente para que otros jueces no las emprendieran alegremente contra los recursos de la educación y la salud, que están como botín, dispuesto para quienes aprenden y usan los fallos para apropiárselos.
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