| 2/2/2007 12:00:00 AM

ISS ¿La solución definitiva?

La liquidación de la EPS del Instituto de Seguros Sociales (ISS) le costará al Estado alrededor de $1,4 billones. Sin embargo, está resolviendo la crisis de la entidad pública de salud más grande del país. La ARP y el régimen de prima media, que son administrados por esta entidad, también están en la lista de las reestructuraciones.

La creación de la entidad mixta que reemplazará a la EPS del ISS, es la primera de las soluciones que el gobierno ha diseñado para terminar con décadas de dificultades financieras, politiquería y atención ineficiente de una de las entidades más significativas del sector estatal. Sin embargo, todavía no se puede cantar victoria, pues en la lista de espera permanecen los pensionados del régimen de prima media, los pensionados del ISS, la administradora de riesgos profesionales y sus afiliados y los pacientes de alto costo.

Lo que queda del ISS

Durante los debates de la reforma a la Ley 100, algunos congresistas advirtieron al gobierno que la eventual revocatoria de la licencia de la EPS podría causar migración de los afiliados de la ARP y, al mismo tiempo, afectar el buen desempeño económico que ha tenido esa unidad de negocios. Para evitar esto, el gobierno tiene la intención de ceder a título oneroso a la Previsora Vida —que fue escogida por ser una entidad pública con experiencia en riesgos profesionales— los activos, pasivos y contratos de la ARP. Pero todavía hay mucho camino por recorrer.
 
 Una banca de inversión contratada por el ISS entregará el próximo mes el avalúo del negocio y será el Consejo Directivo de la entidad quien decidirá si este se realiza o no.

"Con esa venta se asegurarían recursos para pagar por unos meses el pasivo pensional del ISS y las deudas con los acreedores", asegura Diego Palacio, ministro de Protección Social. Como todavía no se sabe el monto de la transacción, tampoco se sabe cuánto tiempo se podrá cubrir el pago de estas pensiones. Lo que sí es seguro es que será el tiempo necesario para que el Ministerio de Hacienda abra un espacio en su presupuesto para pagarlas.
 
"La reforma a la Ley 100 aprobada en diciembre les prohíbe a las EPS utilizar la UPC para el pago de pensiones, no queda otra alternativa sino que la Nación se haga cargo de los $30.000 millones que cuestan mensualmente los trabajadores ya pensionados del Seguro Social", puntualiza el Ministro. Esta cifra, aunque significa un 0,1% del PIB anual, es compatible con el marco fiscal de mediano plazo de 2006.

En lo que a la administración del Régimen de Prima Media se refiere, el ISS seguirá a su cargo hasta cuando su reestructuración sea un hecho. Aunque ya es seguro que el gobierno incluirá los lineamientos de esta operación en el plan de desarrollo, por ser esta ley la de aprobación más inmediata —se presenta el 7 de febrero y queda lista el 7 de junio por aprobación del Congreso o por decreto presidencial—, el esquema todavía no está definido.
 
"Se está pensando en crear un sistema de administradores de pensiones sano, con un sistema de información limpio y confiable y con unas auditorías muy bien instituidas", asegura un funcionario del gobierno que interviene activamente en este proceso de reestructuración. Además, "otras entidades públicas que manejan el régimen de prima media, como Cajanal, Caprecom y el fondo de pensiones del Congreso, deberán ser liquidadas o reestructuradas", puntualiza.

¿La mejor alternativa para la EPS?

Luego de que en septiembre del año pasado la Superintendencia de Salud le abrió una investigación al ISS, el gobierno empezó a evaluar las alternativas que darían la solución definitiva a la crisis de la institución. Para los economistas, lo más sano era distribuir equitativamente todos los afiliados en diferentes EPS; sin embargo, esa opción dejaba al gobierno por fuera del mercado del aseguramiento y esto, según el Ministro de Protección Social, no era políticamente lo más conveniente.

Otras opciones, como vender la EPS a inversionistas internacionales o crear una nueva EPS pública, no tenían espacio político para implementarlas y la más viable, que consistía en comprar la EPS de Coomeva, al final, nunca pudo concretarse. De esta manera, en diciembre, el gobierno les propuso a las cajas de compensación familiar que tienen experiencia en el régimen contributivo —Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfandi y Comfenalco Valle y Antioquia— crear una EPS mixta, de la cual tendrían el 50% más una acción y a la que se trasladarán todos los afiliados de la EPS del ISS.
 
 La presencia estatal en la nueva entidad estará en manos de la Previsora Vida, la cual, por autorización del Conpes 3456 realizará las inversiones necesarias —que se estiman en $30.000 millones— para capitalizarla.

Aunque ya se escucharon algunas críticas que aseguran que la nueva entidad tiene que conservar su carácter estatal para regular el mercado, Néstor Rodríguez, presidente de Compensar, asegura que el hecho de tener el 50% más una acción de la nueva entidad transmite la idea de que se manejará con un criterio de transparencia y calidad. "Este porcentaje no significa que dejemos de estar regulados por la ley. A pesar de no estar operando, el Estado seguirá vigilando la utilización de los recursos que manejamos", anota Rodríguez.

La transición

Hay varios elementos que durante el período de transición, gobierno y cajas de compensación deberán manejar con mucha cautela para que la estrategia sea exitosa. La primera es el desmonte operativo. Un allegado al Seguro Social asegura que hay un gran desorden en las bases de datos de los afiliados a la EPS y hay que invertir dinero en su arreglo. Adicionalmente, hay otros detalles administrativos, como el cambio de formularios, que, aunque parecen insignificantes, se convierten en tareas complejas.

Por el lado de las cajas, Danilo Vega, presidente de Fedecajas, asegura que frente al nuevo esquema del ISS estas entidades deberán construir reglas claras para proteger los recursos que destinan al pago de los subsidios familiares y de vivienda de sus afiliados. "Las cajas de compensación tendrán que administrar al mismo tiempo la EPS mixta que reemplaza al ISS y sus propias EPS, por lo que se pueden presentar conflictos de interés", dice Vega.

Por último, la distribución de los pacientes de alto costo deberá ser equitativa antes de que se haga el traslado de todos los afiliados a la nueva EPS. En este mismo sentido, el Consejo Nacional de Seguridad Social evaluará en los próximos 2 meses una modificación a la UPC que se paga por estos pacientes, para evitar el desequilibrio financiero en la EPS mixta.

El gobierno parece haberle encontrado una solución definitiva a una institución que nunca tuvo mentalidad de empresa. Además se cumplen varios objetivos: mantener una participación estatal importante en el sector y elevar los niveles de calidad en los servicios de salud que se prestan a 3 millones de colombianos.
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